La deuda de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Gobierno Abierto, implicó el incumplimiento de los mecanismos de gobierno horizontal y de diálogo permanente con la sociedad civil, para la toma de decisiones de Estado, señalaron los representantes del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México.
Ante la situación de crisis y de incumplimiento en términos de vigilancia y espionaje, de simulación de acciones y resultados de la presente administración, el NOSOC hace un llamado a la siguiente administración para retomar la agenda y reparar el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), que es un esfuerzo para la democratización del ejercicio de poder en nuestro país.
El NOSOC considera que el Estado mexicano “incurrió en una simulación del proceso de Gobierno Abierto y del cumplimiento de los compromisos establecidos”.
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Avances dudosos, incompletos y desvinculados de su objetivo principal, son el resultado de la “falta de voluntad” y de la “simulación” del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para cumplir con los compromisos suscritos ante la sociedad civil.
Entre 2015 y 2016, la sociedad civil y el Gobierno federal acordaron trabajar en conjunto para desarrollar el “Tercer Plan de Acción”. Una serie de compromisos cuya finalidad era atender problemas públicos a nivel nacional, en un proceso abierto y transparente.
El proyecto, que sería desarrollado hasta 2018, implicaba acciones estratégicas en materia de salud u obesidad, servicios públicos de agua, combate contra la corrupción, gobernanza de recursos naturales o cambio climático, pobreza y desigualdad, derechos humanos y fortalecimiento del Estado de derecho, así como en materia de igualdad de género.
A unas semanas de la transición gubernamental, los siete compromisos de Gobierno con más de 400 integrantes de la sociedad civil apuntan a una sola cosa: “Enrique Peña Nieto simuló y dejó en crisis al proceso de Gobierno Abierto”, acusaron este día integrantes de la sociedad civil, durante la presentación del “Informe Sombra”.
De siete compromisos, cinco —salvo por los de igualdad de género y cambio climático— sufrieron cambios en la redacción “que resultaron en la reducción de sus alcances y cambios en la esencia de su propuesta original”, dijeron los representantes del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México (NOSOC).
En el caso de los dos compromisos restantes, aunque hubo cambios que resultaron “favorables para alcanzar la meta” propuesta, “el Gobierno no tomó en cuenta las opiniones de la sociedad civil consultada y tomó decisiones de forma unilateral para implementarlo”.
Debido al nivel de incumplimiento, al cambio injustificado y unilateral del proyecto original, así como los “alarmantes” sucesos de espionaje en 2017 del Gobierno mexicano a representantes de la sociedad civil (periodistas, activistas y defensores de derechos humanos), el año pasado el NOSOC y la presente administración rompieron filas.
La deuda de la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Gobierno Abierto, implicó asimismo el incumplimiento de los mecanismos de gobierno horizontal y de diálogo permanente con la sociedad civil, para la toma de decisiones de Estado.
Por lo que el NOSOC considera que el Estado mexicano “incurrió en una simulación del proceso de gobierno abierto y del cumplimiento de los compromisos establecidos”.
A los mas de 400 activistas, expertos y académicos “no se les invito a participar, a co-crear, sino a validar. Fue un proceso amañado”, explicaron los representantes de NOSOC.
Ante la situación de crisis y de incumplimiento en términos de vigilancia y espionaje, de simulación de acciones y resultados de la presente administración, el NOSOC hace un llamado a la siguiente administración para retomar la agenda y reparar el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
“La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional integrada por 70 países cuyo objetivo es impulsar los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y uso de tecnologías. En México, el gobierno abierto en México se ha convertido en una fuerza de cambio real que ha permitido avances significativos y resultados concretos gracias a la colaboración de funcionarios y sociedad civil”, se lee en el portal del Gobierno federal.
Las omisiones del sexenio peñanietista (no sancionables por Ley) y el espionaje a la sociedad civil, evidencian la “falsedad del Gobierno” al decir que cumplió con el acuerdo de la AGA y con sus compromisos.
LAS DEUDAS QUE DUELEN
Los siete compromisos son parte de una agenda delicada porque abordan problemas de interés que afectan a la población mexicana.
Esto es lo que no sé logró durante la última administración priista, derivado de la “simulación” y la “falta de voluntad” para abrir las decisiones de Gobierno a la ciudadanía.
Pobreza y desigualdad: se buscaba un repositorio único de beneficiarios de los programas de desarrollo social con la finalidad de ser el eje rector de la política del país.
Derechos humanos y Estado de derecho: la participación de la sociedad civil o de víctimas y movimientos de desaparición forzada en el monitoreo del Programa Homologado de Búsqueda de Personas.
Combate a la Corrupción: la participación ciudadana en las designaciones de todo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en lugar de la designación “unilateral” por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de los 43 titulares de los Órganos Internos de Control de las instituciones implicadas en el SNA.
Agua: transparencia y rendición de cuentas en asuntos de gestión y protección del agua por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como en el caso de la compra de medidores.
Salud u obesidad: la participación de la sociedad civil en la redacción y reforma de las normas oficiales en la materia, para atender las “fuertes deficiencias” de la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso.
