PROMO-CASO-NARVARTE

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).— El pasado 30 de agosto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, anunció la detención de Abraham Torres Tranquilino, un ex policía de 24 años y quien presuntamente estuvo involucrado en el asesinato de cinco personas en un departamento de la capitalina colonia Narvarte.

El anuncio del Procurador ocurrió no sólo en un día domingo –mismo en el que, aseguró, se había hecho la detención–, sino justo en la víspera de que se cumpliera un mes del multihomicidio, entre cuyas víctimas estaban el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, quienes habían denunciado la violencia que el Gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, ejercía en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.

Hasta ese domingo sólo había sido detenido por el caso un hombre llamado Daniel Pacheco Gutiérrez, pero las semanas habían transcurrido en medio de filtraciones a algunos medios de comunicación de fotografías explícitas del crimen y detalles como que en los cuerpos habían encontrado restos de mariguana o cocaína, y críticas a la PGJDF por la forma en que ha realizado la investigación y por tratar de apuntalar el crimen sólo a un supuesto robo o a una supuesta relación de una de las víctimas (Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana) con la venta de droga.

La detención de Torres Tranquilino no hizo sino sumar a esa última hipótesis que la Procuraduría capitalina ha alimentado mediante filtraciones y declaraciones que no necesariamente corresponden con los datos contenidos en el expediente de la investigación, como han expuesto los abogados coadyuvantes del caso Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez.

Y es que el pasado 2 de septiembre, los diarios El Universal y Reforma publicaron que en su declaración preparatoria Torres Tranquilino dijo que un tercer involucrado en el caso, a quien identificó como Omar, pertenecía a Los Zetas y que habría acudido al departamento de la Narvarte a robar un cargamento de cocaína que supuestamente tendría Virginia Martin.

La detención de un presunto implicado en un caso altamente mediático precisamente en una fecha simbólica no ha ocurrido únicamente con el multihomicidio de la colonia Narvarte. En los años recientes han ocurrido episodios similares en casos que, en su momento, han merecido la atención pública: el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora; el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, en el que murió un menor de 12 años por el impacto de una bala de goma disparada por un policía, y la ejecución extrajudicial de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, por parte de militares.

Se trata de acciones con un efecto más mediático que de real eficiencia en el sistema de impartición de justicia, de acuerdo con Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

“Son demasiadas casualidades, en el sentido de que siempre que se acerca algo significativo, simbólico, por decirlo de alguna manera, siempre la autoridad sale y dice algo que viene de alguna manera a distraer la atención, o que viene a reposicionar el caso”, afirmó Barrón Cruz.

El especialista refirió que no se trata de algo nuevo, sino más bien una estrategia recurrente que, pese a usarse constantemente, se niega como relacionada. “Es irrisorio porque sí ha sido la constante de las autoridades en realidad no es casual, es una práctica recurrente por parte de las autoridades”.

DUDOSAS COINCIDENCIAS

Elia Tamayo, madre del menor asesinado, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

Elia Tamayo, madre del menor asesinado José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, al cumplirse un año del enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y policías del Gobierno del panista Rafael Moreno Valle. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo.

El 4 de junio de 2014, justo un día antes de que se cumpliera un lustro del incendio de la Guardería ABC, que operaba en una bodega bajo el sistema de subrogación de estancias infantiles del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo al ex director de la Unidad Municipal de Protección Civil en Hermosillo, Sonora, Roberto Copado Gutiérrez.

Él era responsable de firmar los dictámenes para la operación de empresas como la Guardería ABC. Uno de los elementos que agravó la tragedia del incendio, que provocó la muerte de 49 nenes y heridas en decenas más, fue que el espacio donde estaba la guardería no tenía las condiciones necesarias para fungir como una estancia infantil.

Copado Gutiérrez había sido detenido el 19 de diciembre de 2009, acusado de homicidio y lesiones culposas. Sin embargo, fue liberado bajo caución, y luego se dio a la fuga.

Según refirió la PGR a medios de comunicación, la detención del ex funcionario se había realizado un día antes.

Entre el 17 y 18 de octubre del año pasado, en vísperas de que se cumplieran tres meses de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie –quien resultó herido en el cráneo el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, durante un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales, y murió 10 días después a causa de la lesión– fueron detenidos seis policías estatales, acusados de homicidio, lesiones y falsedad de declaraciones.

La detención de los policías era parte del cumplimiento a la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Gobierno de Puebla.

Sin embargo, los policías fueron liberados dos meses después, durante la víspera de Navidad, al resolverse que no habían falseado declaraciones ni causado lesiones con dolo. El cargo de homicidio persistió, pero los agentes fueron puestos en libertad.

