Cuando el próximo 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento Regeneración Nacional, se convierta en Presidente de México, será la primera vez en 89 años que una fuerza política de izquierda gobierne el país, y encontrará un país devastado en materia de seguridad, plantea el más reciente informe del International Crisis Group.

La ONG, cuyas principales sedes están en Bruselas, Washington DC, Nueva York y Londres, plantea que la confianza en las instituciones estatales mexicanas se ha erosionado a mínimos históricos después de una campaña militarizada de 13 años contra el crimen organizado, que los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto defendieron, y que originó al menos 150 mil personas asesinadas y desaparecidas, en un escenario donde el Estado ha hecho poco para abordar varios casos de corrupción de alto perfil.

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, enfrenta un escenario complicado para combatir la corrupción o para construir la paz en el país y, con poder absoluto en el Congreso, la tentación de aplicar reformas sin un análisis profundo de la situación podría generar “reacciones adversas e incluso violentas, especialmente de las fuerzas armadas, la elite económica y Washington”, dice el más reciente informe del International Crisis Group (ICG).

En el documento “Construyendo la paz en México: dilemas que enfrenta el gobierno de López Obrador”, se establece que si el nuevo Presidente de México adopta la opción de negociar un cambio sin el apoyo, por ejemplo de las víctimas, su progreso se desacelerará, “posponiendo las aspiraciones de justicia por las atrocidades, así como las perspectivas de un gobierno responsable, un sistema judicial más efectivo y una economía más equitativa”.

Podría surgir una reacción violenta en la forma de una mayor erosión de la confianza en el Estado y el Estado de derecho, “y los ciudadanos podrían recurrir a alternativas, como el creciente fenómeno de autodefensas o las demandas de mano dura, más draconianas, políticas contra la delincuencia familiares en otras partes de América Latina”, plantea el documento de fecha 11 de octubre de 2018 y firmado en Ciudad de México, Bogotá y Bruselas.

En este sentido, expone el Crisis Group, López Obrador debe atenuar los pronunciamientos de que sólo su liderazgo personal y pionero inducirá los cambios para lograr la paz y comprometerse a reconstruir instituciones lo suficientemente fuertes como para superar su mandato de seis años.

Sin embargo, la pregunta que bordea en todo el análisis es, ¿cómo hará y qué pasos seguirá el equipo de AMLO para lograr cambios concretos en la política de seguridad?

EL RIESGO DEL DESENCANTO

En su informe, la Organización No Gubernamental (ONG) que tiene sus principales sedes en Bruselas, Washington DC, Nueva York y Londres, plantea que la aplastante victoria de AMLO en las urnas, el pasado 1 de julio, se centró en sus propuestas de cambios radicales y, uno de ellos –quizá el más importante– fue menguar la ola de violencia en la que está inmersa el país desde hace 12 años, y que ha dejado, según cifras conservadoras, al menos 120 mil muertos y 37 mil desaparecidos.

López Obrador ha prometido reemplazar la lucha contra el crimen dirigida por los militares con mano dura por reformas dirigidas a la paz civil; también un crecimiento equitativo, junto con amnistías para los delincuentes no violentos, para llegar a las raíces del reclutamiento del crimen organizado, además de la reparación para las víctimas y acabar con la corrupción dando un ejemplo de austeridad desde la cima del poder.

Sin embargo, advierte el ICG, aunque las promesas del Presidente electo son loables “debe actuar con cautela para evitar que su ambiciosa agenda provoque una reacción violenta”.

“López Obrador ha creado tantas esperanzas para los resultados rápidos que la confianza del público en las instituciones estatales podría caer en picado si no cumple. Sin embargo, ni él ni su equipo han desarrollado sus propuestas. No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México. En 2017, la tasa de homicidios en México alcanzó un máximo de veinte años; 2018 está en camino de ser incluso más mortal, mientras que nadie es responsable de al menos el 95 por ciento de los asesinatos. Detrás de las sombrías estadísticas se encuentra un conjunto de conflictos criminales fragmentados que desafían a las autoridades estatales con sus características locales y su resistencia frente a las represiones”, alerta el análisis de Crisis Group.

El ICG ­–que tiene un amplio reconocimiento internacional y es una fuente de información para gobiernos e instituciones que trabajan por la paz y la resolución de conflictos– insiste en que AMLO hereda del panista Felipe Calderón Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto un escenario donde el crimen organizado mexicano ya no se basa en el tráfico de drogas como su única fuente de ingresos, y además está disperso en nuevos territorios, por lo que enfrentará una gran cantidad de conflictos regionales.

“Pero el desafío más grave se refiere al propio Estado. Los informes generalizados de corrupción y criminalidad sugieren que esto explica, al menos en parte, la ineficacia de las fuerzas armadas y la policía. A nivel municipal, donde los esfuerzos para calmar la violencia relacionada con el crimen organizado son más necesarios, las fuerzas de seguridad se encuentran en su punto más débil. Por su parte, las fuerzas federales están acusadas por grupos de derechos humanos de estar implicadas en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que en algunos lugares han alcanzado una escala que equivale a crímenes de lesa humanidad”, destaca.

La reforma de las fuerzas de seguridad federales requerirá un delicado acto de equilibrio pues, de acuerdo con los especialistas de esta organización civil, “moverse demasiado rápido, por ejemplo, tratar de castigar a los funcionarios responsables de delitos graves, podría provocar resistencia, mientras que la abrupta retirada de las fuerzas armadas de la policía de los estados más afectados por la violencia podría provocar una inestabilidad aún mayor”.

