La CIDH dijo que en México se presenta un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. Las personas procesadas y sentenciadas comparten las mismas celdas.
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– James Cavallaro, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, denunció que durante su visita a cuatro penales estatales y federales México, realizada entre el 22 y el 24 de septiembre de 2015, observó “un ambiente de extrema represión”.
“La Comisión Interamericana advierte que en reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente”, denunció la comisión independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Relator de la CIDH visitó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” (CEFERESO No. 1), así como el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente.
Este miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
En el documento llamado “La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y Pronunciamiento”, la CNDH expone que actualmente hay una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las 388 prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 084 personas, pero habitan en ella 254 mil 705 internos.
Al respecto, la CIDH dijo que en el país se presenta un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. “En particular, en la visita a los centros realizada por esta Relatoría, se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva”, refirió.
La Relatoría dijo que también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes.
El relator de la CIDH dijo que en su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha observó condiciones deplorables en las celdas de castigo utilizadas, y especialmente por el prolongado tiempo de aplicación de este tipo de sanciones.
Dijo que una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo. Este periodo de tiempo fue también confirmado por las autoridades a Cavallaro. Por su parte, en su visita al Recurso Preventivo Varonil Oriente, se comprobó que este contaba al día de la visita, con una población de 12 883 personas privadas de libertad, cuando su capacidad es para 5 604 personas.
Según la información recabada por esta Relatoría, los reclusorios federales presentarían mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión.
En este sentido, la CIDH dijo que los centros penitenciarios de México se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior.
“En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre del 2015 en El Altiplano cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales”, refirió la CIDH.
La Comisión dijo que esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día.
La Comisión manifestó su preocupación ante lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre esta cuestión.
