El anuncio de los cambios que se implementarán en el edificio sede del Instituto Nacional Electoral (INE) y que costarán mil 100 millones de pesos, no puede llegar en peor momento. Al país, sumido en una crisis económica, social y política, derivada de los abusos y la corrupción de funcionarios públicos de todos niveles, esta noticia le cae como un gancho al hígado y, lo más lamentable, es que otra vez sea el INE el protagonista de una acción que abona a la desconfianza social que no ha podido rescatar en su nueva época.

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, afirma que esa “inversión”, que permitirá modernizar el edificio, permitirá ahorrar más de 80 millones de pesos anuales en rentas, pues concentrará a personal que labora en otras oficinas –la mayoría rentadas en el Distrito Federa–.

Córdova Vianello afirma que la mejor de la sede del INE se hará “sin derroches ni abusos”. Pero nadie pasa por alto que en los proyectos de remodelación del sector público siempre se presentan sobrecostos y denuncias de corrupción, sin que hasta ahora –incluyendo escándalos de alto impacto, como el de la Estela de Luz o la construcción de la sede del Senado de la República– se hayan aclarado los desvíos y, más importante aún, se haya castigado a los culpables.

El Consejero presidente puede afirmar que no habrá excesos, pero el INE, en su papel de institución rectora de las elecciones en México, ni siquiera ha podido cumplir a la letra con lo que se establece en su misión: organizar comicios federales “en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”.

El cochinero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección de junio pasado es un claro ejemplo de lo anterior pero, por supuesto, hay muchos más.

El anuncio del gasto millonario que se pretende aplicar en la remodelación del edificio de una de las instituciones que debiera ser ejemplo de confianza y responsabilidad, es una mala broma en un país donde cada vez hay más pobres, menos oportunidades de progreso, una violencia agobiante y una crisis de derechos humanos que está ya en el ojo de organizaciones a nivel internacional.

El propio Gobierno federal ha llamado, aunque tampoco lo cumple a cabalidad, a ejercer un gasto responsable y a aplicar medidas de austeridad, en un momento en que a México se le cerraron las fuentes de ingreso por la vía de las ventas petroleras y su población está desprotegida ante los efectos de una turbulencia financiera internacional.

Pero al INE parece no importarle el escenario de nubarrones que enfrentará el país en los próximos meses. Está más preocupado por modernizar sus oficinas que por ser una autoridad imparcial, confiable y prestigiada al calificar los procesos electorales, que son en teoría la base de la democracia mexicana.

Para este año, la propuesta de Paquete Económico de 2016, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 8 de septiembre, establece que el INE recibiría 15 mil 473 millones de pesos el próximo año, y los sueldos de los consejeros, por cierto, también se incrementarán.

En 2016, el INE tendrá bajo su responsabilidad la organización de elecciones en 13 estados: en 12 de éstos se elegirán nuevos gobernadores. ¿No sería mejor que se preocupara y ocupara en esos comicios? ¿No sería mejor no exigir más dinero público para un edificio sino invertir en capacitar a su personal? ¿No sería mejor comportarse como una institución que se debe a la sociedad y no como un cartel de partidos que permite abusos a la Ley y mueve la decisión ciudadana en las urnas según convenga?

Muchas preguntas, y pocas respuestas de un INE que sólo ha mostrado ineficacia y ahora, además, también inclinación por el derroche.

Redacción/SinEmbargo

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