Apenas el 14 de julio pasado –es decir, cinco días antes de cumplirse el primer aniversario de la muerte del menor– fue detenido el director general de la Policía Estatal de Puebla, Marco Antonio Estrada López. Sin embargo, no fue detenido por el caso Chalchihuapan sino por presuntos vínculos con el robo de combustible.

A principios de ese mes, también en coincidencia con el primer aniversario de la masacre de 22 personas en Tlatlaya a manos de miembros del Ejército, fueron detenidos cuatro policías ministeriales acusados de presuntamente haber torturado a tres mujeres que atestiguaron la ejecución extrajudicial de 21 hombres y una mujer el 30 de junio de 2014, a quienes en un principio el Ejército identificó como presuntos delincuentes.

Al día siguiente de cumplido un año de ese hecho, que fue descubierto gracias a una investigación periodística, el Gobierno mexiquense del priista Eruviel Ávila Villegas presumió la detención de los cuatro policías.

Sin embargo, los policías fueron liberados al día siguiente y sólo se les impusieron multas de 60 mil pesos.

DESCONFIANZA E INEFICACIA, VERDADEROS PROBLEMAS

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Para Pablo Monzalvo Pérez, académico del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana, si bien este tipo de casos evidencian su carácter político para dar la idea de que se está haciendo algo, no necesariamente tienen que ser vistos con malos ojos, pues siempre es positivo que se avance en la resolución de los crímenes.

Para él, lo que debería verse es que esa eficacia que parecen dar las autoridades ocurra en todos los casos y no únicamente en aquellos coyunturales o mediáticamente relevantes.

El académico Pablo Javier Becerra Chávez, especialista en el sistema político mexicano, comentó: “Si es un tema político importante saldrá a la luz por más efectos mediáticos que se quieran”.

¿Se aprovechan las coyunturas?, se le pregunta.

Dice que sí, y que un hecho que podría opaca cualquier cosa sería una detención del tamaño de la de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, aunque es poco factible. Es decir que se requiere una gran nota para opaca la torpeza política del gobierno. Un impacto que podría causar también la detención de Humberto Moreira Valdés.

“El problema central es que el actual Gobierno federal no está dispuesto a entrar a ciertos terrenos en distintos casos…”. Por lo demás consideró que son más bien un manejo de notas sobre información o aprehensiones de delincuentes, pero no se puede opacar lo que caracteriza a los gobiernos, tanto federal como locales, pues en el caso de Narvarte involucraba a los gobiernos de Veracruz y Distrito Federal. Recordó la postura de Miguel Ángel Mancera Espinosa sobre la presencia del crimen organizado.

“En la medida en que los medios difundan información, los hechos reales se abren paso frente a los intentos de los gobiernos de ocultarlos”, afirmó. Barrón dijo que las malas decisiones de la PGJDF ha generado la desconfianza de los ciudadanos, pues ha sido la misma instancia la que se ha contrariado en sus declaraciones.

La investigación del caso Narvarte ha estado plagada de contradicciones de la propia PGJDF “y eso genera a la población una desconfianza, una certidumbre (sobre) qué es lo que realmente está haciendo la procuraduría…porque no tenemos certeza de qué están haciendo”.

Hay una falta de confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, insistió.

“¿Cómo vamos a hacer para restablecer la confianza entre las autoridades y el ciudadano cuando vemos que la propia autoridad se contradice y que no confiamos en lo que está haciendo. La única manera de restablecer la confianza del ciudadano con las autoridades es a partir de que el trabajo de las autoridades sea un trabajo lineal, que sea un trabajo eficiente, no eficaz”. Explicó que la eficacia se podría justificar con las detenciones, pero la eficiencia se muestra en la parte cualitativa, si los detenidos son en realidad culpables, cómo se llegó a imputarlos, hubo un trabajo de investigación depurado.

En México, expuso, la inmensa mayoría de los delitos, como un 80 por ciento son por flagrancia, 20 por dilación y sólo 5 por ciento por investigación.
Una investigación eficiente debe responder cómo sucedieron los hechos, por qué se dieron los hechos y quién fue el responsable.

“Son tres preguntas básicas que deben responder las procuradurías de justicia, no importa el nivel que tengan”, agregó.

–¿Las detenciones abonan a recuperar confianza de los ciudadanos?

–Más bien abonan a la desconfianza, porque precisamente no hay un trabajo, hay contradicciones incluso en las propias afirmaciones de la Procuraduría capitalina, en lugar de abonar en beneficio de la misma institución genera más incertidumbre. Imagínate, si ese es un caso relevante por toda la cobertura mediática, imagínate en un caso común, ¿qué sucederá? Eso genera más desconfianza ciudadana.