Especialistas en política de México y Estados Unidos plantearon que el combate a la corrupción es fundamental en el último tramo de la actual administración. Sin embargo, en términos generales, concluyeron que el sexenio ya se perdió, pues el país se mantiene con un crecimiento económico mediocre y la indignación social va en aumento en la medida que también se incrementan los casos de represión contra la sociedad civil a manos de fuerzas del Estado. Castigar a gobernadores y ex gobernadores corruptos puede ser una oportunidad para retomar las riendas del partido en el gobierno –el PRI– pero ya no abonaría en la recuperación de la imagen presidencial, coincidieron.

s a la administración de Enrique Peña Nieto a quien le corresponde que esta especie no se extinga. Foto: Cuartoscuro.

La administración de Enrique Peña Nieto entrará el próximo 1 de diciembre a la recta final: sus últimos dos años. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).­– Emprender acciones en contra de gobernadores acusados de corrupción representa una oportunidad para el Gobierno federal de modificar ligeramente la percepción ciudadana sobre el Presidente Enrique Peña Nieto y su manera de conducir al país, sin embargo, no será suficiente para salvar a su gestión de un complicado fin de sexenio, consideran analistas de México y Estados Unidos.

Agregan que en el último tramo de su sexenio, Enrique Peña Nieto debe tomar acciones decisivas para evitar un cierre caótica y pasar a la historia como el peor Presidente de México en materia de combate a la corrupción.

Este Gobierno, coinciden, está muy desgastado casi desde su inicio, no sólo por la corrupción y el conflicto de interés que alcanzó a Los Pinos con el tema “casa blanca” [la compra de la Primera Dama de una casa de más de 7 millones de dólares a Grupo Higa] sino también por el enojo ciudadano, la insensibilidad de funcionarios que no escuchan a la sociedad y la falta de disposición para emprender investigaciones reales y a fondo en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; la ejecución de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya, Estado de México; la muerte de cinco civiles en una presunta emboscada contra policías en Apatzingán, Michoacán, y el reciente enfrentamiento entre policías y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Nochixtlán, Oaxaca.

Actualmente, consideraron, los intereses del Gobierno federal lo llevaron a tener una capacidad de acción muy reducida, a llevar al país a una crisis de Estado de Derecho y al partido en el gobierno –el Revolucionario Institucional (PRI)– a enfrentar una de las peores derrotas de su historia en la pasada elección del 5 de junio en la que perdió tres gubernaturas que habían sido parte de sus bastiones históricos: Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

Aunque a dos años antes de concluir su administración el Presidente quiera enderezar el barco con acciones como pedir por la vía legal la inconstitucionalidad en contra de leyes “a modo” de gobernadores corruptos, esto puede interpretarse como una salida para darle un espaldarazo al nuevo líder del PRI y así tratar de conservar el poder durante las elecciones de 2018, afirman. Sin embargo rescatar la figura presidencial es casi imposible, al menos así lo muestran las encuestas, comentan.

El mes pasado, una encuesta de Grupo de Economistas y Asociados (GEA) e Investigaciones Sociales Aplicas (ISA) reportó que los niveles de aprobación del Presidente oscilaban en 35 por ciento, nueve puntos menos que en el primer trimestre de este mismo año.

Y LO QUE FALTA…

Policía antimotines, durante los enfrentamientos con pobladores. Foto: Cuartoscuro

Policía antimotines, durante los enfrentamientos con pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 20 de junio. Foto: Cuartoscuro

Para Duncan Wood, director del Instituto sobre México del Wilson Center, la capacidad de gobernar de la actual administración “es muy reducida” porque en el país existen una serie de intereses que no responden a la autoridad del Gobierno federal.

“Lo mejor que podemos esperar son dos o tres cosas: que haya un buen manejo de la economía, que sigamos con crecimiento aunque sea bajo; que se aterrice la implementación de las reformas [estructurales] y que haya avances en la agenda anticorrupción, ya hay un sistema, pero es muy importante avanzar con esa agenda y que empecemos a llevar a los corruptos ante a las cortes porque si no lo hacemos, no vamos a avanzar en transparencia”, expresó ante la situación de la administración federal en su último tramo.

