Rara avis fue el caso de la constitución del Comité de Participación Social de Jalisco producto de la reforma del 17 de julio de 2017. Foto: CPS Jalisco.

El 27 de mayo próximo se estarán cumpliendo cuatro años de la reforma constitucional que dio lugar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a los siete paquetes de reformas a leyes secundarias en materia de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción.

Un periodo considerable para empezar a evaluar lo logrado en este tiempo en que la reforma ha tenido alcance en cada uno de los estados y se ha replicado creando los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA) y dentro de ellos en forma destacada los llamados Comités de Participación Ciudadana o Social que son el corazón y la sangre de estos nuevos organismos públicos.

El proceso de armonización en los estados, como era de esperar, no fue sencillo los intereses políticos le han dado singularidad en cada uno de ellos de tal manera que podríamos afirmar que el SNA tiene varias velocidades y niveles de desarrollo.

Hay aquellos que nacieron con la marca de la autonomía relativa gracias a qué el Ejecutivo o el Legislativo no interfirió en el proceso y dejó que siguiera su curso institucional mientras otros interfirieron para que la coordinación del sistema estatal anticorrupción estuviera subordinado al Ejecutivo o que dependiera de la Fiscalía General en el estado.

Rara avis fue el caso de la constitución del Comité de Participación Social de Jalisco producto de la reforma del 17 de julio de 2017. Esta institución ha jugado un papel fundamental en el proceso de dotar a su estado un sistema eficaz y eficiente en la lucha contra la corrupción proponiendo “políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción, y de generar mecanismos para que la sociedad participe en su prevención y denuncia”.

Los cinco expertos del mundo académico tapatío han ejercido su potestad de ley y han hecho recomendaciones para construir un andamiaje institucional sólido con una perspectiva clara de vinculación social.

Su papel protagónico ha sido decisivo y se ha hecho valer primero ante el ex gobernador priista Aristóteles Sandoval y ahora ante el emecista Enrique Alfaro, lo que a diferencia de otros estados, donde todo ha sido a iniciativa de los ejecutivos estatales, en este caso ha sido fundamental el papel del Comité de Participación Social (CPS) que ha “compartido criterios y evaluado perfiles y planes de trabajo en los procesos de designación de algunas figuras clave en el combate anticorrupción de Jalisco” que está a años luz en otros estados.

Así, el CPS ha dado su opinión técnica sobre los perfiles de los aspirantes a Auditor del Estado, Fiscal Especializado en combate de la corrupción, los titulares de los órganos de control interno en los organismos constitucionales autónomos, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y especialmente la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción incluso sobre el titular de la Fiscalía General del Estado.

Y estas opiniones han sido tomadas en cuenta por el poder competente a la hora de seleccionar a quienes tienen la alta responsabilidad de la lucha contra la corrupción y hacen valer en los casos de las evaluaciones de funcionarios públicos que asuman el cargo, aquellos que han sido los mejor evaluados no sólo por sus cualidades académicas o profesionales sino por sus trayectorias en la función pública.

Esto ha provocado desencuentros y rispidez con los titulares del Ejecutivo que quizá buscan tener no al mejor evaluado sino a alguien de sus “confianzas”, que le sea leal a su proyecto político, especialmente en la Fiscalía General del Estado y la propia Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, los académicos del CPS ha logrado lo que en otros estados, no por incapacidad sino porque cuando llegaron ya la mesa estaba servida y no había manera de influir con recomendaciones sobre los perfiles de los futuros funcionarios de las instancias de los SEA lo que prácticamente terminó dejándolos atados de manos y perdidos en un laberinto burocrático, reducidos a una referencia mediática o de florero en actos protocolarios donde se habla ritualmente de rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.

En contraste, a finales de 2018 la presidencia rotatoria recayó en el politólogo Freddy Mariñez, del Colegio de Jalisco, quien es un experto en la materia y es miembro del Comité Técnico del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) con sede en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), bajo la tutela académica del también politólogo Mauricio Merino y qué recientemente dio a conocer el llamado Libro Blanco Anticorrupción producto de los foros regionales que organizó el Programa a finales del año pasado.

Y, bien, este Comité encabezado por Mariñez acaba de presentar su plan de trabajo para 2019 luego de una amplia interlocución con grupos organizados de la sociedad civil tapatía entre los que destacan el Observatorio Permanente del SEAJAL y del Legislativo local, Coparmex, Colegio de Jalisco, ITESO, UdeG, Mujeres de calle sin acoso, etc. lo que le da una gran legitimidad.

Así, pretende poner a Jalisco en sintonía con la Política Nacional Anticorrupción lo que supone: “Una política pública y mecanismos de coordinación intergubernamental, implementación y vigilancia para el funcionamiento del SEA Jalisco, vinculación con sociedad civil e investigación y difusión de la cultura de rendición de cuentas y control de la corrupción”.

Además, promueve 14 acciones estratégicas donde destaca “la construcción de una política de adquisiciones para incidir en la competencia, transparencia e integridad en los procedimientos de compras en los municipios; la implementación del modelo de justicia abierta en el Tribunal de Justicia Administrativa y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; la construcción de la Red de Participación Social y la integración de la perspectiva de género en las políticas y prácticas institucionales”.

En definitiva, la experiencia de Jalisco es digna de tomar en cuenta por otros sistemas para revertir aquellos procesos que caminan en contra de la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción, para de esa manera fortalecer estos entes públicos que hoy más que nunca deben estar lejos del burocratismo y la falta de iniciativa.

Y, eso, claro, pasa también por encauzar institucionales procesos de notoria corrupción que es la otra, la verdadera legitimidad.

El mejor hit.