El próximo 7 de junio, un millón 413 mil 787 queretanos elegirán a su nuevo Gobernador. José Eduardo Calzada Rovirosa, el mandatario actual, ha manejado un bajo perfil que le ha funcionado para colocarse en diversas encuestas como “el mejor Gobernador del país”.
El próximo 7 de junio, un millón 413 mil 787 queretanos elegirán a su nuevo Gobernador. José Eduardo Calzada Rovirosa, el mandatario actual, ha manejado un bajo perfil que le ha funcionado para colocarse en diversas encuestas como “el mejor Gobernador del país”.El tema económico es el “orgullo” del Gobernador, las buenas finanzas del estado colocan a la entidad en una de las mejores posiciones a nivel nacional, por ello en sus informes y en entrevistas siempre destaca su labor en esta área.
Sin embargo, omite hablar de temas como la pobreza laboral, inseguridad, falta de transparencia, acoso a periodistas y violaciones a los derechos humanos, problemas que han colocado a la entidad en el ojo público.
Desde el primer año de su administración se supo que en Querétaro las cosas en materia de seguridad no andaban del todo bien, el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos puso a la entidad en la agenda nacional y no precisamente por las mejores razones. Dejar de lado estos temas que afectan directamente a la sociedad queretana le ha valido sendas críticas al Gobernador por parte de activistas y periodistas, quienes lo acusan de ser “indiferente” ante los problemas que se viven en la entidad.
Querétaro es una entidad que ha sido gobernada por dos fuerzas políticas: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). El 1 de octubre de 2009 marcó el regreso del tricolor a la entidad luego de 12 años de alternancia panista.
De acuerdo con las encuestas, el próximo 7 de junio la batalla electoral se cerrará en los candidatos de estos dos partidos. Por un lado Roberto Loyola Vera intentará conservar el poder para el PRI, y por el otro, Francisco Domínguez Servién buscará el retorno del PAN a la gubernatura de Querétaro.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– José Eduardo Calzada Rovirosa, de extracción priista, asumió la gubernatura de Querétaro el 1 de octubre de 2009, su triunfo en las elecciones del 5 de julio de ese mismo año marcó el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 12 años de alternancia panista.
En los primeros meses de su mandato, le tocó enfrentar uno de los temas más sonados a nivel nacional: el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos. El 15 de mayo de 2010 Fernández de Cevallos fue declarado como desaparecido. Se le vio por última vez un día antes a las 11 de la noche en Querétaro cuando ingresó un café de la Plaza Cibeles. Ese mismo día el entonces Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa ordenó un operativo para localizarlo.
El plagio consternó a la clase política del país, gobernadores, representantes del clero y de la iniciativa privada exigieron dar con su paradero.
Días después, el 21 de mayo de ese mismo año, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del político panista, envió un comunicado en el que solicitó a las autoridades mantenerse al margen del caso a fin de favorecer el proceso de negociación para la liberación del Jefe Diego, como también se le conoce a Fernández de Cevallos.
El 27 de julio los secuestradores difundieron una carta escrita de puño y letra del político panista fechada el 10 de junio y una fotografía de medio cuerpo en la que sostenía un ejemplar de la revista Proceso. Los familiares dieron por buenas la carta y la imagen.
Posteriormente los presuntos plagiarios dieron a conocer otros dos comunicados, en total fueron tres.
El 16 de diciembre de ese mismo año, el periodista José Cárdenas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje denominado “Boletín–Epílogo”, que los captores le solicitaron difundir. En el texto anunciaban la liberación del panista y decían que su captura fue “un golpe político”.
El 20 de diciembre de ese año, tras siete meses y seis días de secuestro, Diego Fernández de Cevallos fue liberado.
El plagio de Fernández de Cevallos en Querétaro puso en la mira al gobierno estatal, que presumía de ser uno de los estados más seguros del país.
