Harto de ver consumida la sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California. Foto: Cuartoscuro

Harto de ver consumida la sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California. Foto: Cuartoscuro

Era 2005 y en México los cárteles de la droga crecían y se adueñaban de los territorios que arrebataban a empresarios honestos, ciudadanos de bien y gobiernos corruptos. Entre pocos se repartían las zonas: el cártel de Sinaloa, el cártel Arellano Félix, el cártel del Golfo, el del Milenio, los Zetas. Eran las mismas estructuras criminales que desde hacía 20 años se habían despachado el territorio criminal ante la captura de los notorios capos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.

En Sinaloa, el general Sergio Aponte Polito estaba a cargo de la Novena Zona Militar con sede en la capital del Estado que gobernaba Jesús Aguilar Padilla. Los índices de violencia e inseguridad en esa entidad estaban en los límites del horror. Los narcotraficantes tenían negocios, coleccionaban casas de seguridad, se paseaban por todos lados, amedrentaban policías honestos, asesinaban periodistas y activistas, imperaba la ley del terror que imponía el narcotráfico con sangre. Hasta la sociedad estaba impregnada de la inmundicia criminal.

Harto de ver consumida la sociedad por la delincuencia organizada, y ser testigo de la corrupción en las corporaciones civiles, el General Sergio Aponte Polito pronunció un discurso que más tarde y con el mismo ímpetu e impacto, ofreció en Baja California.

Acusaba entonces a sociedad y gobierno de su condescendencia con los miembros del narcotráfico. Señalaba a los ingenieros que les construían sus guaridas subterráneas, a los arquitectos que les diseñaban casas con pasadizos y dobles fondos para esconder droga, armas y dinero. A los banqueros que les aceptaban el dinero mal habido, a las automotrices que les aceptaban pagos en efectivo por la adquisición de camionetas, completando con ello un círculo de lavado de dinero. Hasta a la sociedad que los invitaba a sus casas, les permitía departir con hijos e hijas, y hasta los hacia miembros de su familia. A las corporaciones corruptas que les hacían de guardaespaldas oficiales, que les ayudaban a huir después de asesinar, secuestrar, a los gobiernos que les daban protección y les garantizaban impunidad.

El narco crecía al amparo de gobierno y sociedad. Y la única forma de combatirlo era, de acuerdo al General, hacer un frente un común.

Viene a la mente el General Sergio Aponte Político (ya en el retiro), porque fue este hombre del Estado, uno de quienes encabezaron la guerra contra las drogas como llamó Felipe Calderón Hinojosa a su estrategia de combate a los mafiosos que integraban entonces (algunos aún), los cárteles de la droga en México.

Don Sergio Aponte fue enviado a Baja California donde encabezó la II Región Militar en enero de 2006. Empleó el mismo discurso apelando a la denuncia ciudadana para aprehender a aquellos que eran protegidos por una parte de la sociedad y por una parte de los gobiernos, en lo que era una gran base de impunidad a costa de la corrupción. Funcionó. Los ciudadanos que se veían amenazados por la criminalidad los empezaron a denunciar, lo mismo a policías corruptos. Con la venia del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, los militares comenzaron así a perseguir el narcotráfico y a coordinar a las fuerzas civiles.

La medida tuvo mucho que ver con el hecho que las corporaciones civiles estaban infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado. La única institución que garantizaba una tarea neutral al servicio del estado y no corrompida en sus cimientos era precisamente la integrada por la milicia. El pacto de Calderón fue sacar el Ejército de los cuarteles en tanto las policías preventivas, procuradoras e investigadoras eran depuradas y evaluadas con controles anticorrupción.

Ciertamente sin atribuciones legales más allá de la orden presidencial y el establecimiento de formas de coordinación en la ley nacional de seguridad Pública. Los militares contribuyeron grandemente en la aprehensión de asesinos, narcotraficantes y agentes deshonestos. Establecieron retener en calles y carretas que contribuyeron a incrementar el decomiso de drogas, armas, dinero, avionetas, vehículos y demás herramientas de los narcotraficantes para la producción, venta y trasiego de droga de este País al de la Unión Americana.

Sin embargo, llegó Enrique Peña Nieto y eliminó gran parte de esa política de combate al crimen organizado y el narcotráfico. Empezó por retirar al Ejército Mexicano (No a la Armada de México que sigue coadyuvando en esas tareas incluso con corporaciones extranjeras), eliminar la Secretaría de Seguridad Pública Federal que tenía entre otras responsabilidades la evaluación de las fuerzas del orden civil, erradicar los retenes militares para el aseguramiento de drogas así como las aduanas internas, ordenando a Generales no investigar al narcotráfico, desmantelar áreas de inteligencia con ese propósito y, muy importante, no dar declaraciones al respecto.

Enrique Peña Nieto quería que el mundo y México se olvidara de la guerra contra las drogas que tanto había costado al Gobierno Mexicano, y pensara en una tierra pacífica donde los convoyes militares dejaran de ser parte del escenario cotidiano y los militares no entraran en disyuntivas legales al realizar una tarea para la cual ciertamente no estaban facultados.

Los resultados no han sido los deseados. En 45 meses de gestión, a julio de 2016, las personas ejecutadas en territorio nacional producto de la guerra entre cárteles, ascendieron a 78 mil 109. En casi cuatro años, Peña está peligrosamente cerca de los 85 mil 35 ejecutados que se registraron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, de continuar la inseguridad en los niveles que se viven estos días, habrá más ejecutados en el sexenio de Peña que en el de Calderón. De igual forma, hay más organizaciones criminales, especialmente en las localidades de la costa del pacífico, mientras las existentes en el norte se han adentrado al centro, a la par que uno de los cárteles más violentos, el cártel Jalisco Nueva Generación, amplía sus territorios criminales en alianza con otras organizaciones y en plena impunidad.

La diferencia entre el sexenio de Calderón y el de Peña es que el Ejército está fuera del combate al narcotráfico, y que la Secretaría de Seguridad Pública Federal dejó de existir. La otra gran contradicción: Hay más ejecutados, más violencia y más cárteles.

Por estos días el Secretario General de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, ha establecido que sin facultades en la Ley ellos poco pueden hacer, además que no han sido instruidos desde su inicio para combatir al narcotráfico, sino para garantizar la seguridad interior. Que ciertamente se debe regular la participación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y el estado de derecho.

Por estos días, ya con poco margen de maniobra ante el cierre de sesiones legislativas, los representantes del Poder Judicial empezarán a discutir en la Juntas de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, las reformas a la Ley de Seguridad nacional para establecer la responsabilidad y facultades de las fuerzas armadas en la seguridad interior, y la participación de las mismas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ya resulta urgente.

Es evidente por los resultados obtenidos en los últimos cuatro años, que la ausencia del Ejército en el combate a los cárteles y la falta de depuración en las organizaciones civiles, han creado ese ambiente de impunidad y corrupción que ha permitido a las organizaciones criminales crecer en el País, asesinar a sus detractores y enemigos, a policías honestos, trasegar droga, cobrar piso, secuestrar, desaparecer.

Diez años después del inicio de la guerra contra las drogas estamos igual o peor. Con más impunidad, sin un combate a la corrupción, con los militares en los cuarteles, y los narcotraficantes creciendo el ilícito negocio ante una estrategia federal que, es evidente, no funciona. No cuando hay más muertos y más narcos.

Eso sí, hoy como hace diez años, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están analizando la posibilidad de cambiar la Ley para darle facultades y responsabilidades a las fuerzas armadas. Otra vez.  O será que sin una estrategia bien fundamentada al Presidente y a su gabinete ya no se les ocurre otra cosa.