Los elementos que podrían haber salido de prisión desempeñaban sus labores en los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, ubicados en Guerrero, durante el pasado mes de septiembre de 2014.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez otorgó la libertad a los policías locales vinculados con el caso después de que le negara a la Fiscalía de Ayotzinapa la ampliación del plazo para cumplir con la aplicación de los protocolos de Estambul.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Un Juez de distrito en Matamoros, Tamaulipas, habría dejado en libertad a al menos 21 policías locales procesados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, los elementos que podrían haber salido de prisión desempeñaban sus labores en los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, ubicados en Guerrero, durante el pasado mes de septiembre de 2014.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez otorgó la libertad a los policías locales vinculados con el caso después de que le negara a la Fiscalía de Ayotzinapa la ampliación del plazo para cumplir con la aplicación de los protocolos de Estambul.

“El Juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada una de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR y se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el Juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados”, precisó en un comunicado.

Por ello, la dependencia dio a conocer que como órgano del Ministerio Público Federal (MPF), autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias “para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones y asimismo, para generar las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia a la que ya se ha hecho mención”.

Además, recordó que desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, la indagatoria del caso fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.

“En razón de lo expuesto en octubre de 2015, la administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala, la cual también fue descalificada junto con la ‘verdad histórica’ que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales”, señaló la FGR.

A su vez, apuntó que a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, el 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo, donde se establecía que se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.

También se tenían que determinar las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados, crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHND) y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.

“Esa sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal; pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando. Los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado”, indicó.

Ante dicha situación, con la entrada del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se creó la Comisión para la Verdad, comandada por el Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y con la participación de los familiares de dichas víctimas, quienes se han reunido en forma constante, fundamentalmente para realizar diversas acciones en la localización de las víctimas.

“Desde el principio de la presente administración de la Fiscalía General de la República, está institución y la Subsecretaría iniciaron la búsqueda de un nuevo fiscal independiente y autónomo para Ayotzinapa; y en ese caso los tres primeros candidatos propuestos por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación se negaron a participar por razones personales y fue hasta el 26 de junio de este año que se nombró a Omar Gómez Trejo; defensor de derechos humanos con una amplia experiencia en el caso, quien aceptó la invitación apoyado por familiares de las víctimas”, finalizó.

ENCINAS ADVIERTE MÁS LIBERACIONES

El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, alertó el pasado 4 de septiembre que más detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa podrían ser liberados y no sólo “El Gil”, Gildardo López Astudillo, presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos.

“No solamente esas cinco personas [podrían quedar liberadas], sino las otras 50 personas que actualmente se encuentran bajo proceso y no solamente por el delito de tortura, porque lo que desestimó, el Juez, fundamentalmente, fueron las pruebas que los vinculan con los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Ese es el tema fundamental”, dijo en conferencia de prensa.

Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario recordó que el pasado 30 de agosto, el Juez Samuel Ventura Ramos dictó una sentencia absolutoria en favor de “El Gil”, quien es conocido como jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en conferencia este miércoles. Foto: Gobierno de México

“Es un precedente grave, es una sentencia absolutoria, y lamentablemente no es el único caso”, aseguró Encinas Rodríguez desde Palacio Nacional.

Asimismo, señaló que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas, de las cuales, se detuvo únicamente a 142, entre las que se encuentran 55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula, y 67 civiles, identificados como presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración detalló que las detenciones se realizaron por los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud; por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y por delitos previstos en la Ley General de Secuestro.

De las 142 personas aprehendidas, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) procesó a 70 por el delito de secuestro en contra de los normalistas, añadió.

Además, Alejandro Encinas indicó que el procesamiento de los detenidos se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR, de éstas, sólo subsisten al día de hoy 44, ya que las 63 restantes se declararon ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad.

Encinas advirtió que actualmente se ha cerrado la etapa de instrucción de alrededor de 50 personas que aún se encuentran en proceso penal, por lo que es posible que se dicten nuevas absoluciones. Foto: Gobierno de México

A partir de estos hallazgos, apuntó, fue que se han liberado a 53 de los 142 detenidos originalmente, siendo la de “El Gil” la primera absolución por insuficiencia probatoria de la Causa Penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.

A su vez, advirtió que actualmente se ha cerrado la etapa de instrucción de alrededor de 50 personas que aún se encuentran en proceso penal, por lo que es posible que se dicten nuevas absoluciones.

Por ello, hicieron un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que encause la investigación, subsane las omisiones y permita una indagatoria para poder deslindar las responsabilidades de autoridades y civiles.

“Y queremos anunciar que por instrucciones del Presidente iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios y de los jueces para deslindar la responsabilidad en estos casos, en donde en lugar de garantizar la justicia a las víctimas se está generando un pacto con la impunidad”, reveló.

“La mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra de las víctimas”, culminó Encinas.