Un ciudadano debería poder contrarrestar un ataque mediante el uso de armas de fuego, así lo cree el Senador del Partido Acción Nacional Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien sostiene que el Estado ha privado a los mexicanos de la posibilidad de hacer uso de una pistola para defenderse de robos a sus vehículos y negocios. Su iniciativa de Ley que busca darle esa posibilidad a los mexicanos ha sido presentada en el Senado de la República y se ha repartido en tres comisiones distintas. Antes de que inicien las discusiones sobre la propuesta, especialistas en seguridad ya advierten los peligros que conlleva la idea. ¿Por qué el Senador pretende extender el uso de armas en un país donde al año ingresas desde Estados Unidos unas 253 mil armas que acaban en el mercado negro?
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- En una extensa entrevista del Senador Jorge Luis Preciado con SinEmbargo, el sustantivo que más repitió en sus respuestas fue “arma”, y el segundo, fue “delito”. El legislador blanquiazul pretende generar cambios en la Ley que permitan a los mexicanos portar armas de fuego dentro de sus vehículos y negocios, una posibilidad que hasta ahora se limita a los domicilios, siempre y cuando no sean de calibres de uso exclusivo del Ejército [una pistola calibre .22, por ejemplo, está permitida].
Diversos expertos advierten del problema que la propuesta conlleva en un país donde 8 mil 183 personas han sido asesinadas en el fuero común (en los estados) con armas de fuego, entre enero y agosto.
La violencia no se puede combatir con violencia, han coincidido los críticos de la propuesta del legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
“¿Qué pasó en Estados Unidos? El uso de estas armas no es para la defensa, sino para masacres, venganzas y acciones que terminan volviéndose en contra de los ciudadanos”, expuso Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD).
Ampliar el uso de armas va en contra de varios esfuerzos de “despistolización” que han hecho las autoridades. La Ciudad de México ha encabezado estos empeños. El mes pasado el programa “Por tu familia, Desarme Voluntario” anunció que 24 mil 500 armas de fuego fueron entregadas por ciudadanos voluntariamente a partir de su creación, en diciembre del 2012.
También, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruye las armas que asegura. De enero a septiembre de este año destruyó en todo el país alrededor de 34 mil 280 armas de fuego.
Datos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso detallan que el 35 por ciento de las armas en el país son utilizadas por ciudadanos y el 65 por ciento restante por delincuentes.
De acuerdo con Cortez, la iniciativa fomentaría que haya más armas en el mercado negro. Entre el 2010 y 2012 ingresaron al país por la frontera de los Estados Unidos 253 mil armas para el mercado ilícito. Lo que representó ganancias de 127 millones de dólares (2 mil 413 millones de pesos, hoy) para la industria estadounidense de las armas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de San Diego.
“Quien quiere conseguir un arma lo hace, no es difícil. La verdadera cuestión, y es lo que trajo esta ocurrencia del Senador, es la incapacidad de las autoridades de contener a quien está cometiendo delitos”, dijo la consultora en seguridad Lilian Chapa Koloffon.
Parte de la argumentación de la iniciativa de Preciado, que modificaría el artículo 10 de la Constitución y la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, se presenta como una solución justificada ante la ola de delitos en el país.
Entre enero y agosto se iniciaron en todo el país 105 mil 107 averiguaciones previas por robos a vehículos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el mismo periodo se reportaron 44 mil 450 robos a negocios. Lo que contrasta con la tasa de robos a casas habitación de 54 mil 156 averiguaciones previas, a pesar de que en estas últimas se permiten las armas.
La iniciativa de ley hecha pública hace unos días en la Gaceta del Senado ha sido señalada de ser sólo un intento de generar beneficios políticos.
“Desafortunadamente genera réditos porque son falsas promesas de solución. Es una actitud muy cuestionable. Este es un problema que tuvimos cuando menos desde [el Presidente Ernesto] Zedillo. Y hay una responsabilidad tanto del PRI como del PAN de haber sido incapaces de resolver los problemas de inseguridad”, dijo Cortez.
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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), apuntó que la Constitución no permite la portación de armas, salvo en casos específicos, lo que se rompería con la propuesta de Preciado.
“La Ley permite la posesión en el domicilio, pero no la portación. Al momento de llevar el arma en un vehículo se estaría portando”, dijo.
El artículo 10 de la Constitución avala el derecho a la posesión de armas de fuego en el domicilio. Algo que sin una modificación no podría extenderse a los negocios.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en su tesis CXVIII del 2007 que los negocios no pueden ser entendidos como “domicilios”, puesto que no son sitios donde las familias habiten.
