Hace más de una década, una multitud que festejaba la Independencia en el centro de Morelia fue atacada con granadas de fragmentación. Algunos de los asistentes sufrieron heridas que los acompañarán por el resto de sus vidas, otros experimentaron el dolor de perder a uno o varios seres queridos.
Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Era la noche del 15 de septiembre de 2008. Miles de personas se encontraban en la Plaza Melchor Ocampo, en el centro de Morelia, en Michoacán, para asistir a la ceremonia del Grito de Independencia, casi a la media noche. Lo que era una fiesta se convirtió en pocos minutos confusión y dolor.
Casi a la media noche, explosiones de granadas de fragmentación interrumpieron la diversión y felicidad en el lugar. Grupos criminales acababan de mostrar músculo en medio de la llamada Guerra contra el Narco, iniciada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, justamente en Michoacán.
Tanto funcionarios del Gobierno Federal como del Estatal coincidieron al señalar que se trataba de un acto “terrorista”, sin saber cuál había sido el motivo por el cual se realizó este ataque que vistió de luto al país.
El saldo fueron ocho muertos y 132 heridos, más de 20 de gravedad. El 26 de septiembre de ese año, la Procuraduría General de la República (PGR) informó de la captura de tres presuntos autores materiales, quienes dijeron pertenecer al Cártel de Los Zetas, pero en mayo de 2015 un juez determinó que en el caso hubo fabricación de pruebas, tortura y otras violaciones a derechos humanos, por lo tanto, salieron libres. Posteriormente se atribuyó el ataque al Cártel de la Familia Michoacana.
El Juez dijo que el personal de la PGR, en lugar de atender las múltiples lesiones que presentaban los detenidos, les tomaron su declaración ministerial, “cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura”.
La sentencia judicial detalla que los testimonios presentados por la defensa, demuestran que los primeros tres implicados se encontraban en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el día de los hechos. Por ello se nulificaron las pruebas de la Procuraduría General de la República.
“El resultado de la sentencia tuvo que ser absolutorio a fin de proteger el principio de presunción de inocencia del que gozan los ahora absueltos”, detalló la sentencia.
Respecto a un cuarto detenido, también absuelto, “la decisión se sustenta en que las pruebas de cargo con las que se le pretendía fincar responsabilidad resultaron ser precisamente aquellas que se nulificaron por ser violatorias de derechos humanos”.
La entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Marisela Morales Ibáñez, dijo que los tres autores materiales estaban en un fuerte estado de intoxicación al momento de arrojar las granadas, y solamente fueron contratados para realizar esos actos el 15 de septiembre.
La aplicación del Protocolo Estambul reveló que no hubo daños físicos ni psicológicos por lo que la PGR obtuvo posteriormente la orden de reaprehensión en contra de Julio César “N”, Juan Carlos “N” y Alfredo “N”.
LAS SEÑALES DE ALERTA
En 2014, un documento dado a conocer a Noticias MVS por dos ex funcionarios del Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control (C4) del gobierno michoacano y retomado por SinEmbargo, detalló cinco amenazas de atentado que recibieron del 1 al 12 de septiembre de 2008 a través del Servicio de Emergencias 066.
En el documento se detalla que las cinco advertencias fueron notificadas vía telefónica y escrita, en sobre cerrado, a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y de Protección Civil que estaban comisionados en Michoacán.
La nota periodística precisa que, una de esas cinco amenazas fue recibida vía telefónica en el C-4 a las 11:37 horas del viernes 12 de septiembre de ese año, y en ella un hombre advirtió de forma textual: “El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a haber un desastre el día del Grito”.
El sobre cerrado con la información sobre la amenaza también fue entregado en las oficinas de los delegados de la PGR y del CISEN en Michoacán, así como en la comandancia regional de la Policía Federal. En ninguna de las cinco instancias la amenaza fue tomada en serio.