Desde su punto de vista, el tema de la economía es un punto sensible, “ya que tenemos muchos mundos en México”, a pesar de que recientemente el Gobierno federal implementó el sistema de zonas económicas especiales con la intención de fomentar el desarrollo de las áreas geográficas de acuerdo con sus actividades económicas preponderantes, está no será la solución ni una respuesta a corto plazo a los problemas que enfrentan los más de 53 millones de mexicanos que viven en situación de pobreza. “Se tiene que insistir en el Estado de derecho y que este aplique a los ciudadanos y el Gobierno mismo, que haya inversiones por parte del Gobierno que tengan que ver con áreas relacionadas con infraestructura y educación”.

En este aspecto, señaló que en lugar de hacer recortes al presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería ampliar el gasto en rubros como los antes mencionados y en otros, como el campo, siendo este último el que representa un reto para el país, ya que el problema de las áreas rurales en las que no se está produciendo lo suficiente para alimentar a la población, ni fuentes de empleo, puede durar décadas.

Los apoyos económicos que existieron ancestralmente para el sector y el cambio de modelo económico mantienen al sistema agrícola del país en declive, lo que exige pensar detalladamente cómo invertir en estás áreas.

Guadalupe Correa Cabrera, profesor asociado del Departamento de Estudios de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, consideró por su parte que al Presidente ya se le pasó el tiempo para enderezar el barco, no solamente por el tema de la pobreza o la corrupción sino por los casos abiertos que han indignado a la sociedad y que no se van a solucionar en dos años, ya que requieren de amplias investigaciones, tales como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de civiles a manos de fuerzas del Estado en Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, por mencionar algunos.

“No va a parar la movilización social ni a cambiar la imagen del PRI, el Gobierno de EPN ya está perdido porque se perdió desde principio”, consideró.

Dese su óptica, lo que se verá en los dos últimos años de Gobierno de EPN son sólo pequeñas acciones para intentar mostrar una intención de cambio, “me parece que estas acciones no las veo honestas reales ni con el afán de un verdadero cambio”.

EL CASO DE LOS EX GOBERNADORES

promo Duarte y Borge

Correa Cabrera y Duncan Wood coinciden en que en los últimos sexenios, los gobernadores se han convertido en una clase de “príncipes” propietarios de sus tierras que se sienten con el derecho de hacer cualquier cosa con sus estados y con sus habitantes sin que exista una ley que los obligue a respetar los límites.

Lo anterior, expresaron, es síntoma de la falta de un control superior, tanto oficial como ciudadano, que los obligue a cumplir con la Ley, por eso Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad y del Índice de Impunidad de México de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP), consideró que en este momento, el Presidente Peña Nieto tiene una oportunidad de oro de desmarcarse de la corrupción que se le atribuye a gobernadores, como Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quinta Roo, y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, pero también de ex Gobernadores como Fidel Herrera Beltrán, antecesor de Duarte de Ochoa.

“La corrupción ha tocado su administración –la de Peña Nieto–, pero no había en su momento los instrumentos legales ni la voluntad política para castigarlos porque había un pacto de impunidad, lo que vimos [contra los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz] no significa que se haya roto el pacto de impunidad sino que se empieza a romper porque este país ya no lo aguanta”, expresó.

Esta ruptura, continuó, marca un momento en el que el Presidente, como mandatario de la Nación y como presidente de su partido, tiene la responsabilidad de castigar a gobernadores emanados del mismo [partido] y ésta es una oportunidad, “si esa oportunidad no la aprovecha, la van a aprovechar otros políticos, por ello es el principal responsable como Presidente de la República y de su partido de investigar a los gobernadores en materia de corrupción y que fueron impunes durante su administración”.

Fue enfático al señalar que si Peña Nieto no castiga a los mandatarios corruptos, la corrupción “lo acompañará por el resto de su vida”.

“Es su momento, su oportunidad para seguir haciendo políticas anticorrupción efectivas porque puede convertirse en el peor Presidente de la historia en términos de corrupción y conflicto de interés, y lo que hizo [con Borge Angulo y Duarte de Ochoa] es un paso, pero eso no limpia su administración ni la responsabilidad política que tuvo también como presidente de su partido”.