Por otra parte, el mero hecho de portar un arma no garantiza que el dueño la sepa usar: “Para que puedas hacer uso de un arma debes recibir adiestramiento, darle mantenimiento y, además, emplearla, para saber disparar, tener un entrenamiento”, dijo Barrón.
Las estadísticas refieren que los asesinatos con arma de fuego son en su mayoría intencionales. Entre enero y agosto hubo 7 mil 999 averiguaciones previas por casos con arma de fuego, lo que representó el 60 por ciento de los homicidios dolosos.
En el mismo periodo hubo tan sólo 184 averiguaciones previas por homicidios no intencionales con arma de fuego, lo que representó el 1.85 por ciento del total de los homicidios culposos.
Además, Barrón cuestionó que sea proporcional permitir a un ciudadano usar un arma de fuego, por ejemplo, contra alguien que porte un arma blanca.
LA INICIATIVA DE PRECIADO
En una entrevista con SinEmbargo, el Senador del PAN habló sobre los motivos de su propuesta.
—¿Cuál es la motivación para presentar esta iniciativa?
— La iniciativa la metimos porque si te fijas en el último año, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ocho de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros. Pero cuando comparas esto con la realidad, encuentras otro dato escalofriante. Al día de hoy se han cometido 1 millón 16 mil delitos (enero-agosto 2016). Estos han sido denunciados en los Ministerios Públicos (MP) de todo el país. Llama la atención que sólo son los delitos que sí se denuncian, es decir, sólo el 7 por ciento de los delitos cometidos. La policía no está previniendo, el MP no está investigando y los jueces no están sentenciando adecuadamente. Sabemos que no a todo el mundo le gustan las armas, pero aquellos que sí quieran defender su auto, negocio o familia deben tener la posibilidad de encontrar una. Obviamente, cumpliendo con todos los requisitos.
— ¿Cómo asegurarse de que las armas no llegarán a manos de delincuentes?
— Con requisitos eficientes, por ejemplo, hacer un examen psicológico, físico, genético, dejar las huellas digitales y obviamente que las personas no tengan antecedentes penales.
— ¿Usted confía en las autoridades que tendrían que verificar que se cumplan los requisitos?
— Pues debo confiar porque sería la Sedena, obviamente, se puede prestar a una serie de corrupción y demás. Pero también hay que decirlo, a pesar de que está permitido, no se están entregando armas a diestra y siniestra. Hay un control bastante efectivo. Lamentablemente, se da un control discriminatorio. Hay empresas de seguridad privada a las que les dan permiso porque tienen influencias políticas y económicas. Y a la gente común les dicen que no, que porque no se puede. No quiero generar un debate entre ricos y pobres. Pero sí uno es rico en este país tiene derecho de traer escoltas armados hasta los dientes. Si eres un ciudadano común te la tienes que jugar tu solo, a ver cómo te va en el micro, metro, en tu carro y en tus negocios.
— ¿Cómo aseguraría que una persona no adquiera un arma para atacar en vez de defenderse?
— La idea es la legitima defensa. La persona que va a pedir un arma no es un delincuente. Un delincuente no ocupa ir, se va a un mercado negro, que ya existe en nuestro país de tráfico de armas, donde cada año se mueven más de 250 mil armas en México que vienen de Estados Unidos y van a parar a manos de los criminales (algunas de ellas). El criminal tiene una ventaja muy importante sobre el ciudadano común, y obvio, el ciudadano común no hace más que tratar de apelar al Estado para que lo defienda, lamentablemente, con las cifras que te acabo de dar el Estado no está respondiendo.
— Entonces, una serie de enfrentamientos podrían ocurrir. ¿Cómo estar claros de quién es el que se defiende y quién es el atacante?
— Pues cuando alguien se mete en tu casa, tú sabes quienes son tu familia y quién no, y quiénes se están metiendo con malas intenciones. Y cuando alguien se mete a un negocio a asaltar o generar daño, pues es clarísimo que se puede saber. Y por supuesto en un juicio tendrás que darle la razón a la persona que hizo uso del arma para defender a su familia y su patrimonio. Eso es una parte que puede generar discusión, pero por lo pronto preservas tu patrimonio.
—¿Y sí cree que portar un arma disuade al criminal?
— Yo estoy convencido de que se puede disuadir. En la naturaleza, los depredadores sólo atacan a víctimas, a animales más débiles, no a otros depredadores. ¿Por qué?, un delincuente que está armado, y ve que otra persona lo está, o sabe que en su negocio hay armas, pues obviamente, se la va pensar dos veces antes de meterse a robar. La realidad es que es un derecho que teníamos, que nos dio la Constitución de 1824 recogiendo la segunda enmienda de Estados Unidos, y que lo recogió Benito Juárez en 1857, y Carranza en 1917. Fue un derecho. Y sí hay gente que dice: “Yo no voy a usar armamentos”, pero hay otros que dicen: “Si el Estado no puede, pues al menos denme mi derecho de hacerlo yo”.
