El Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) del Edomex es un mecanismo de desarrollo social cuyos recursos, en manos del Congreso local, fueron utilizados en 2018 para una “campaña negra” en contra de AMLO. El PAC nació en los setentas del siglo pasado con Carlos Hank González y Morena le puso freno el año pasado, por tratarse de un control de los gobernadores sobre los legisladores. Hoy, el programa destapa el uso de recursos públicos en delitos electorales y la guerra sucia que pervive en el último gran bastión priista.
Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).- Los recursos del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) del Gobierno del Estado de México eran un mecanismo “muy perversivo” de control, ya que permitía que el Poder Ejecutivo estatal “tuviera un brazo, una mano metida en el Congreso”, dijo a SinEmbargo la presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura mexiquense, Azucena Cisneros Coss.
Según lo informado ayer por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Coordinación del PAC desvió 2.5 millones de pesos en junio de 2017, “sin justificación aparente”, en apoyo a una estrategia de “propaganda negra” en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante el proceso electoral 2017-2018.
Este dinero (presuntamente) formó parte de los 206.1 millones de pesos que recibió la empresa Bufete de Proyectos de Información y Análisis, para orquestar la campaña negra en contra de AMLO, “particularmente con la construcción de la serie ‘El populismo en América’”.
El “misil” lanzado por Santiago Nieto es un “triunfo y una reivindicación” para quienes han sufrido de campañas negras en el Estado de México, dijo Cisneros. La diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) recordó que desde la campaña política de 2017, la guerra no cesó.
“Llevábamos dos años de vivir en carne propia la guerra sucia en el Estado de México. Con la maestra Delfina [Gómez Álvarez] no se tentaron el corazón; y luego con Andrés [Manuel López Obrador]”, explicó la legisladora, quien aguarda con buenos ojos a que los crímenes electorales constituyan un delito grave.
Por lo pronto, la Diputada local confirmó a SinEmbargo que “sí se va a indagar” el uso de recursos del PAC al interior del Congreso estatal, ya que a pesar de que el programa fue cancelado a principios de la actual Legislatura (en septiembre del año pasado) y que los nuevos congresistas no hicieron uso del dinero, los recursos anuales ya “habían sido utilizados al 100 por ciento por los diputados anteriores”.
El coordinador de la bancada de Morena, el Diputado Maurilio Hernández González, ya anunció que así será. Asimismo, el Diputado Faustino de la Cruz “ya tenía en revisión –para que subiera– una propuesta donde pedía y exigía que se transparentara el tema del PAC de 2018”, indicó Cisneros. “En una semana –dijo– se subirá el punto” de acuerdo.
EL PAC Y LA OPACIDAD
Hace dos años y medio, en octubre de 2016, el entonces vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Salinas Narváez, acusó que el Programa de Apoyo a la Comunidad debía desaparecer porque era utilizado para “maicear” (o sobornar) a los legisladores.
El PAC –antes llamado “Programa de Gasto de Inversión Sectorial”– es un mecanismo estatal cuyo objetivo es contribuir “al mejoramiento de la calidad de vida” de los mexiquenses, “mediante el otorgamiento de apoyos” para la adquisición y suministro de bienes y servicios de infraestructura urbana y rural, así como de servicios para el desarrollo comunitario, se lee en los “Lineamientos para el Ejercicio y Control del Presupuesto Asignado al Programa de Apoyo a la Comunidad”.
La información pública refiere que el PAC nació en la década de los setenta, durante la administración de ex Gobernador mexiquense (1969-1975) Carlos Hank González. Pero en septiembre del año pasado, los grupos parlamentarios de la nueva Legislatura mexiquense (2018-2021) acordaron modificar el Presupuesto de Egresos local para eliminar el PAC.
Derivado de la reforma, el presupuesto estatal –para este año– ya no menciona el importe de 187.5 millones de pesos del PAC, que al menos desde 2008 y hasta septiembre del año pasado, era ejercido por los legisladores, según lo establecido en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.
Para la morenista Azucena Cisneros Coss –y su bancada– era “muy importante” eliminar el programa, no sólo para evitar el uso de recursos etiquetados por el Poder Ejecutivo estatal en el Congreso local, sino también porque su ejercicio “contravenía la función de los legisladores que están para hacer leyes”, cuando es tarea del Poder Ejecutivo “aplicar recursos o materiales”.
Durante más de 40 años, no obstante, año con año los 75 legisladores del Congreso mexiquense tuvieron la opción de ejercer, cada uno, 2.5 millones de pesos del PAC. Pero tratándose de un programa “de carácter público”, debía ser “ajeno a cualquier partido político” y estaba “prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”, de acuerdo con sus lineamientos.
