“No tenemos ninguna fobia o ningún ánimo persecutorio, tenemos nuestra convicción de honrar la norma, no tenemos en esta Secretaría de la Función Pública, y desde luego en el Gobierno, filias ni fobias”, sentenció la funcionaria.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública (SFP), señaló que la presente administración no tiene “pacto de impunidad” ni se está investigando a nadie por consignas políticas.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado, la funcionaria federal aseguró que no hay filias ni fobias hacia nadie, y que tampoco hay “intocables ni perseguidos”.

“Lo digo porque quiero demostrar con ello que no tenemos ninguna fobia o ningún ánimo persecutorio, tenemos nuestra convicción de honrar la norma, no tenemos en esta Secretaría de la Función Pública, y desde luego en el Gobierno, filias ni fobias, se han investigado lo mismo servidores públicos de la administración actual que de la administración pasada. En la Función Pública ya no hay intocables ni siguen existiendo perseguidos políticos”.

Aseguró que todos los procesos de investigación se llevan a cabo bajo el marco legal y con la finalidad de terminar con la corrupción.

“Todos los procesos de investigación y sanción atienden al marco legal y a la única voluntad de acabar con la impunidad. De hecho algunos casos que han llegado los medios de comunicación, porque involucran a grandes figuras, figuras públicas del gabinete anterior, fueron iniciados en la administración pasada y nosotros hemos sido responsables en simplemente analizarlas a cabalidad y concluir cada uno de estos investigaciones”.

Asimismo, Eréndira Sandoval informó que, en lo que va del sexenio se han emitido 2 mil 791 sanciones a servidores públicos, 875 inhabilitaciones, y 237 sanciones económicas resarcitorias por más de 3 mil 596 millones de pesos.

Finalmente, Sandoval Ballesteros reiteró que la austeridad se ha presentado en los sueldos de los funcionarios públicos, mas no en el gasto destinado a servicios o programas sociales.