Si bien el Estado debe cumplir con las demandas de justicia de las víctimas por las desapariciones y asesinatos que involucran a las fuerzas de seguridad, las debilidades crónicas en la investigación criminal y el enjuiciamiento dificultarán los esfuerzos para perseguir todos los casos pendientes, afirma.

¿CÓMO ALLANAR EL CAMINO?

Para ICG, López Obrador debe contener cualquier posible desencanto popular y su equipo deben abstenerse de soluciones precipitadas y de arriba hacia abajo; en cambio debe permitir que las comisiones de la verdad sirvan como espacios para la discusión pública con el fin de identificar las fuentes de conflicto de cada región y sugerir respuestas políticas adecuadas.

Su administración, asistida por agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe proporcionar fondos y apoyo operacional para estas comisiones, y buscar minimizar los riesgos planteados a este proceso por los jefes del crimen, añade.

Sobre este tema, recomienda Crisis Group, podría reconsiderar su negativa a permitir que tales figuras se beneficien de amnistías parciales si existe un apoyo genuino en las comisiones de la verdad para tal movimiento, y los delincuentes están dispuestos a proporcionar reparación y reparación a las víctimas.

El Presidente electo, añade el informe, ha atraído un notable apoyo público con su condena a la corrupción estatal y al abuso de poder, además de sus ideas para abordar la inseguridad desenfrenada del país están diseñadas para desmantelar la lógica y el aparato institucional de la “guerra” de México contra las drogas y el crimen de los últimos 12 años.

“Pero el éxito de este cambio radical dependerá sobre todo de cómo se desarrolle en los microconflictos dispersos en todo el país y las medidas que tome su gobierno contra la complicidad del Estado con el crimen en los distritos devastados por la violencia”, establece el texto que analiza los dilemas que enfrentará el próximo Gobierno de izquierda.

Es el caso de la Ciudad de México y los estados de México, Michoacán y Guanajuato –además de Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y Colima– donde la violencia ha repuntado a niveles inéditos.

En este escenario, el International Crisis Group, que desde julio de 2009 preside la canadiense Louise Arbour –jurista canadiense y quien fungió como Alta Comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos– recomienda a AMLO una serie de objetivos, en donde destacan los siguientes.

–Establecer comisiones de la verdad, dirigidas y definidas por los ciudadanos y apoyadas por expertos en seguridad pública, para proporcionar una plataforma para una mayor comprensión de la inseguridad local y una conversación abierta sobre los recursos pertinentes.

También proporcionar a las comisiones financiamiento adecuado, respaldo logístico, seguridad y acceso sin trabas a funcionarios y documentos estatales, según se solicite, y comenzar por establecer estas en un número limitado de regiones afectadas por conflictos, como partes de Guerrero, Michoacán y Veracruz; posteriormente, ajustar y repetir la práctica en otras áreas llenas de altos niveles de violencia.

–Revisar la exclusión categórica de los delincuentes violentos, incluidos los miembros del crimen organizado de rango medio y alto, de las políticas de consolidación de la paz, como las amnistías parciales. Además, considerar penas reducidas y otros beneficios judiciales para estos delincuentes, pero sólo si así lo aconsejan las comisiones de la verdad ya cambio de una colaboración total con el sistema judicial y la reparación para las víctimas, como un medio para mitigar las posibles interferencias violentas.

–Combinar los esfuerzos de consolidación de la paz de las comisiones de la verdad con los programas de empleo y educación que ofrecen alternativas al crimen organizado y un camino para que los miembros de las pandillas se desmovilicen.

–Financiar y apoyar a los colectivos de víctimas para buscar personas desaparecidas e identificar cuerpos, además de garantizar el acceso de los colectivos como demandantes en investigaciones judiciales a documentos internos del Estado.

–Proponer al Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Interior.

–Investigar y llevar a la justicia a las fuerzas estatales involucradas en casos emblemáticos de asesinato y desaparición de civiles, como la desaparición en 2014 de estudiantes universitarios de enseñanza de Ayotzinapa, para demostrar el compromiso de brindar justicia a las víctimas y restablecer la fe en las instituciones de seguridad.

–Introducir paulatinamente mecanismos de supervisión independientes y sólidos, como defensores del pueblo civiles con poderes disciplinarios, para frenar cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, al tiempo que garantiza que cualquier participación de las fuerzas armadas en futuros abusos estará sujeta a la justicia civil.

–Comprometerse a restaurar gradualmente las fuerzas de la policía civil como únicos proveedores de seguridad pública y desmantelar cualquier estructura de comando policial que esté involucrada en la coerción de sus subordinados o la criminalidad mediante la introducción de órganos de supervisión externos independientes con poderes disciplinarios y de investigación, y acceso a documentos internos destinados a salvaguardar el bienestar de los oficiales y los derechos básicos contra los abusos cometidos por sus comandantes. También proporcionar, cuando sea necesario, protección de testigos y apoyo financiero para los oficiales dispuestos a hablar en contra de los abusos y la corrupción.

–Comprometerse con la independencia de la Fiscalía absteniéndose de influir en el nombramiento del próximo Fiscal General. En su lugar, invitar a la sociedad civil y expertos judiciales a preparar una lista de candidatos para que el Congreso elija, y también fortalecer la capacidad de las oficinas de los fiscales estatales para resolver las desapariciones invirtiendo en servicios forenses políticamente independientes.