“Para nadie es una sorpresa que estos señores hayan financiado la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel [López Obrador]”, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari.
El hombre que denunció y litigó (desde 2015) en contra de la empresa española OHL en el Estado de México, refirió que el uso discrecional de recursos públicos, la opacidad y la falta de castigo y de aplicación de la Ley es “la triste realidad del Estado de México durante las últimas cuatro administraciones estatales”.
A pesar de ello, mencionó que “hoy algo empieza a cambiar con la Legislatura estatal. Empiezan a poner frenos al estado, porque esto no era opacidad; era total oscuridad y te enfrentabas a una impunidad extraordinaria”.
Díez Gargari también dijo ver “con cierto optimismo” el anuncio de Santiago Nieto, tanto en el tema de OHL –que dio 186 millones de pesos para la campaña negra contra AMLO– como en el del PAC.
“Hay evidencia suficiente, tanto en el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL] financiaron la campaña de Eruviel Ávila en el 2011, la [campaña] federal de [Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo [Maza]”.
LA OSCURIDAD TOTAL
De acuerdo con los lineamientos del PAC, la Secretaría de Finanzas del Edomex es “la dependencia responsable de administrar el programa” que era “ejercido por los Legisladores, sus grupos parlamentarios y las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal”.
En septiembre del año pasado, los diputados locales revivieron lo que Salinas Narváez acusó tres años antes, señalando que los recursos, en lugar de ser destinados a los 41 conceptos de infraestructura, bienes y servicios para el desarrollo social que marca la Ley, eran utilizados para generar “clientelas electorales” y castigar a representantes populares.
Inclusive, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) refiere que el uso de los recursos del PAC por parte de los legisladores mexiquenses es “una mala práctica institucionalizada”, sobre todo considerando que el año pasado, en términos nominales, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Congreso mexiquense “fueron los dos órganos legislativos que más recursos ejercieron en ayudas sociales” a nivel nacional (576 mdp en total).
Las ayudas sociales, más que una tarea parlamentaria, son una función de una Secretaría de Desarrollo Social, señala el IMCO en su “Informe Legislativo 2018”.
El documento añade que “año con año los congresos de las entidades federativas registran gastos por este concepto sin que se rinda cuentas de ello. No es posible conocer quiénes fueron los beneficiarios, quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron”.
Tan sólo el año pasado, “los congresos de 25 entidades federativas destinaron casi 2 mil millones de pesos en funciones que legalmente no les corresponden” (IMCO). Además, si consideramos que de 2008 a 2018 los legisladores mexiquenses echaron mano a 187.5 millones de pesos anuales, en esos 11 años hubo cerca de 2 mil 062 millones 500 mil pesos del PAC cuyo destino desconocemos.
SinEmbargo intentó acceder a los datos de “Obligaciones de Transparencia” del Congreso del Estado de México.
En la sección de “programas de subsidios, estímulos y apoyos” (fracción XIV A), así como la del “padrón de beneficiarios” de los mismos (XIV B), lo único que aparece es la siguiente leyenda: “De acuerdo a los ordenamientos jurídicos aplicables a este sujeto obligado, no se generará en ningún momento la información de esta fracción [XIV A y/o B] por no estar especificada dentro de sus facultades, competencias y funciones”.
Lo mismo sucede con las fracciones sobre “deuda pública” (XXVI), “personas que usan recursos públicos” (XXXI), donaciones realizadas “en dinero” (XLVIII A) y “en especie” (XLVIII B), así como las del “padrón de cabildeos” (XIX) y los “listados con información de interés público” (I, II y III A).
Según lo marcan los lineamientos del programa, cuando los apoyos no sean destinados para los fines establecidos en la Ley, “se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos y sanciones […] en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con independencia de las responsabilidades administrativas, civiles o penales en que se incurra en términos de la legislación aplicable”.
En más de 40 años de gasto discrecional y opaco, nadie denunció los hechos. Pero los lineamientos y la Ley indican que cuando las autoridades competentes –la Coordinación del PAC, las secretarías de la Contraloría y de Finanzas estatales, los órganos de control interno, o “cualquier otra instancia”– tengan conocimiento o reciban quejas o denuncias de que los apoyos no fueron destinados para los fines establecidos, deberán comunicarlo para investigar y lindar o deslindar responsabilidades.
Para Díez Gargari, hace falta “labor de inteligencia profunda con información confiable”. Y aunque eso pueda empezar con el anuncio de Santiago Nieto, la esperanza sigue siendo que castiguen a quienes hayan incurrido en delito, como a quienes omitieron dar parte a la autoridad fiscalizadora.
