La propaganda del presidente Andrés Manuel López Obrador, o al menos la intención de su narrativa diaria ante la inseguridad y la violencia en el país, tiene la intención de, a fuerza de palabras, minimizar los actos de terrorismo y acallar las estruendosas balas de la criminalidad organizada que, en el país, vulneran a la sociedad, prácticamente en las condiciones actuales, normalizar la violencia.

Como “propaganda” calificó el presidente de la República los bloqueos e incendios que entre el fin de semana del 12 y el 14 de agosto sucedieron en cinco municipios de Baja California, organizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. Unos 47 incendios de unidades de transporte urbano, de carga y vehículos, con la intención de mostrar el “poderío criminal” de la organización aun encabezada por Nemesio Ocegueda “El Mencho”.

Los actos de terrorismo del narcotráfico sucedieron en una acción orquestada en cinco estados de la República Mexicana, en los cuales el CJNG libra una sangrienta batalla contra el CDS (Cártel de Sinaloa). No fue una propaganda criminal. Fueron actos de violencia impunemente premeditados que en Estados como el de Chihuahua, cobraron inocentes vidas. No fue propaganda para “intentar” afectar al gobierno de la República, fue un enfrentamiento de fuerzas entre una organización criminal y otra. De manera impune, corrupta y violenta.

Pero al presidente de la República los actos de terror por parte de los cárteles de la droga en México, son evidente, ni están en sus temas prioritarios para combatirlos, ni le quitan el sueño, y actúa en consecuencia retórica para que esa escalada de violencia no le afecte en su popularidad. Se trata de “propaganda”, insiste.

El lunes 12 de agosto, criminales de poca monta metieron en un brete a los ciudadanos de Orizaba, Veracruz, cuando después de intentar un asalto y ser sujetos de una persecución por parte de policías locales, se pertrecharon en una zona residencial en el centro de la ciudad, y protagonizaron una balacera que, de acuerdo a los ciudadanos en zonas aledañas, duró más de dos horas. A la estampida policíaca se sumaron elementos de la Marina, de la Guardia Nacional y del Ejército.

Durante dos horas, residentes del centro de Orizaba fueron paralizados. Unos se echaron pecho en tierra ante las órdenes de militares para no ser blanco de alguna bala perdida, otros descendieron de sus automóviles que abandonaron en el conflicto vial para alejarse de la escena de la estruendosa balacera. Muchos, utilizando sus celulares inteligentes, videograbaron la escena.

En decenas de videos compartidos en redes sociales, se aprecia a madres corriendo con sus hijos del brazo, a jóvenes salir del Tecnológico en posición agachados en el miedo de ser alcanzados por una bala. Hombres que corren y alertan a otros transeúntes a hacer lo propio para alejarse de la zona que, ante tanto disparo y presencia de Fuerzas Armadas, transmite la sensación de estar en medio de una guerra.

El Ayuntamiento de Orizaba emitió una alerta roja e hizo un llamado a la ciudadanía a no salir de sus casas: “Fuerzas militares, policía estatal y municipal, realizan refuerzo conjunto durante la movilización que se registra en la ciudad. Por seguridad se le solicita a la ciudadanía orizabeña permanecer en su casa hasta nuevo aviso”, se leyó en la comunicación oficial.

Al final del enfrentamiento hubo un presunto delincuente muerto, tres detenidos y todas las corporaciones en alerta.

No se trató, como es evidente por los hechos y el contexto, de un acto de propaganda criminal fraguado por un cártel de la droga. Aunque Veracruz y sus municipios representan una zona tomada por narcotraficantes, particularmente del cártel Jalisco Nueva Generación, y en menor medida del cártel de Sinaloa, con liderazgos criminales en la región, lo del lunes 12 de septiembre, fue el acto de una banda de asaltantes, que, como muchas en el país, son auspiciadas por las mafias, y gozan de impunidad en la adquisición y portación de armas largas, con las que pretenden de manera impune, imponerse a la sociedad.

A pesar de las horas de terror evidenciadas por los ciudadanos de Orizaba a través de audios y videos, de la paralización de las actividades en la ciudad, al día siguiente en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió con su cantaleta: es propaganda.

Llamó a quienes compartieron los videos e imágenes de los orizabeños, “ruidosos, sensacionalistas, amarillistas”, para arremeter con un “afortunadamente no fue tan grave”. Obviando y olvidando que los presuntos criminales armados, paralizaron la ciudad por más de dos horas, que pudo haber inocentes afectados, que la sola imagen de la desolación y la criminal guerra, afectan la vida social y económica de la región. Pero para el presidente, fue “propaganda”, o la manera que ha encontrado para normalizar la violencia, minimizar la inseguridad y posicionarse con su narrativa por encima de la falta de acciones de prevención para la seguridad.

Continuó en su discurso: “…desde luego deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes, porque hubo una transmisión en vivo, y nuestros adversarios pues ya saben se dan gusto”. ¿Quién se da gusto con la inseguridad y la violencia en Veracruz, o en Baja California, o en Chihuahua, Tamaulipas y otros Estados?

El presidente llama “propaganda” al hecho de resaltar, en redes sociales, en medios de comunicación, en portales, la realidad violenta del país, producto de la ausencia de una política integral, directa y con inteligencia por parte de su gobierno y de la fiscalía general de la República, para que bloqueos como los ocurridos en Baja California a partir del 12 de agosto, o la balacera de más de dos horas en Orizaba, Veracruz, el 12 de septiembre, no sucedan. O se contengan a tiempo. Pero no hay estrategia de contención más allá de la “disuasiva” presencia de la Guardia Nacional que no impide que actos violentos se lleven a cabo, con la premisa simplona de “abrazos, no balazos”.

Al tiempo que se reportaba lo sucedido en Orizaba, el 13 de septiembre, un día después, en un noticiero de Milenio daban cuenta de cómo en un poblado de Guerrero, de nombre Zirándaro, en una procesión religiosa a San Nicolás de Tolentino por la mata del maíz, se unieron, ordenadamente, convoyes del cártel Jalisco Nueva Generación, que marcharon montados en pick ups de último modelo, con uniformes del grupo criminal y portando armas largas, entre ellos Barret .50, un fusil semiautomático de largo alcance, arma conocida en el mundo criminal como “mata policías”, que tira 70 balas por minuto y tiene un alcance de 2 mil 500 metros.

Una vez más, la procesión criminal fue videograba por ciudadanos que se encontraban en el poblado de Zirándaro, participando de la procesión religiosa para pedir por la siembra del maíz, ante la silente expectación de las autoridades locales y la ausencia de las federales.

Podrá decir el presidente otra vez, que se trata de “propaganda”, pero no, se trata de impunidad, corrupción e ineficacia para enfrentar a la criminalidad organizada que tiene tomados municipios y estados, a fuerza de sangre y balas, por más que López Obrador pretenda normalizar la violencia con su discurso repetido, esa es la terrible realidad: los ciudadanos están a merced de los grupos armados que se manifiesta rampante por todo México ante una postura de Estado que abraza al crimen.

Adela Navarro Bello

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