“El desafío de documentar este tipo de movimientos es que gran parte de las denuncias se realizan de manera pública, en redes sociales y sin un soporte que permita verificar plenamente los hechos….” Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

A lo largo de 2019 y 2020, los estudiantes de universidades públicas y privadas en todo el país han realizado protestas contra una serie de condiciones que vulneran sus derechos humanos: acoso sexual, cargas excesivas de trabajo, tratos discriminatorios e indignos y toda clase de violencia. Alumnos de la UNAM, ITAM, el Instituto Politécnico han realizado movilizaciones e instaurado paros, algunos de ellos aún permanecen, para denunciar tales actos. No obstante, universidades en los estados también han tenido movimientos de este tipo, como distintas casas de estudio de Puebla, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Veracruzana (UV). Sin embargo, la información de esas protestas no ha obtenido una gran difusión y cobertura debido a su naturaleza local, lo cual no significa que sean manifestaciones y causas menos significativas que las de las universidades nacionales.

Por esta razón y dado que el tema es aún vigente, decidí dar luz en este texto a las condiciones que prevalecieron en la UV el año pasado. El desafío de documentar este tipo de movimientos es que gran parte de las denuncias se realizan de manera pública, en redes sociales y sin un soporte que permita verificar plenamente los hechos, ni otorgar a los acusados el derecho de defenderse. Por ello, utilizaré las denuncias recibidas en la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) como indicador que intenta ser más fidedigno de las condiciones de los derechos humanos en esa Universidad y, sobre todo, la respuesta o atención que se da a las violaciones de dichos derechos en esa institución. Cabe señalar que los datos obtenidos son públicos y están al alcance de cualquier interesado por Internet.

En 2019, la DDU emitió 13 recomendaciones, la mayoría de estas se dirigieron a centros de estudio radicados en Xalapa, Veracruz, con un total de 8. La Facultad de Música de esa capital fue la escuela que más recomendaciones recibió, con un total de dos. De todas las recomendaciones cinco fueron aceptadas, dos parcialmente aceptadas (Facultad de Música, Facultad de Contaduría y Administración Xalapa), cinco no aceptadas (Centro de Idiomas Poza Rica-Tuxpan, Facultad de Psicología Xalapa, Instituto de Salud Pública, Programa Educativo Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta Xalapa, Facultad de Artes Plásticas Xalapa), y una sin respuesta (Licenciatura en Enseñanza de las Artes Poza Rica-Tuxpan. Es decir, el 38 por ciento de las recomendaciones de la Defensoría no fueron aceptadas por facultades, centros y programas educativos. Esto quiere decir que esas instituciones no aplicaron correctivos para resguardar los derechos universitarios, mostrando desprecio hacia la vulneración de las garantías de las personas.

La gravedad del asunto equivale a que secretarías o dependencias federales no acepten las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, circunstancia que se ve excepcionalmente, ya que el costo jurídico, político y reputacional de rechazar una observación de ese calado es muy alto. El hecho evidente y el foco principal en la UV reside en que las autoridades, primero, violentan los derechos universitarios de acuerdo con la DDU y, segundo, no están dispuestas a aceptarlo y corregirlo. Pero también esto cuestiona la eficacia en el trabajo de la defensoría, la UV destina presupuesto a esa institución para que vigile la observancia de los derechos de esa comunidad, lo cual no está sucediendo. Por tal motivo, es indispensable reformar a dicha instancia para dotarla de las herramientas necesarias para que sus recomendaciones tengan el efecto esperado. Asignatura de la más alta relevancia.

En este sentido, no es extraño que los estudiantes de esa universidad realicen numerosas protestas. Ante la indefensión en la que se encuentran la única opción es movilizarse y alzar la voz. No obstante, no todas las quejas a la Defensoría fueron realizadas por estudiantes, el eslabón más débil en la estructura jerárquica de las universidades. Las violaciones a los derechos universitarios ocurrieron a trabajadores, funcionarios y profesores, lo cual muestra un amplio espectro de descomposición en la UV. Lo sorprendente es que, de las cinco recomendaciones rechazadas directamente por instancias de dicha universidad, todas fueron realizadas por académicos y ninguna por estudiantes. Lo cual, entre otros elementos, arroja que los alumnos no recurren a la DDU, ya sea por desinformación o por desconfianza, por otro, que los profesores también son víctimas, en este caso de las autoridades de la casa de estudios veracruzana, y no siempre victimarios, como ha parecido ser la constante en las protestas universitarias de todo el país.

Las violaciones hacia los profesores recaen en los más desprotegidos que son quienes no cuentan con una plaza de tiempo completo. De hecho, de los cinco casos, cuatro son quejas sobre procedimientos violatorios en las evaluaciones para ocupar plazas de ese tipo. Y la otra queja interpuesta fue contra el Instituto de Salud Pública, debido a que rechazó la solicitud de un profesor para beneficiarse del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, aduciendo que no cumplía con el requisito de contar con menos del 5 por ciento de faltas durante el semestre. El académico solicitó una revisión de su caso, pero las autoridades no permitieron el debido proceso y las pruebas de las supuestas inasistencias del docente eran débiles, por decirlo de alguna manera. Por tanto, la Defensoría recomendó reponer el proceso respetando las garantías del profesor, pero el Instituto desechó el planteamiento y dejó fuera del programa al investigador.

De los otros cuatro casos referidos, cito el más representativo de ellos por el volumen de pruebas aportadas y el robusto análisis que realizó la DDE. En la Facultad de Psicología Xalapa, una profesora con 23 años de antigüedad presentó un examen de oposición para ocupar una plaza de tiempo completo. El resultado del comité evaluador la ubicó en un distante segundo lugar, asignando puntajes notoriamente bajos a comparación con la profesora ganadora. La académica quejosa solicitó una revisión de su evaluación, ante lo cual, el comité evaluador redujo el puntaje a dos puntos respecto del primer lugar. No conforme con la evidente injusticia, la profesora recurrió a la Defensoría, la cual le dio la razón y pidió a la Facultad de Psicología que repusiera el proceso antes las claras muestras de inequidad y violaciones en la evaluación referida. El director de la Facultad, Juan Grapain Contreras, rechazó la recomendación, sosteniendo que el caso ya se había revisado al interior y no consideraba necesario reponer la evaluación. A la profesora inconforme sólo le queda la opción de buscar justicia en tribunales locales, fuera de la UV, y depender laboralmente, en gran medida y desde su desventajosa posición, de las autoridades de la Facultad que la violentaron .

Las manifestaciones y el malestar de alumnos y profesores continuarán mientras la UV no establezca mecanismos preventivos y reactivos eficaces para hacer valer los derechos humanos de su comunidad. Está en las manos de sus autoridades combatir este flagelo o ser cómplice de ello mediante la omisión y el encubrimiento.