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Redacción/SinEmbargo

15/08/2017 - 6:24 am

Los enemigos de Lozoya / Legisladores que dan vergüenza

En días pasado tres altos directivos de Odebrecht, señalaron a Emilio Lozoya Austin, como el funcionario al cual la empresa brasileña le pagó “propinas” a cambio de obtener licitaciones en nuestro país. Además se ha especulado que el dinero depositado pudo haber servido como financiamiento a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en marzo de 2012.

Los enemigos de Lozoya
En días pasado tres altos directivos de Odebrecht, señalaron a Emilio Lozoya Austin, como el funcionario al cual la empresa brasileña le pagó “propinas” a cambio de obtener licitaciones en nuestro país. Además se ha especulado que el dinero depositado pudo haber servido como financiamiento a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en marzo de 2012.  Sobre el tema en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que “sin dar la cara públicamente y a través mensajes en su cuenta de Twitter, Emilio Lozoya Austin, lanzó ayer sendas amenazas de demandas ‘a quien corresponda, por daño moral y otros’, a quienes lo han acusado de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht […]. ¿De plano se siente intocable o se sabe protegido el señor Lozoya Austin? Porque su actitud retadora, amenazante desde su escondite y escudado en sus influyentes abogados como Javier Coello Trejo, parece la de alguien que, si bien tiene derecho a defenderse y los medios para hacerlo, tampoco aporta pruebas de su inocencia ni se presenta ante la sociedad y menos ante las autoridades, que extrañamente tampoco lo investigan […]. Emilio hizo demasiados enemigos en su paso por Pemex […]. Hoy Lozoya no sólo tiene que responder por la corrupción de Odebrecht, sino por una serie de decisiones equivocadas y actos de ilegalidad que dejaron a la petrolera nacional en bancarrota […]. El propio Lozoya, en comentarios hechos a cercanos suyos, afirma que él no recibió dinero de Odebrecht, pero apuntaba a que esos recursos llegaron a través de una ‘operadora financiera de un Gobernador’ y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex Secretaria de Finanzas de Hidalgo y actual titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Ayer Nuvia hizo contacto para negar rotundamente las afirmaciones del ex director de Pemex. ‘Yo nunca manejé ni recibí ningún dinero en la campaña […]. No tengo nada que ver en este asunto (de Odebrecht) y hay quien utiliza cobardemente mi nombre para defenderse o eludir responsabilidades’, dijo la ex Diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así que, por más protegido que se sienta Lozoya Austin y por más que ahora él hable de “impunidad” y amenace con demandas, sus enemigos son muchos y están dispuestos a cazarlo”.

Las acusaciones de ex directivos de Odebrecht hacia Emilio Lozoya podrían hacer temblar al PRI, pues en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “cuando parecía que el gobierno federal lograba asomar la cabeza del socavón, ¡que le cae encima Emilio Lozoya! Si realmente no quiere parecer que encubre al ex Director de Pemex, la administración de Enrique Peña Nieto necesita moverse rápido. La cosa está en saber si realmente en Los Pinos están interesados en que Lozoya responda ante las graves imputaciones directísimas de que recibió 10 millones de dólares en sobornos, una parte durante la campaña de 2012. Por lo pronto es muy posible que el PRI estrene con Emilio Lozoya su flamante Comisión de Ética, aunque no se sabe si como imputado… ¡o como presidente!”

El presunto financiamiento de la campaña presidencial de 2012 por parte de Odebrecht, representa un pekigro grave para Lozoya, pero también una oportunidad, debido a que involucra al actual jefe del ejecutivo, Así lo manifiesta en El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, quien escribe que “el mismo día llegaron para Emilio Lozoya una bala y un blindaje. Y las dos cosas partieron de la misma noticia: se empezó a conocer lo que confesaron ante tribunales los altos directivos de la empresa brasileña Odebrecht […]. Según la acusación, Lozoya habría recibido cuatro millones de dólares, cuando era uno de los capitanes de la campaña presidencial priísta de Enrique Peña Nieto, y el resto, cuando ya encabezaba Petróleos Mexicanos […]. Estas revelaciones constituyen para Emilio Lozoya una bala y un blindaje. Una bala que le pega. Él emitió un comunicado, rechazando que sean ciertas las afirmaciones de los ejecutivos de la constructora brasileña. Descalificó a sus acusadores, diciendo que son delincuentes confesos que dicen lo que sea con tal de conseguir que les rebajen la pena. Quizá no baste. Quizá tenga que dar la cara frente a una opinión pública expuesta a cada vez más investigaciones, más dudas, más señalamientos en su contra que han dañado su imagen pública y pueden meterlo en subsecuentes problemas en sus empresas privadas. Pero también son un blindaje. Un blindaje legal y político. El darse a conocer que 4 de los 10 millones de dólares habrían sido transferidos por Odebrecht a una cuenta bancaria off shore en las Islas Vírgenes Británicas […], presuntamente vinculada con Lozoya, durante los tiempos de la campaña presidencial de 2012, escala peldaños del cuestionamiento sobre los alcances del brazo corruptor del consorcio brasileño: Lozoya deja de ser la pieza más importante del rompecabezas. La gran pregunta es si ese supuesto pago llegó a la campaña de Enrique Peña Nieto, si el Presidente de México está a punto de meterse en la misma bronca en la que ya se metieron otros mandatarios latinoamericanos a cuyas campañas políticas aportó Odebrecht por debajo del agua. Si algo turbio pasó ahí, Lozoya lo sabe. Y ese sería su blindaje: el del hombre que sabe demasiado”.

