Sólo en 2017 se abrieron 474 carpetas de investigación por el delito de aborto en 30 de 32 entidades del país. La cifra es alarmante porque detrás de cada investigación “puede haber mujeres que viven en problemas de marginalidad, pobreza, violencia o desempleo” que recurren a interrumpir de manera ilegal su embarazo, explicó Sofia Alessio, coordinadora nacional de Redefine México.

La activista sostiene que “criminalizar el aborto no hace que deje de suceder, las mujeres van a abortar sea legal o no legal. Es necesario que veamos que el aborto existe porque existen los embarazos no deseados, y las autoridades no están enfocadas a enfrentar este problema”.

La OCDE informó el año pasado que México ocupa el primer sitio en embarazos adolescentes entre sus países miembros.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– En 2017 se abrieron 474 carpetas de investigación por el delito de aborto en 30 de 32 entidades del país, por lo que organizaciones civiles reclamaron que la criminalización de la interrupción del embarazo lleva a las mujeres a clínicas clandestinas, además de que los recursos empleados en perseguirlas podrían ser utilizados en temas más urgentes.

A partir de este año, el Secretariado Nacional de Seguridad Pública emplea una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas. Ahora incluye información desglosada sobre denuncias penales por aborto, de violencia intrafamiliar, trata de personas…

Los estados que encabezan el listado con más carpetas de investigación por aborto son: Ciudad de México, en donde se abrieron 74; en Baja California, 72; en el Edomex, 38; en Tamaulipas, 30; en Nuevo Léon, 28; Guanajuato, 25 y Jalisco, 27; Morelos, 21, y Veracruz, 20.

Le siguen Oaxaca con 14 averiguaciones abiertas; Baja California Sur, 13; Chihuahua, 12; Chiapas, Hidalgo, Michoacán, 11 en cada estado; Querétaro, 10; Puebla, 9; Sinaloa, 8; San Lis Potosí, 7; Colima, 5, y Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala y Quintana Roo, con 4 carpetas respectivamente; Coahuila y Tabasco, 3 en cada entidad; Campeche y Sonora, 2 por cada estado;  Durango y Zacatecas, 1 indagatoria.

Sólo Nayarit y Yucatán reportaron cero carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto.

Sofia Alessio, coordinadora nacional de Redefine México, explicó que las cifras son alarmantes debido a que detrás de ellas puede haber “mujeres que vive en problemas de marginalidad, pobreza, violencia o desempleo” que recurren a interrumpir de manera ilegal su embarazo.

El Código Penal Federal en su artículo 329 sostiene que el Aborto “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Y el artículo 332 señala que la pena que se impondrá a una mujer que de manera voluntaria se someta a un aborto será de seis meses a un año de prisión en caso de que “no tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo” y “que [el producto] sea fruto de una unión ilegítima”. En caso de que no se cumpla con alguna de las anteriores condiciones, la pena será de uno a cinco años de prisión.

Sin embargo, el aborto es legislado por el Código Penal de cada entidad, es decir que cada estado reglamenta cuándo una interrupción del embarazo es legal o no. Todas las entidades consideran un embarazo producto de una violación como causal de un aborto legal.

La Ciudad de México es la única entidad en la que es la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación sin importar la causa. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo al Código Penal y a la Ley de Salud del DF desde abril del 2007. Hoy es la entidad que más carpetas abiertas tiene por este delito.

“Están persiguiendo a las mujeres, impresionante en qué se están yendo los recursos están gastando recursos  en esta ciudad”, criticó Alessio.

La activista explicó que “criminalizar este derecho las pone en riesgo” debido a que muchas de las mujeres que son investigadas por el delito de aborto son quienes llegan a las clínicas con un legrado incompleto.

La Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), implementada en 2015, fue promovida por el Gobierno Federal para reducir en 50 por ciento la tasa de fecundidad de adolescentes para el 2030. A casi tres años los casos están en aumento.

El estudio “Lo público es nuestro: Juventudes evalúan políticas de prevención de embarazo en adolescentes” del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir destacó que los embarazos de las mujeres de 9 a 19 años van al alza. Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2016 se registraron 395 mil 597 alumbramientos de mujeres de este rango de edad, 10 por ciento más que en 2014.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó el año pasado que México ocupa el primer sitio en embarazos adolescentes entre sus países miembro.

La representante del Redefine México señaló que “criminalizar el aborto no hace que deje de suceder, las mujeres van a abortar sea legal o no legal. Es necesario que veamos que el aborto existe porque existen los embarazos no deseados, y las autoridades no están enfocadas a enfrentar este problema”.

LA LEGISLACIÓN  SE ENDURECE

La Cámara de Diputados aprobó en octubre pasado una modificación a la Ley federal de salud que establece que el personal médico y de enfermería de los hospitales públicos podrá ejercer la objeción de conciencia por sus creencias y excusarse de participar en la prestación de servicios.

La adición al artículo 10 Bis a la Ley General de Salud no es bien vista por organizaciones civiles y legisladores que consideran que la ley abre la puerta a limitar el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Aidé García, coordinadora de relaciones interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que el objetivo especifico de obstaculizar los derechos de las mujeres, particularmente los reproductivos y de interrupción legal del embarazo.    

Recordó que incluso la propia Secretaría de Salud se manifestó en contra de las modificaciones legales.

El dictamen fue avalado con 313 votos a favor los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), y votaron en contra, 105 diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal). 26 integrantes de las bancadas del PRI, PRD, Morena y MC se abstuvieron.

La ley precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Además, estipula que el ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Tras el aval, el tema fue turnado al Senado para su ratificación y posible aprobación, donde todavía no ha sido discutida.

La integrante Católicas por el derecho a decidir criticó que la legislación está basada en creencias religiosas que pasan por encima de los derechos de las mujeres. “Es un intento de controlar el cuerpo de las mujeres, por lo que estaremos atentas a la discusión”.

La polémica reforma fue promovida por el PES, específicamente la Diputada federal Norma Edith Martínez Guzmán.

Norma Edith Martínez Guzmán llegó al cargo por la vía plurinominal en 2015 y desde ahí ha impulsado reformas conservadoras.

La legisladora preside la Comisión de prevención y erradicación de la pornografía y abuso sexual infantil de la Cámara de Diputados. Es secretaria de de las comisiones de los Derechos de la Niñez y Gobernación. Y es integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Contra la trata de personas, De participación ciudadana, Sobre la no discriminación y la de Puntos Constitucionales.