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15/08/2022 - 12:04 am

Reivindicar y resistir: La lucha permanente de los pueblos por la autonomía

“En pocas palabras se trata de saldar la deuda histórica que emanó de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar tras el levantamiento Zapatista y que aún dista de ser una verdadera realidad para los pueblos de México”.

“(…) será importante la fase de implementación del Decreto y el papel que desempeñen las instituciones públicas, la sociedad civil y la academia en el acompañamiento a las comunidades en esta siguiente etapa (…)”. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

Por: Edmundo del Pozo*

El pasado 9 de agosto se celebró el día internacional de los pueblos indígenas y como suele suceder en México la fecha se convirtió en una jornada de reivindicación de la lucha de los pueblos y organizaciones indígenas de todo el país en contra de las injusticias y la discriminación estructural que han padecido históricamente.

Entre los temas que año tras año se denuncian están las agresiones y la criminalización en contra de defensores y defensoras indígenas y del territorio, tan solo en 2021 se documentaron más 238 agresiones de diverso tipo, entre las que se registraron 25 asesinatos. El número mayor de agresiones se perpetra justamente en contra de integrantes de comunidades indígenas siendo el 46.3 por ciento del total registrado.[1] No es casual tampoco que las entidades donde se registraron más asesinatos sean Oaxaca, Guerrero, Morelos y la Península de Yucatán, todas regiones de gran presencia de población indígena.

Otro fenómeno que sigue lacerando sistemáticamente los derechos colectivos de los pueblos y comunidades de todo el país es la proliferación indiscriminada de megaproyectos, que desde las décadas del periodo neoliberal y hasta la actualidad se han ensañado sobre el territorio, los sitios sagrados y bienes comunes que constituyen la fuente de reproducción de la vida comunitaria. Como recogiera el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México:

“Las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan […] en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. […] lo que suele desencadenar conflictos sociales y a la postre generar violencia, e incluso cobrar vidas.[2]

Sin embargo, en medio de tanta violencia e injusticias los pueblos y comunidades siguen dando una lucha permanente por su supervivencia cultural, la defensa de su territorio y el ejercicio de su libre determinación, la cual vale la pena reconocer también en esta jornada. Expresión de ello, fue el otorgamiento de las primeras concesiones de agua a pueblos indígenas en México por parte de la Conagua el pasado 5 de agosto. Se trata de las comunidades zapotecas y campesinas de los Valles Centrales, en el estado de Oaxaca, que tras la firma del Decreto que dejó sin efecto la veda de 1967 finalmente hoy pueden acceder y ejercer libremente su derecho humano al agua y hacer un manejo comunitario en el marco de su autonomía como pueblo indígena.

Esta victoria jurídica y política no hubiese sido posible sin la resistencia histórica de las comunidades de los Valles Centrales que se fue construyendo y creciendo sobre todo hacia la primera década del dos mil, articuladas en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) y con el acompañamiento desde sus inicios de la organización oaxaqueña Flor y Canto. Asimismo, es de resaltar el importante proceso de diálogo político que pudieron sostener con autoridades estatales y federales que posibilitó cuajar uno de los poquísimos procesos de consulta indígenas con un resultado beneficioso para las comunidades y no como un mero proceso de simulación como suele ser la práctica en México.[3]

Aun cuando otras amenazas se siguen ciñendo sobre el territorio de los valles centrales, como el proyecto de la minera Cuzcatlán en San José del Progreso y la agroindustria del Maguey, esta victoria histórica para la autonomía de los pueblos indígenas debe ponerse bien en alto. Desde luego, será importante la fase de implementación del Decreto y el papel que desempeñen las instituciones públicas, la sociedad civil y la academia en el acompañamiento a las comunidades en esta siguiente etapa, con miras a seguir fortaleciendo el manejo comunitario del agua de esta experiencia pionera en el país.

Cierro con una nota de optimismo en relación con lo acontecido en el Foro celebrado en homenaje a este importante día por la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, que reunió a congresistas, instancias del Gobierno Federal y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. De destacar fue la enérgica intervención de la representante purépecha que expuso en nombre de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), quien demandó, para hacer justicia a los pueblos, la concreción de la reforma constitucional aún pendiente sobre derechos colectivos. En respuesta a este llamado, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, durante la clausura del encuentro, manifestó que haría sus mejores esfuerzos para destrabar la iniciativa con la Consejería Jurídica de la Presidencia e hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a avanzar en esta reforma más allá de los colores políticos, señalando que se trata de un tema fundamental donde puede haber consensos.[4]

Desde la ALDEA, que aglutina a pueblos, comunidades y organizaciones de más de 17 estados del país, se recibió la noticia con gran beneplácito y se está en espera que el compromiso público de la presidenta del Senado se materialice, así como que el Ejecutivo, por medio de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), hagan también su parte para que esta iniciativa de reforma constitucional desemboque finalmente en el Congreso. Esta trascendental reforma será clave para superar la visión tutelar del Estado sobre los pueblos indígenas y garantizar el ejercicio de su autogobierno, de sus sistemas normativos propios y el derecho pleno al territorio y a sus modos de vida y de desarrollo. En pocas palabras se trata de saldar la deuda histórica que emanó de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar tras el levantamiento Zapatista y que aún dista de ser una verdadera realidad para los pueblos de México.

* Edmundo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.


[1] https://www.cemda.org.mx/continua-en-ascenso-la-violencia-contra-las-personas-y-comunidades-defensoras-del-medio-ambiente-durante-2021/

[2] CIDH, Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, párrs. 252, 254

[3] https://fundar.org.mx/publicaciones/libre-determinacion-y-consulta-indigena-en-contextos-de-magaproyectos-en-mexico/

[4] https://fundar.org.mx/aldea-ante-al-senado-pide-que-reforma-indigena-sea-una-realidad/

https://morena.senado.gob.mx/2022/08/10/derechos-de-pueblos-originario-seran-plenamente-ejercidos-solo-si-hay-armonizacion-legislativa/

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