Los años posteriores de su administración José Calzada trató de mantenerse con un bajo perfil, situación que le ha valido ser el mejor Gobernador calificado del país, de acuerdo con encuestas. Pero en la realidad, situaciones polémicas lo vuelven a colocar en el ojo público y no precisamente por las mejores razones.
Gastar más de un millón de pesos en la fotografía oficial de su gabinete en el 2009, violaciones a los derechos de migrantes y activistas, pobreza laboral, falta de transparencia e inseguridad, son algunos de los temas que heredará Calzada Rovirosa a su sucesor.
En este escenario, los queretanos decidirán el próximo 7 de junio quién los gobernará en el periodo 2015–2021. Algunas de las preguntas en estas elecciones para la entidad son: ¿regresará el PAN a gobernar el estado?, ¿los ciudadanos apostarán por un nuevo partido como Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) o el de la Revolución Democrática (PRD)?, ¿preferirán la continuidad del PRI?.. La respuesta está aún en el aire.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 7 DE JUNIO?
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 7 DE JUNIO?El 7 de junio los queretanos elegirán en las urnas un nuevo mandatario estatal, 18 alcaldes, además de 25 diputados locales, 15 de mayoría relativa y 10 por representación plurinominal.
En la Lista Nominal del estado están registrados un millón 413 mil 787 ciudadanos, de los que 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento son hombres.
En el proceso electoral participarán 10 institutos políticos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El Partido Humanista y Encuentro Social (PES) sólo participarán en las elecciones para ayuntamientos.
LA HERENCIA DE ROVIROSA EN QUERÉTARO
DEUDA PÚBLICA Y FALTA DE TRANSPARENCIA
DEUDA PÚBLICA Y FALTA DE TRANSPARENCIALa deuda histórica del estado es de mil 678.5 millones de pesos, de acuerdo con la organización México ¿cómo vamos? representa el 0.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
En los poco más de cinco años de la administración de José Calzada en Querétaro, el tema económico es uno de los preferidos del Gobernador, las buenas finanzas del estado han colocado a la entidad en los últimos años en “semáforo verde”, de acuerdo con México ¿cómo vamos? Sin embargo, en temas como la pobreza laboral, inseguridad y transparencia lo ubican en los últimos lugares.
El informe de la organización sobre los nueve estados que elegirán a Gobernador en las próximas elecciones, destacó que durante la administración de Calzada Rovirosa, la tasa de robo de autos por cada 100 mil habitantes se duplicó, al pasar de 108 a 212 autos robados en un año.
La organización también revela el aumento de la “pobreza laboral”, –el porcentaje de la población que no puede alimentar a los integrantes de su familia con sus ingresos–, que pasó de 36.2 a 41.9 por ciento.
Aunque este porcentaje es inferior al promedio nacional [42.9], la organización indicó lo rápido que aumentó la pobreza en la entidad y alertó que de seguir con esa tendencia, pronto podría superarlo.
México ¿Cómo vamos? sugirió a los electores exigir a los candidatos a Gobernador de Querétaro que atiendan el incremento de la inseguridad y la pobreza en la entidad.
En el tema de transparencia, el pasado 4 de mayo, la organización Fundar presentó los resultados del índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM). De acuerdo con el informe, la mitad de las leyes estatales siguen reprobadas y tienen grandes rezagos en materia de transparencia.
Los resultados de la organización colocaron a Querétaro como uno de los cinco estados peores evaluados con una calificación reprobatoria de 4.9, las otras entidades fueron Hidalgo, Baja California Sur, Yucatán y Campeche.
ESCÁNDALOS Y REPRESIÓN CONTRA PERIODISTAS
ESCÁNDALOS Y REPRESIÓN CONTRA PERIODISTASA pesar del bajo perfil con el que se ha manejado Calzada Rovirosa, en 2013 se vio envuelto en la polémica al ser expuesto por la periodista Carmen Aristegui, quien hizo del conocimiento público que el gobierno del estado de Querétaro había gastado 1 millón 69 mil 500 pesos en la fotografía oficial del mandatario y en la de su gabinete en el 2009.
