El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH) ha descubierto más que sólo la farsa de la “verdad histórica”.

Ya lo habían dicho especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): es imposible que en el basurero de Cocula se incineraran 43 cuerpos. Ahora se reconfirma.

Ya había informes sobre la presencia, en todo momento, de fuerzas federales (Policía Federal, inteligencia, Ejército) en Iguala y cercanías entre el 26 y 27 de septiembre. Queda reconfirmada con el trabajo de los expertos.

Ya había sospechas de que Jesús Murillo Karam había sacado con calzador la “verdad histórica”, acomodando evidencia, escondiendo alguna y abandonando otra, como sucedió con la ropa simplemente abandonada en anaqueles de Chilpancingo.

Ya se descubrió un quinto autobús que fue omitido en el informe de la PGR y que desapareció físicamente, quizás para siempre.

Pero no es sólo eso lo que abrió este informe preliminar del GIEI. También demostró que las instituciones mexicanas, manipuladas y contaminadas, no son suficientes por sí solas para acabar con la impunidad en este país. Así como hunde la “verdad histórica”, el reporte pone en evidencia la debilidad institucional. Hace ver que, en pleno siglo XXI, en México no hay un cuerpo confiable de servidores públicos que opere a favor de las víctimas. La justicia, queda ahora claro, está anclada a los intereses del momento.

El informe hace ver qué tan necesario es que, con ayuda de organismos internacionales, México camine hacia la recuperación de las instituciones que han servido para exculpar a los culpables y esconder la verdad. De la “casa blanca” a la Guardería ABC, pasando por el incendio del Casino Royale o la matanza de los 72 migrantes de San Fernando; de David Korenfeld al desmantelamiento de Pemex; de la sospechosa riqueza de César Duarte a los muertos de Javier Duarte; de la deuda de Humberto Moreira a Grupo Higa y OHL; de Tlatlaya a Apatzingán, pasando por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, es claro que, por sí mismas, las instituciones mexicanas no serán capaces llevar ante la justicia a los culpables y, todo lo contrario, los culpables estarán siempre en las mejores mesas.

El informe, creo, marca además una ruta para la sociedad civil: nos toca presionar, y presionar, y presionar hasta que el Estado mexicano acepte su imposibilidad para impartir la justicia. Nos toca presionar y presionar hasta que el Estado mexicano acepte una Comisión Internacional contra la Impunidad que revise un altero de expedientes donde las instituciones pulverizadas fueron incapaces de resolver a favor de la verdad.

El informe trae muchos descubrimientos sobre el caso Ayotzinapa y, a la vez, deja al desnudo al gobierno de México, a sus funcionarios, a los partidos políticos (casi todos cómplices de la descomposición) e instituciones que ya no dan más.

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Si Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray no cometieron actos de corrupción con las mansiones entregadas por Grupo Higa (aunque la constructora sea ampliamente beneficiada con préstamos y contratos de gobierno), ¿por qué entonces no se abrieron a una verdadera investigación, externa e independiente?

Si el Ejército mexicano no participó, de ninguna manera, en la desaparición de los estudiantes normalistas (aunque el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH hace ver que militares entran y salen en los distintos escenarios el 26 y 27 de septiembre pasado), ¿por qué no permitir que sea entrevistado el personal?

Si Banobras actuó conforme a la Ley otorgando un crédito de 2 mil 775 millones de pesos a Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, para la autopista privada Toluca-Naucalpan (y para la cual se expropiaron 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí San Francisco Xochicuautla, Estado de México), ¿por qué clasificar la información?

Si David Korenfeld, ex director de Conagua e invitado especial del Tercer Informe Presidencial, liquidó las supuestas sanciones que le aplicó el Gobierno de Peña por usar indebidamente uno o más helicópteros oficiales, ¿por qué habría de clasificarse como “reservado” ese pago, o las bitácoras completas de vuelos durante su gestión?

Si México no es una dictadura impuesta por una élite que simula una democracia mientras se reparte la riqueza nacional; si México no es un proyecto privado de unos cuantos abusones que roban y mienten y matan o desaparecen si es necesario para mantener su status quo; si este país no es el de unos cuantos a los que les pagamos, con nuestro bolsillo, hasta sus putas vacaciones en helicóptero oficial, ¿por qué entonces unos cuantos ocultan la información que corresponde a TODOS los mexicanos?

La respuesta es siempre la misma: porque en México es posible salirse con la suya, y eso no tiene consecuencia alguna.

Porque no existe un solo poder que no se rinda ante el poder de la élite: no hay organismos autónomos de vigilancia, se simula la transparencia con escenarios merengue e informes vacíos, y nadie dice nada.

Porque México ha sido reducido a un proyecto privado, dirigido por unos cuantos que se han impuesto sobre el interés de las mayorías.