— ¿Pero con esta propuesta que acaba de hacer no sería doblar los brazos y decir “el Estado no puede defendernos”?
— Pues mira, no puede. Esa es la realidad. Yo digo que está bien, vamos a manejar los dos argumentos, lo que hay que hacer es atacar las causas que generan la violencia. Pues hagámoslo, programas de desarrollo social, que haya nivel educativo, empleos para todos, crecimiento económico estable, y que todo el mundo tenga dinero suficiente para comer, ir a la escuela, e ir al médico. Lo otro es que la policía estatal, municipal va a asegurarme que no se va a cometer este delito, que el MP me confirme que todos los delitos van a ser investigados, y que los jueces van a sentenciar de manera adecuada, si eso va a pasar yo encantado de la vida retiro mi propuesta. Pero si eso no pasa, yo pediría al resto de los senadores que analicen esta situación.
— ¿Cómo ve que ataques con arma blanca sean respondidos con un arma de fuego?
— Pues al ver que alguien llegue con un cuchillo y te lo ponga en el pescuezo, no tienes más que darle tus cosas. Y si estás armado pues obvio tienes que responder la agresión. Ahora, me acabas de dar un ejemplo de un delito de bajo impacto. Si a mí me van a asaltar, pues a lo mejor yo sí saco mi cartera el celular y las llaves del carro, y ahí están. El problema es cuando hay otro tipo de delitos, cuando ya se meten a violar, extorsionar, asesinar, entonces sí, cuál va a ser la reacción que vamos a tener, porque lo mismo te matan con un cuchillo que con una pistola.
— ¿O sea, que cree que se puede reducir el número de delitos de esta manera?
— Yo estoy convencido de que sí. Mira, uno de los países con más armas, el tercero en el planeta, es de los que menos delitos tiene en todo el planeta. Es Suiza. Tiene 8 millones de habitantes, y por cada 100 habitantes hay 46 armas de todo tipo, incluyendo las de asalto. Es decir, casi la mitad de la población está armada y, por supuesto, eso se refleja en que la gente vive relativamente tranquila. Porque hay un homicidio por cada 100 mil habitantes y eso que tiene un montón de armas. Hay estados de Estados Unidos, como Florida, que cuentan con el mayor número de armas y es uno de los más seguros del país. Entonces, hay una confusión de que la gente por tener armas va a cometer más delitos. Muchos delitos en Miami contra las mujeres, como violación y el acoso sexual, bajaron a partir de la liberación de que la gente pudiera tener armas en 1987 en Florida, dos o tres de cada cinco armas que se compran ahí, las compran mujeres, y el número de feminicidios y ataques sexuales disminuyó de manera considerable.
— Mencionó la Encuesta de Percepción de Inseguridad en su iniciativa. ¿Las personas se van a sentir más seguras por portar un arma?
— Por supuesto que te vas a sentir más seguro porque vas a tener la posibilidad de defenderte y no esperar a que llegue la policía cada vez que se comete un delito. Es que de pronto alguien dice que sí la autorizan todos vamos a salir como “Pancho Pistolas”. No. Por el hecho de que se autorice el uso de armas, al otro día no vamos a ser vaqueros y a empezar a matarnos entre todos. No sucede así, como es el caso de Argentina, donde hay el permiso de portar y sólo el 6 por ciento de la población tiene arma.
— Senador, el PAN como bancada no le siguió con esta iniciativa. ¿Por qué?
— Bueno… lo que pasa es que muchos partidos no le quieren entrar a este tema porque sin lugar a dudas es muy polémico, y es claro que muchos están de acuerdo conmigo. Hay acuerdos en tres niveles, uno es que se queden las cosas como están. Otro, es que sí en los negocios y no en los autos. Y otros que dicen: “Por qué no llevar el arma en la cintura”. Y en esos tres puntos va consistir la discusión. Voy a abrir foros. Vale la pena escuchar a la población. No es lo mismo escuchar a una víctima que a quien nunca le ha pasado nada. Hay que escuchar a los familiares de los desaparecidos, de los asaltados, de las mujeres que sufrieron una violación.
— ¿Usted es miembro de las comisiones que discutirán el tema?
— Yo no soy miembro de la Comisión [Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y Estudios Legislativos], aunque puedo participar como promotor y Senador de la República.