La polémica se intensificó cuando salieron a relucir algunas cifras: por ejemplo, el salario promedio de un queretano es ligeramente superior a los ocho mil pesos mensuales, lo que mostró que el gasto en las fotos era el equivalente a 11 años de ingresos de un ciudadano promedio.
En el mes de junio de ese mismo año, Calzada Rovirosa también se vio envuelto en la polémica al visitar Baja California para hacer proselitismo a favor de los candidatos del PRI
En esa ocasión el regidor panista de Querétaro, Armando Rivera Castillejos, pidió al mandatario que solicitara licencia ya que su trabajo debería estar comprometido los 365 días del año con el estado y no con su partido.
“El Gobernador tiene un trabajo ‘ejecutivo’ … alguien que tiene el mando único no puede estar fuera del estado haciendo cosas que no beneficien al estado”, aseguró el funcionario.
El equipo de comunicación de José Calzada ha tenido cuidado de manejar, en lo posible, una buena imagen del mandatario en los medios de comunicación nacionales, sin embargo, diarios locales revelan los abusos en contra de activistas y periodistas críticos de su administración.
Uno de los casos más sonados que se tuvo conocimiento a nivel nacional se produjo el 28 de octubre del año pasado cuando se difundieron unos audios en el que se escuchaba la voz del Secretario de Gobierno estatal, Jorge López Portillo Tostado, ordenando un ataque a golpes contra el periodista Juan Manuel Auzua por haber insinuado en su programa que el Gobernador tenía que ver con el problema de la inseguridad en la entidad.
Juan Manuel es conductor del programa de radio “El Guardián de la noche”, que se transmite en el estado en la frecuencia 92.7 FM.
A través de una llamada telefónica con el Coordinador de Comunicación Social del estado, Abel Magaña Álvarez, López Portillo Tostado señaló al periodista por informar datos “en materia de seguridad”. Por esta razón, y de acuerdo con el audio difundido en el canal de videos YouTube, ordenó: “A ese hay que romperle la madre, eh”.
Luego de la divulgación de las grabaciones, los periodistas queretanos protestaron a través de un comunicado emitido el 1 de noviembre, en el que se quejaron del intento de censura y de la amenaza contra el locutor.
Ante la presión, el Secretario de Gobierno reconoció que ordenó agredir al periodista.
“Lamento haber hecho esta expresión incorrecta, en este sentido, el gobierno del estado, en particular el Secretario de Gobierno, yo, me declaro absolutamente respetuoso de los medios de comunicación“, dijo López Portillo a la prensa local.
Aunque la disculpa estuvo acompañada de una denuncia por el presunto espionaje del que fue víctima. El funcionario estatal anunció que desde que se dieron a conocer los audios procedió a interponer las denuncias correspondientes por el delito de espionaje ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Procuraduría General de la República (PGR).
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOSOctubre de 2012:
El 17 de octubre de 2012 se dio a conocer un video donde se exhibían los golpes que recibió el trabajador José Alberto Zamora Esparza por parte del coreano Kim Jaeoak en la empresa Sam Won de Querétaro.
La Secretaría del Trabajo estatal prometió velar por sus intereses y procurar justicia, pero no sucedió.
Zamora Esparza vivió un calvario en Querétaro. Después del escandaloso video difundido a través de las redes sociales –donde su supervisor lo pateaba-, y de interponer una demanda laboral y otra civil en contra de la compañía coreana proveedora de Samsung, permaneció sin empleo durante seis meses hasta el punto de tener que abandonar la entidad para poder colocarse, dijo Jazmín Sánchez García, abogada del trabajador.
Esto sucedió a pesar de que dos días después de que se difundió la grabación, el Gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, declaró que en esa entidad nada estaría por encima de la ley, la dignidad de las personas y los derechos laborales.
