No se puede suponer ante esa realidad que a base de prohibiciones como la de la ley oaxaqueña se solucione o al menos se atenúe un problema ancestral tan grave y complejo. Foto: Cuartoscuro.

Entre broma y no, hace unos días le pregunté a un querido colega oaxaqueño si la recién aprobada ley que prohíbe la venta de comida chatarra a menores en su estado se refiere a la tlayuda con asiento, las empanadas de amarillo, las garnachitas itsmeñas, el pan de yema con chocolate, los mamones, el nicuatole, las nieves de leche quemada de La Soledad o alguna otra de las delicias de la gastronomía de Oaxaca.

Más allá de la ocurrencia, la alusión tiene sentido.

Pienso que la mentada ley, en uno de los estados más pobres del país y con altos índices de informalidad, resulta demagógica y engañosa. Es una farsa suponer que prohibir que los niños puedan adquirir los llamados productos chatarra y bebidas azucaradas es una solución mágica al gravísimo problema del sobre peso y la obesidad infantil, que en México padecen 3.6 de cada diez niños menores de 12 años. Ojalá fuera tan fácil.

Además de que los niños oaxaqueños, como los de cualquier otra entidad de la República, tienen a su alcance una multitud de golosinas callejeras azucaradas y sin marca, la supuesta prohibición que se refiere obviamente a las tiendas establecidas y los supermercados donde se expanden panecillos, frituras y refrescos, queda anulada con el hecho de que la madre, el padre o cualquier adulto haga las compras y las lleva a casa.

Especialistas de diversas latitudes, y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), han coincidido en que los problemas de sobrepeso y obesidad, que en efecto derivan en enfermedades tan graves y extendidas como la diabetes, obedece a una variedad de factores, entre los que se encuentra la ingesta excesiva de alimentos procesados ricos de azúcares y grasas.

Por razones culturales o económicas, la dieta del mexicano no es precisamente un ejemplo a seguir en ese sentido. El sobado caso de la torta de tamal o el de las fritangas callejeras no son por cierto los únicos elementos nocivos para la salud. La comida mexicana casera, tradicional, incluye un exceso de carbohidratos, grasas y azúcares que favorecen la obesidad, como se ha comprobado en estudios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMSZ).

No se puede suponer ante esa realidad que a base de prohibiciones como la de la ley oaxaqueña se solucione o al menos se atenúe un problema ancestral tan grave y complejo. Esa medida tiene sin duda un sentido y un atractivo de índole política que no pocos están ya pensando en capitalizar.

Además de nuestro fallido zar anti COVID-19, que festinó la reforma aprobada en el Congreso de Oaxaca como una victoria personal, hay ocho entidades donde los gobernadores o diputados plantean ya legislar en ese sentido: Colima, Guanajuato, Morelos, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Ciudad de México. Y hasta un Senador panista, Raúl Paz Alonzo, presentó una iniciativa para prohibir en todo el país la venta a menores de edad de alimentos empaquetados con alto contenido calórico y de bebidas azucaradas.

Renuente como soy a las prohibiciones, en este caso me parece además que la educación y la información  adecuada y oportuna pueden dar más y mejores resultados que tratar de impedir mediante disposiciones legales coercitivas un consumo que en los hechos es inevitable. Dar la información adecuada, en cambio, permitirá a los padres de familia optar libre pero conscientemente por adquirir o no determinados productos.

Un tema básico en ese sentido es el de las reformas a la Norma Oficial Mexicana (NOM) para la imposición del nuevo etiquetado frontal para todos los productos alimenticios, a base de octágonos negros en los que se advierta al consumidor del exceso de grasas, azúcar, sodio y calorías en esos productos, lo que he reiteradamente apoyado en este espacio.

La adopción de esa medida encontró por supuesto fuertes resistencias por parte de la industria alimentaria, particularmente los fabricantes de pastelitos, golosinas y refrescos, que contaron con el apoyo evidente del jefe de la Oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo Garza. No obstante, gracias al tesón admirable de sus promotores, se logró el consenso necesario en el Congreso para aprobar la legislación respectiva, que entraría en vigor el próximo mes de octubre.

Y aunque hay inclusive algunos fabricantes que se han adelantado a esa fecha e incorporan ya los octágonos de advertencia en los empaques de sus productos (incluida la Coca Cola), resulta que ahora surgen presiones internacionales para que el Gobierno mexicano posponga la entrada de operación de esa medida. Según un documento de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, sedes de algunas de las mayores empresas de alimentos del mundo, piden a México que retrase la obligatoriedad de esas advertencias sanitarias sobre alimentos y bebidas procesados. Estados Unidos y la Unión Europea piden un periodo de transición de dos años, en tanto Canadá sugiere un retraso de “cuando menos 12 meses”. Y Suiza a su vez advierte que los cambios en los requisitos de etiquetado sumarán dificultades “en un momento en que los productores, importadores y minoristas están tratando de asegurar el suministro ininterrumpido de alimentos y bebidas al mercado mexicano”.

Las presiones de esas naciones y de los grandes intereses económicos que defienden pueden ser consideradas, por supuesto; pero sería lamentable que nuestro país cediera ante ellas y postergara una medida trascendente, esa sí, para la salud de los mexicanos. Y mientras tanto se prohíba, como la Ley Tlayuda, que los niños puedan comprar sus chuchulucos en la tiendita de la esquina. Válgame.

@fopinchetti