Luego de que el escándalo de la empresa brasileña se diera a conocer, los directivos implicados buscan en cada país involucrado llegar a acuerdos con las fiscalías con la finalidad de buscar penas menores. Sobre el tema en Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: “tras las declaraciones los funcionarios de Odebrecht […] la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que han tenido la oferta de saber eso y más. ‘Representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios y/o funcionarios públicos involucrados’. Desde que destapó el escándalo Odebrecht, la táctica de la empresa en varios países es llegar a acuerdos con las fiscalías: yo te cuento cómo corrompí a tus funcionarios o di dinero a campañas y te lo devuelvo a cambio de penas menores para la empresa y sus directores y en algunas ocasiones hasta inmunidad total. La PGR se ha negado a tal acuerdo. La lógica de Cervantes es que eso podría resultar en un incentivo para muchas empresas ahora y en el futuro: soborno a funcionarios, obtengo beneficios, unos años después lo cuento y a mí no me pasa nada. En febrero, la fiscalía brasileña firmó con la PGR y otros países un acuerdo para cooperar y compartir información. El problema es que la misma fiscalía brasileña ya estaba atada por el convenio que ellos mismos habían firmado con Odebrecht e incluye, por ejemplo, que si un nacional brasileño ya ha sido sancionado en Brasil, no pueda volver a ser sancionado por otro país con base en la misma información. La complejidad de las operaciones de soborno, la utilización de paraísos fiscales, más los convenios que ha conseguido Odebrecht en sus acuerdos con diferentes países ponen a la PGR en una situación complicadísima si quieren armar ellos solos un caso. Puede ser que, en principio, Cervantes esté en lo correcto. Pero, como leímos domingo y lunes, Odebrecht y los brasileños tienen la sartén por el mango y hacen que la decisión de la PGR se vuelva, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, insostenible. Como insostenible es que, si quieren arreglar el lío solos y sin acuerdos reparatorios, en la PGR nadie haya llamado a Lozoya para preguntarle algo”.

En México, los involucrados en el caso Odebrecht parecen tener una actitud evasiva ante las acusaciones en su contra, así lo expresa en el Excélsior, la periodista Yuriria Sierra, quien menciona que: “nadie sabe dónde está. A Emilio Lozoya le bastó con un tuit y con darle toda autoridad a su abogado, Javier Coello Trejo, para que sea él quien dé la cara por él, limpie su nombre y demande a quien lo difame. Pensará que no es asunto grave […]. México era uno de los pocos países mencionados en el escándalo de Odebrecht, al que le faltaban nombres. Y aunque lo revelado es negado por el referido en las declaraciones de quien habría hecho los tratos con él, vale la pena recordar que esta empresa brasileña se encuentra desde hace unos meses envuelta en el mayor escándalo global por corrupción. Y cómo no iba a estarlo si se supo que ha pagado millones de dólares en sobornos en varios países, con tal de hacerse de licitaciones que le permitan operar en naciones en las que se sabe hicieron tratos por debajo de la mesa […]. Esta red de corrupción es grande y se ha revelado tanto de ella que, por la dimensiones del caso, poco margen de error podríamos encontrar en lo que declaran los involucrados. Con el escándalo encima, poco pueden perder soltando nombres. Lo curioso es el silencio que invade a quienes tendrían que ser lo primeros en pedir una explicación y a reprobar el hecho, sea o no cierto. Estamos a semanas de que inicie el año electoral. Si el PRI quiere ser competitivo, debe comenzar a apagar los fuegos que están por estallarle. Si el caso de Javier Duarte los movilizó para un control de daños, este asunto, que involucra a un exintegrante del gabinete, los debería obligar a reaccionar de la misma manera. A menos que sigan creyendo que las noticias desde Brasil o cualquier otro lugar del mundo no llegarán a tierras aztecas […]. O en el México de 2017, en el que ‘reservar’ un caso parecería bastar para evitar que la bola de nieve les caiga encima… hasta que se vuelve avalancha.