Jorge Alberto laboró durante dos años en la empresa Sam Won y cuando fue despedido ganaba ocho mil pesos mensuales en el puesto de Subgerente de Ventas.
Un mes después de su despido injustificado encontró trabajo en la empresa Polimer Industrial en el puesto de Supervisor de Calidad, con un sueldo de siete mil pesos mensuales, pero a la semana sus nuevos empleadores se enteraron de que se trataba del mismo trabajador del video-escándalo del coreano y lo suspendieron de sus labores sin un peso.
“Jorge fue estigmatizado y pareciera que había una orden de cerrarle las puertas en todas las empresas de Querétaro”, dijo la abogada en entrevista a medios.
En cuanto a la compañía Sam Won, la Secretaría del Trabajo de Querétaro anunció con bombo y platillo que la empresa sería clausurada, pero el cierre sólo duró una semana, la compañía volvió a opera con su plantilla de 300 obreros, bajo el argumento de que se requería esa fuente de trabajo.
Marzo de 2013:
Los migrantes es otro de los temas que ha colocado a la entidad queretana en el ojo público. Activistas y defensores de derechos humanos han denunciado abusos por parte de las autoridades a su paso por esta entidad.
El 4 de marzo de 2013, el presidente de la Casa del Migrante González y Martínez, Mario González Melchor, denunció el presunto secuestro de ocho mujeres migrantes en el municipio de Tequisquiapan.
Afirmó que de acuerdo con algunos testigos, hombres armados que viajaban en un par de camionetas tipo pick up sin placas bajaron a todos los migrantes cuando el tren paró en la comunidad de San Nicolás.
Los hechos se presentaron antes de las 8 de la noche, de acuerdo con un testigo que señaló que acompañaba a una mujer de Honduras, por lo que se estimó que la mayor parte de ellas podrían ser de ese país y no mayores de 25 años.
Mario González afirmó que aunque pidió a los migrantes contribuir a la presentación de la denuncia en el Ministerio Público, ninguno quiso ser testigo en los hechos para no detenerse en el trayecto y evitar ser deportado.
Tras conocerse la noticia, Paloma Guillén, la entonces subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que los casos habían sido denunciados en la denominada ruta del migrante y que había un grupo especializado de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo está investigando. Después, ni las autoridades federales ni estatales informaron más del caso.
En otro hecho, el pasado 20 de abril, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana denunció que 24 indocumentados, integrantes del Viacrucis Migrante, fueron detenidos en Querétaro, luego de que el padre Alejandro Solalinde Guerra rechazara el diálogo con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración (INM).
De manera extraoficial se informó que las personas ilegales, quienes tenían un amparo concedido por el Juzgado Sexto Federal con sede en Salina Cruz, Oaxaca y medidas precautorias por la CNDH, presentaron sus documentos; sin embargo, los agentes migratorios determinaron que no eran válidos porque eran fotocopias.
Aunque las instancias que detuvieron a los migrantes fueron federales, defensores de los derechos humanos reclamaron al gobierno estatal por no pronunciarse al respecto.
El Viacrucis Migrante se realiza desde hace varios años en México con el objetivo de hacer visible el drama de las personas indocumentadas que intentan llegar a los Estados Unidos a su paso por el territorio nacional.
Este año comenzó el pasado 24 de marzo con un amplio operativo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, que agrupa a siete organizaciones civiles que trabajan con jornaleros agrícolas y poblaciones indígenas migrantes, la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y el Estado de México.
Julio de 2013:
A Calzada Rovirosa también lo persiguieron llamados de atención por parte de la Cámara de Diputados y después por parte del Senado de la República.
Mediante un punto de acuerdo promovido por el entonces Senador Ricardo Monreal Ávila el 17 de julio de 2013, el Gobernador fue exhortado a garantizar y respetar a líderes de oposición el derecho humano y constitucional a la libertad de reunión, así como a la libre expresión y manifestación de las ideas a la ciudadanía.
