“En su búsqueda de justicia, las familias de los victimados tuvieron dos opciones: Seguir los trámites legales o activarse socialmente mediante manifestaciones, plantones, etc.”. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La tragedia de Salvárcar, en la que fueron asesinados 10 jóvenes y cinco adultos el 30 de enero de 2010, puede ser uno de los eventos más simbólicos de la guerra que se desató en Juárez entre 2008 y 2013.

En su búsqueda de justicia, las familias de los victimados tuvieron dos opciones: Seguir los trámites legales o activarse socialmente mediante manifestaciones, plantones, etc.

El carácter y ser social de este grupo de juarenses, casi todos trabajadores de la industria maquiladora, han formado en ellos un profundo respeto por la legalidad y, aunque recibieron grandes muestras de solidaridad y las agradecieron, tercamente se han mantenido siempre dentro de su marco.

Por otro lado, ni el Estado ni el Gobierno de César Duarte se condujeron con el mismo respeto a la ley; da pena que ante la actitud congruente y respetuosa de los ciudadanos un gobernante los ignore y se oponga al reconocimiento de los derechos de las víctimas de un homicidio colectivo.

Los derechos de las víctimas en cualquier situación se pueden dividir en dos categorías: El derecho a la verdad y la justicia, establecido en el Artículo 17 constitucional, y el derecho a la reparación integral que establece el Artículo 20, fracción C del mismo ordenamiento.

El primer gran olvido oficial fue dedicar 6 mil millones de pesos para Ciudad Juárez, para mejorar de alguna manera las condiciones citadinas, sin incluir un solo peso para atender directamente a las víctimas del delito o la persecución de los criminales. Se hicieron edificios, parques deportivos, se organizaron orquestas infantiles, pero a los familiares de las víctimas tocó nada. Sólo Margarita Zavala se acordó de ellos pero, aunque les brindó atención personal muy valorada, fue poco útil para consolidar sus derechos.

Nos atrevemos a decir que, en la búsqueda de la verdad tras este ataque a la juventud, la Fiscalía sólo trabajó los primeros 15 días para después suspender toda investigación en busca de los asesinos y concentrarse en armar evidencias contra cinco detenidos del más bajo perfil y peligrosidad.

Los dos primeros detenidos fueron casualmente atrapados en un enfrentamiento con militares donde murió el operador directo del ataque, El Rama, apenas dos días después del multihomicidio, y cuyas primeras declaraciones llevaron a la captura de los otros tres.

Las investigaciones se realizaron en el campo militar de la ciudad, lo que llevó a la liberación de uno de los acusados, el señor Arzate. Él, aunque culpable desde la perspectiva de las víctimas, fue torturado por militares para obtener su confesión de culpabilidad.

Años después El Diego, líder del brazo armado del Cártel de Juárez, reconoció ante la PGR que había ordenado la agresión contra los jóvenes pero las autoridades mexicanas ni siquiera se atrevieron a abrir un expediente en su contra y prefirieron trasladarlo de inmediato a los Estados Unidos.

Respecto a la reparación del daño, el Ministerio Público olvidó integrar la carpeta correspondiente y se conformó con solicitar la ridícula suma de 40 mil pesos por cada difunto y con condenar a 500 años de prisión a cuatro delincuentes detenidos, muy pocos considerando que en el operativo participaron más de 20 sicarios.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio para remitir el caso a la Comisión Nacional y prohibió a los visitadores de entonces que abriéramos carpetas de queja con relación, lavándose así las manos para no tener que enfrentar ni a los delincuentes ni a las autoridades en este terrible asesinato, prácticamente garantizándoles impunidad.

En 2014 un visitador local descubrió que a los familiares de las víctimas se les tenía abandonados y empezó una investigación para abrir una queja, pero cuando informó lo que haría fue despedido y se vio obligado a seguir el caso en la práctica privada; también se solicitó el registro en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pero se rechazó porque “el homicidio es del fuero Estatal” y la SEIDO todavía no abre la investigación contra el Cártel de Juárez por delincuencia organizada.

Los familiares organizaron un colectivo solidario y empezaron a navegar entre las instituciones, pasaron del Presidente de la República, al Gobernador, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y llegaron hasta el papa quien los invitó a su misa y pidió a los gobernantes atendieran el caso.

Pero César Duarte se resistió a todo, para él el caso estaba cerrado y no escucharía más. Tanto así que, cuando el colectivo de familiares utilizó sus recursos legales para presionar al Congreso para que aprobara una Ley de Víctimas para el Estado, el exgobernador con la complicidad silenciosa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la congeló hasta el primero de enero de este año, fecha posterior al término de su mandato.

Finalmente el 30 de enero Javier Corral, actual gobernador, visitó Salvárcar y reconoció que el Estado no había cumplido con sus responsabilidades frente a las víctimas; pidió una disculpa pública y ordenó construir un memorial en la casa donde asesinaron a los jóvenes, intacta desde 2010.

Ya la Ley de Atención a Víctimas de Chihuahua empezó a funcionar, organizando la infraestructura burocrática necesaria para aplicarla, y el viernes 11 de agosto inició el registro de los familiares de los caídos como víctimas reconocidas por el Estado, con derecho a conocer la verdad de la muerte de sus hijos, esposos y padres, y a la reparación integral.

Estas familias persistieron en su exigencia de justicia y legalidad, y siete años, seis meses y 11 días después lograron iniciar el procedimiento legal.

Cuando vemos esta experiencia, y el esfuerzo necesario para que se aplique la Ley en México, nos preguntamos: ¿Viviremos en un Estado de derecho, o serán necesarias las manifestaciones, los bloqueos y la confrontación con las autoridades sordas y mudas?