En la semana Artículo 19 y la Fundación Thomson Reuters presentamos el informe “Hacia una regulación de la publicidad Oficial. Análisis legal comparado”. La publicación hace un estudio sobre los marcos regulatorios (o la ausencia de ellos) en Argentina, Guatemala, Honduras, México, Uruguay y Perú. La oportunidad de esta discusión regional se da en el preciso momento que el Poder Legislativo mexicano se ha negado a cumplir con la sentencia de la Suprema Corte que en 2021 ordenó regular adecuadamente en la materia. 

¿Por qué es importante regular la publicidad oficial? En el libro La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder, Jacinto Rodríguez Munguía revela un documento sin fecha que encontró en la caja de la Secretaría particular de Luis Echeverría Álvarez —cuando era Presidente de México— en el Archivo General de la Nación. En dicho documento se lee la filosofía detrás de la propaganda: “por la acción de la propaganda política podemos concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que adopta la forma de un gobierno democrático”. Además, se reconoce que “una democracia como la mexicana puede obtener niveles de control popular equivalentes a los que lograría por la violencia y el terror, una dictadura que solamente pudiera ofrecer a la ciudadanía espejismos y abstracciones”. Y se advierte que: “El control de la opinión pública en un régimen totalitario es elemental. […] En un Gobierno democrático, este control debe alcanzar calidad de arte, toda vez que intente manejar ciudadanos libres, capaces de resistirse a la acción de las autoridades y capaces también de llevar el contagio de su resistencia a los demás”. 

Históricamente en México y el resto de América Latina, la publicidad oficial se ha instrumentalizado como un mecanismo de propaganda. La falta de regulación en la asignación de este gasto responde a la necesidad desde el poder político de controlar las líneas editoriales de la prensa. Mediante la condicionante del gasto de comunicación social, los medios grandes, medianos y pequeños son susceptibles de sentarse a negociar su perspectiva informativa. Así es como se logra que se apoyen políticas oficiales o callen temas de interés público a conveniencia de los gobiernos en turno. Por eso se relaciona publicidad oficial con corrupción; porque no hay distribución transparente, equitativa y objetiva de este dinero. El gasto en comunicación social se ha pervertido, pero no es inherentemente malo, al contrario, puede tener efectos virtuosos en la pluralidad mediática cuando existen criterios claros.

Por tercera ocasión, las Cámaras de Diputados y Senadores desacataron una resolución de nuestro Tribunal Constitucional. Ni el Legislativo, y mucho menos el Ejecutivo, quieren reformar la llamada Ley Chayote porque así se legalizaron las malas prácticas históricas en la distribución del gasto. Ese control beneficia a todos los partidos, oficialistas y de oposición. 

En el Gobierno panista en Guanajuato gasta un millón de pesos al día en publicidad oficial, tal como nos cuenta PopLab. Por su parte Iniciativa Sinaloa documentó que el PRI en Sinaloa gastó 1180 millones de pesos de 2017 a 2019 -durante el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel- rebasando 17 veces el presupuesto asignado y utilizando factureras. La Verdad Juárez en Chihuahua nos señala que Maru Campos del PAN también reparte dinero a discreción según afinidades políticas de los medios con la Gobernadora Maru Campos, otorgando 139 millones en menos de un año. Por último Artículo 19 y FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, señalamos que el Gobierno de López Obrador ha dotado de la mitad del presupuesto en publicidad gubernamental a 10 medios, mientras que otros 768 se llevan la otra mitad (2019-2021). En todos los casos el dinero se da sin licitación y sin criterios claros y objetivos. En los estados de la República, no se transparentan los contratos ni los pagos.

¿Qué sigue? El Juez de Distrito debe decretar el incumplimiento de la sentencia, multar a los presidentes de las Cámaras e informe a la Suprema Corte para que abra un expediente (incidente) dentro del cual se analice la posibilidad de separación del cargo. Ante lo atípico de la situación no se sabe que suceda después: si se separaría del cargo a todas y todos los legisladores o solamente a quienes encabezan las Cámaras. Aun con una severa sanción la obligación de reformar la Ley Chayote persistiría para las y los legisladores suplentes. 

Lo que debe inquietarnos es que pasan los gobiernos, en esta ocasión a nivel federal con una fuerte bandera de honestidad y lucha anti-corrupción, y todo sigue igual. “No pago para que me peguen”, dijo el expresidente López Portillo en 1982 a propósito del retiro de publicidad oficial a la revista Proceso, que era muy crítica a su Gobierno. Hoy esa máxima perversa de la censura persiste y se amenaza con perpetuarse.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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