La polémica se desató tras la difusión de un video en el que se acusara al regidor José Luis Aguilera Rico, del Movimiento Ciudadano (MC) de estar detrás de los choferes y ‘checadores’ del transporte público que manifestaron su inconformidad contra la entrada en vigor de una nueva ley de transporte, Monreal Ávila promovió el punto de acuerdo en el que se advierte la presunta criminalización de la protesta en la entidad.
De acuerdo con las acusaciones de Monreal, el video fue enviado a los medios por personal de la Secretaría de Gobierno estatal a través de sus cuentas en “redes sociales”.
De acuerdo con la explicación, el video es una versión editada de una reunión que duró más de dos horas que sostuvo el regidor José Luis Aguilera Rico en sus oficinas de enlace con representantes del transporte público el 27 de junio del 2013.
Ante las acusaciones, durante su Cuarto Informe de Gobierno el mandatario únicamente exhortó a la oposición a trabajar de manera coordinada y evitar confrontaciones.
Noviembre de 2013:
La mañana del 1 de noviembre de 2013, elementos de la policía estatal irrumpieron con armas largas en el domicilio de la activista Brenda Rangel, como parte de un supuesto operativo.
“Me dijeron que habían recibido una llamada anónima y que por eso llegaron a mi casa, me acusaron de portar armas y otras cosas que no son”, recordó en esa ocasión la también madre de familia.
Al día siguiente de lo ocurrido, la organización Fundem se pronunció en un comunicado manifestando su indignación “en lo que representó una acción claramente dirigida para amedrentar a las familias victimizadas por la desaparición de sus seres queridos y que externan sus inconformidades y clamores”.
De acuerdo con Fundem, la familia afectada sufrió el amago de manera súbita y sin mediar las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, y con el argumento de que había un reporte de armas en el domicilio de la familia. Ante la exigencia a los servidores públicos para que se acreditaran y justificaran este atropello, uno de los agentes refirió que las órdenes venían directamente de arriba.
La familia logró documentar números de patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, de la Dirección de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, éstas traían las leyendas “PIM” y PGJ”, otros vehiculos tenían la leyenda “Policía Estatal”, asimismo pudieron identificar por lo menos tres vehículos más sin placas ni identificación visible.
En el comunicado, Fundem solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar una investigación para esclarecer lo sucedido y exigió al Gobernador y al Procurador de Querétaro tomar medidas para garantizar la integridad y seguridad de la familia de la activista Brenda Rangel.
Febrero de 2014:
El 27 de febrero de 2014 ciudadanos queretanos defraudados por la caja de ahorro popular 30 de agosto, se apostaron en la puerta del Palacio de Gobierno de Querétaro para esperar al Gobernador José Calzada Rovirosa, a quien exigieron solución inmediata a su problema.
Con pancartas en mano y consignas de desaprobación, los defraudados lamentaron que la solución a su problema sólo sea parcial, ya que sólo recibirán hasta 70 por ciento del monto que tenían ahorrado.
Al llegar al Palacio de Gobierno, el mandatario estatal intentó dialogar con los inconformes, pero las muestras de rechazo lo impidieron, por lo que pidió crear una comisión para poder platicar.
A principios de febrero de ese mismo año, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, dio a conocer que se crearía un Fideicomiso para devolver hasta un 70 por ciento del recurso ahorrado por los socios de la caja popular, como lo marca la ley vigente.
Ante ello, los socios defraudados manifestaron su rechazo y exigieron al Ejecutivo estatal que gestione para que se les entregue el pago total de sus ahorros depositados en esa caja popular.
En un mensaje, Calzada Rovirosa pidió confianza a los manifestantes y aseguró que pondría todo su esfuerzo en resolver esta situación, aunque aclaró que se trata de un tema de orden federal.
En enero de este 2015, el Secretario de Planeación y Finanzas del estado, Germán Giordano Bonilla, anunció el pago a cuatro mil 261 personas de los ocho mil defraudados de la caja popular, es decir, casi el 50 por ciento.
