Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– El pasado 8 de marzo, al inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Secretaría de Salud (Ssa) aplicar una política de “cero rechazo” a las mujeres embarazadas que soliciten atención en cualquier hospital, aunque ellas no tengan seguridad social.

Peña Nieto se vio obligado a instrumentar la política de “cero rechazo” donde haya emergencias obstetricias, tras presentarse varios casos de negligencia médica en hospitales públicos de Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Chihuahua, en donde, en algunos casos las mujeres dieron a luz en el patio de los centros de salud y en otros, perdieron el producto.

Lo paradójico, es que apenas cuatro días después de la instrucción girada por el Presidente de la República, se presentó en un nuevo caso en Tabasco, en el que una joven de 16 años perdió a su bebé de seis meses en el baño del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer de Villahermosa, luego de que fue ignorada por el médico de guardia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco (ISSET).

Este no es el único episodio de mujeres que pierden a sus bebés por no recibir atención médica urgente en hospitales públicos.

La falta de infraestructura, el sobrecupo en clínicas, la nula sensibilidad del personal, o incluso, la ausencia de personal capacitado para atender emergencias médicas, son las constantes excusas de autoridades federales y estatales relacionadas con estos casos.

Esos casos dejan entrever también un aire de discriminación, porque en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres indígenas.

En octubre del año pasado, Irma López Aurelio, indígena mazateca de 28 años de edad, dio a luz en el jardín del centro de salud San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, porque personal médico y administrativo le negó la atención médica por causas todavía desconocidas. La Presidenta Municipal de la localidad denunció que esta no es la primera vez que ocurrían estos hechos.

No obstante, este tipo de problemática va más allá de la palabra del Presidente, el Artículo 4 de la Constitución se establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Asimismo, México ha suscrito diversos tratados internacionales que privilegian el derecho a la protección de salud, como un derecho humano básico.

Esta situación no ha sido ajena al Poder Legislativo, pues diputados y senadores de las principales fuerzas políticas han solicitado información a autoridades de salubridad, federal y estatales, a fin de determinar las causas de estos lamentables casos de negligencia médica.

Asimismo, senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para establecer en esta norma la obligación del personal hospitalario para que las emergencias médicas obstétricas.

PAN PROPONE CÁRCEL

Senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) presentarán la próxima semana, una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, así como al Código Penal Federal para establecer como delito la negligencia médica y que se persiga de oficio.

La propuesta albiazul busca sancionar con penas de seis meses a cinco años de prisión; multa de cinco a 125 días de salario mínimo; y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años, a quien incurra en negligencia médica obstétrica o de cualquier tipo.

La iniciativa, presentada por las legisladoras Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega Martínez plantea que se castigue por negligencia a directores, encargados, administrativos, personal técnico o auxiliar de la atención médica de cualquier centro de salud, cuando incurran en omisiones que deriven en daños a terceros.

“Lo que queremos es que no haya un solo bebé que muera por negligencia, una sola madre que muera por negligencia, un solo hombre que no sea atendido en condiciones graves. Lo único que buscamos es que [los que trabajan en hospitales] hagan bien su trabajo y [puedan] salvar muchas vidas”, afirmó la Senadora Mariana Gómez del Campo.

Para las legisladoras panistas, la carencia en infraestructura hospitalaria no es justificación para que el personal médico deje a un lado su responsabilidad para garantizar la salud de personas en condición de emergencia, mujeres embarazadas o en trabajo de parto.

Por su parte, la Senadora Pilar Ortega comentó que de aprobarse la propuesta, además de terminar con la impunidad, se promoverá la prevención de conductas negativas, generará incentivos para que los trabajadores hospitalarios hagan bien su trabajo y sean sensibles ante casos especiales.

“Es importante que atendamos todos los casos en que las mujeres no son atendidas debidamente, que no tienen este servicio [médico], que hay negligencia muchas veces, porque esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer”, apuntó la legisladora panista.

PIDEN MÁS INFORMACIÓN

En el Senado de la República, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto con legisladores de otros partidos políticos suscribieron un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Oaxaca un informe sobre las políticas públicas, programas y acciones en materia materno-infantil, enfocadas principalmente a la población de origen indígena.

El Senador perredista Adolfo Romero Lainas lamentó que no se respeten los derechos de la población originaria, a pesar de que están garantizados en el artículo segundo de la Constitución.

“En el estado de Oaxaca el 45 por ciento de la población es considerado indígena y la falta de infraestructura para los servicios médicos en las comunidades indígenas es evidente; y todavía es más preocupante la falta de capacitación y profesionalismo  que acusan alguno de los encargados de brindar esos servicios a la población”, sostuvo.

El legislador se basó en los indicadores socioeconómicos del propio Gobierno federal para detallar las diferencias en torno al acceso a los servicios de salud de los indígenas con otros sectores de la población, para explicar las elevadas cifras de mortalidad materno-infantil.

Agregó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitió recomendaciones a la Secretaría de Salud de Oaxaca para reparar los daños provocados a la ciudadana Irma López Aurelio y su hijo recién nacido, en el Centro  de Salud de San Felipe Xalapa de Díaz; así como otra recomendación para capacitar al personal hospitalario en materia de protección a los derechos humanos, sin que haya noticias al respecto.

“Debemos ponernos en alertas, no se trata de casos aislados, sino más bien de omisiones de funcionarios del sector que no están haciendo como deberían de realizar su trabajo”, explicó.

Igualmente, el Senador Adolfo Romero Lainas recordó que existe otra recomendación a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para que inicie un procedimiento  administrativo y formule una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia estatal, en contra del personal que intervino en los hechos de negligencia y discriminación a la indígena mazateca.

Por su parte, el Senador Eviel Pérez, del Partido de la Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que existen carencias para los pueblos originarios, por falta de programas, capacitación, presupuestos, e incluso porque no se ha logrado desterrar la discriminación contra los indígenas.

“Unamos voluntades y esfuerzos de los tres niveles de gobierno para que el derecho a la salud no distinga de mestizos o indígenas. Garantizando su efectivo acceso a los servicios de salud demostramos respeto a nuestra composición de pluricultural que se sustenta en los pueblos indígenas”, detalló.

NEGLIGENCIA GENERALIZADA

Según datos oficiales, aproximadamente el 67 por ciento de las personas que acuden a los servicios de urgencias en México dijo no sentirse satisfecho con la atención que reciben, detalló el estudio Expectativas y Experiencias de los Usuarios del Sistema de Salud en México.

Dentro de los casos de negligencia médica en contra de mujeres embarazadas, se pueden enumerar:

Octubre de 2013, en la clínica del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, Alma Ruth Mendoza Martínez, dio a luz en las inmediaciones de la clínica local, lo cual trajo como consecuencia la separación del cargo del médico responsable y del director de la clínica.

El pasado 20 de octubre, en Puebla, una recién nacida de apenas un mes de vida murió en brazos de su madre Liliana Gutiérrez Casas, por falta de atención médica en el Hospital General de Tehuacán.

En la comunidad de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño del centro de salud de la comunidad. Según testigos relataron a los medios de comunicación, al momento de los hechos el chofer de la ambulancia y el doctor de la clínica local se encontraban dormidos.

A principios del año, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, una pareja de indígenas mixe denunció que su bebé falleció en el vientre de su esposa, por falta de atención médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.