También en El Universal, su Editorial, asegura que: “ahora resulta que a quien le urge ser llamado a declarar por la Procuraduría General de la República para hablar del presunto soborno de 10 millones de dólares que ex funcionarios de la empresa Odebrecht aseguran haberle entregado, es el propio ex Director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El abogado de don Emilio, Javier Coello Trejo, asegura que su cliente está esperando el día y la hora para acudir a la PGR, y que él mismo ha solicitado desde hace días el citatorio para declarar lo que sea necesario. Mientras Lozoya es un mar de cooperación, la PGR no da indicios de que esté investigando o de que vaya a citarlo a declarar y la Secretaría de la Función Pública tampoco tiene por ahora nada contra don Emilio. Nos preguntan a qué se deberá que en Brasil hay un señalamiento contra el ex funcionario y en México nadie quiere siquiera preguntarle si sabe del tema. ¿Temerán a sus respuestas?”

Legisladores que dan vergüenza
En tanto, en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “es comprensible que el nuevo sistema penal acusatorio, basado en la presunción de inocencia, sea difícil de entender y aplicar, inclusive para muchos jueces, fiscales y defensores. Lo inexplicable es que algunos diputados y senadores, en cuyo ámbito se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales, promuevan medidas que atropellan los derechos humanos fundamentales. En Reforma de ayer, por ejemplo, el Senador Fernando Herrera, coordinador de la bancada del PAN, pidió ‘castigar en México’ a Emilio Lozoya, señalado en el extranjero de recibir un soborno de diez millones de dólares de Odebrecht, y el Diputado morenista Vidal Llerenas opinó que el ex director de Pemex debiera ser detenido y estar ya declarando ante la PGR. Otro Senador del Partido Acción Nacional (PAN)[…], Francisco Búrquez, sugirió en el mismo diario: ‘Hay elementos para que el Presidente le ordene a su procurador (¿ignora que fue ratificado por el Senado?), que le obedece, que investigue abiertamente. Debería estar en la cárcel…’. Ávidos de linchamientos, la legalidad es lo de menos para estos legisladores de pacotilla”.

Red de corrupción
Los reciente caso de ex gobernadores acusados de desvío de recursos e irregularidades en el erario, dejan de manifiesto que este tipo de delitos no son obra sólo de una persona, sino de una red de individuos que facilitan el camino para la comisión de estos ilícitos. Al respecto en El Universal, su Editorial, asegura que en estas redes, “no solo existe una cabeza visible a la que usualmente se señala y castiga ante un escándalo de corrupción, sino un complejo entramado de cómplices que facilitan estas prácticas al interior de una organización gubernamental. En los hechos de corrupción que se han conocido en el país en los últimos meses, y que tienen que ver con las gestiones de distintos ex gobernadores, las autoridades procedieron contra los perfiles de mayor visibilidad. No obstante, para llevarse a cabo la corrupción, para ejecutar desvíos e irregularidades del erario, siempre es necesaria la participación de funcionarios de segunda línea contra los que generalmente no se actúa […]. En los delitos por los que está acusado Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, hay por lo menos 17 ex funcionarios involucrados. Como Javier Duarte, en Veracruz, o Guillermo Padrés, en Sonora, por poner solo unos ejemplos, Borge no actuó solo cuando dañó al erario y al patrimonio del estado que gobernó. Actuar penalmente contra los ex mandatarios que defraudaron a sus estados es solo el primer paso para acotar la corrupción que impusieron como estilo de gobierno. Enseguida, es necesario deshacer la madeja de funcionarios que cooperaron para que los delitos se llevaran a cabo […]. Está claro que ni los Duarte, Padrés o Borge actuaron por su cuenta. Un gran desvío o fraude no los hace solo una persona […]. Acabar con las redes de corrupción implica comprender que el fenómeno va más allá de encarcelar a un político de alto nivel […]. El combate a la corrupción en el ejercicio de responsabilidades públicas no es solo perseguir los delitos de quien dirige un gobierno, sino el comportamiento ilegal de la estructura que le auxilia. Desde esa lógica se neutraliza la corrupción”.

Va en serio.
La cercanía de las elecciones de 2018 ha hecho que el tema de un Frente Amplio Democrático sea mirado con un poco más de seridad, así lo asegura en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, donde se menciona que: “no son especulaciones de los medios de comunicación que la gestación de un Frente Amplio Democrático ha sido difícil. A días de que el PRD apruebe o no ir con el PAN en una coalición para 2018, Leonel Godoy, ex Presidente nacional del sol azteca, amagó con renunciar si se avala una alianza con la derecha. Considera que es contrario a los principios del cardenismo, con los que surgió el PRD. ‘Si se aprueba el Frente Amplio, por lo menos, yo renunciaré al PRD, porque me parece que es una fachada para ir con el PAN. Estamos a tiempo para que el acuerdo tenga otro sentido’, afirmó. Grupos de izquierda, dijo, no se ven sino entre partidos de izquierda, en específico, con Morena. Guadalupe Acosta Naranjo, también ex Presidente del PRD, cree, en cambio, que solos no podrán. El partido está más que frágil”.

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