El resto de las personas estafadas tendrá que esperar a que termine el juicio mercantil en los tribunales, ya que el apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal concluyó.
Julio de 2014:
De acuerdo con datos del organismo no gubernamental Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), de 2012 a 2014 se tiene el registro de cerca de 77 personas desaparecidas dentro y fuera de Querétaro. A esa cifra se suman otras 100 más que el gobierno del estado había documentado hasta 2011.
El 26 de julio del 2014 varias familias de desaparecidos en Querétaro se concentraron fuera de las oficinas del gobierno estatal a fin de solicitar una audiencia con el Gobernador José Calzada, para entablar un diálogo y acordar acciones sobre la búsqueda y localización de víctimas.
Pero el Ejecutivo estatal no respondió a sus demandas, al contrario, los familiares acusaron a las autoridades estatales de “intimidación”.
Al día siguiente y ante la omisión del Gobernador, los familiares decidieron realizar una manifestación en uno de los carriles de la carretera 57, a la altura del kilómetro 9, para exigir nuevamente que Calzada se presentar en el lugar y se comprometiera a entablar una reunión con ellos. Pero no fue así. Ese día, el Gobernador presentó su Quinto Informe de actividades.
Brenda Ivone Rangel Ortiz, integrante de Fundem, acusó que antes de que los familiares de las víctimas intentaran bloquear la vialidad, las llantas de su automóvil fueron “ponchadas”. Lo calificó como un hostigamiento por parte de las autoridades estatales para frenar la manifestación. Al mismo tiempo, las familias interpretaron el hecho como “una amenaza para intimidarlas y que no sigan exigiendo se busque a sus seres queridos”, agregó la activista.
El 27 de julio del año pasado, Fundem denunció que el gobierno del estado de Querétaro ha enviado una gran cantidad de efectivos de seguridad a intimidar a las familias. “A uno de los manifestantes lo agredieron dos policías encapuchados, cuando estaba estacionando su vehículo para sumarse al plantón. Con varios de los familiares se han acercado hombres civiles para decirles ‘les vamos a partir la madre’ y otras expresiones amenazantes”, acusaron.
Abril de 2015:
El pasado 29 de abril, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) señaló que la Secretaría de Gobierno estatal impidió el ingreso de una de sus visitadoras para verificar las condiciones en las que están las internas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de San José el Alto.
Ante esta situación, el presidente de la DDHQ, Miguel Nava Alvarado, emitió un informe especial dirigido al Gobernador de estado, José Calzada.
De acuerdo con el informe difundido por la Defensoría, los responsables de permitir el ingreso a la representante de ese organismo son el Secretario de Gobierno, Jorge López Portillo, y el subsecretario de Gobierno, Alfonso Jiménez Campos.
“En mi calidad de Titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; EMITO INFORME ESPECIAL, ante la gravedad y las dificultades que impidieron el desarrollo de las funciones del Organismo Constitucional Autónomo”, detalló el informe.
De acuerdo con el documento, el organismo había solicitado ingresar al penal para coadyuvar con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato quien recibió una queja de la interna del Cereso femenil de San José el Alto en donde precisó haber sido objeto de golpes, amenazas, tortura e incomunicación.
Tras el informe, el Gobernador dijo en entrevista a medios locales que todas las recomendaciones y opiniones que emiten los organismos independientes deben ser observadas y atendidas para estar siempre del lado de la gente.
“Particularmente esta que es tan importante de derechos humanos hay que observarlas, hay que atenderlas y hay que estar siempre del lado de la gente. Déjeme checar este tema para que se resuelva”, aseguró.
Por su parte, Jorge López Portillo Tostado, Secretario de gobierno del estado, aseguró que se estaba revisando el tema y aseguró que no se le negó el acceso a la visitadora.
“En su caso no le fue negado, la visitadora ya después no quiso asistir, pero bueno es una circunstancia que lo tratamos directamente con ellos”, expuso.
