El académico Sergio Aguayo. Foto: Cuartoscuro

¿En verdad la preocupación de Humberto Moreira es sobre su reputación? Después de 3 años de la emisión de la columna de opinión “Hay que esperar” de Sergio Aguayo, serán pocas las personas que recuerdan qué fue aquello que opinó el comunicador que diera pauta a una demanda de daño moral por parte de ex gobernador de Coahuila. Es más, apuesto que tras la sentencia emitida el viernes pasado en contra de Aguayo, que se originó tras la acción del mismo Moreira, existen hoy más personas que recuerdan sobre “el hedor corrupto” del exfuncionario que antes de esta fecha.

Para cualquier persona que se siente afectada en su reputación, la oportunidad es clave. El tiempo sana y repara. Lo que se busca legítimamente es que las personas receptoras del mensaje que se considera difamatorio o injurioso conozcan la otra cara de la moneda, que reconozcan la falsedad del mensaje o una verdad a medias. Por esto, la réplica es una forma efectiva de reparación.

Sin embargo, en el caso de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, la intención no es recuperar el honor o la reputación, sino hacerlo escarmentar y mostrar un mensaje de silencio para cualquiera que busque emitir una opinión en su contra. Una acción como esta, busca cansar al contrincante y limitar la participación. Este tipo de demandas lo que provocan es un desgaste y una afectación pecuniaria a comunicadores y periodistas para que, finalmente, cedan a las peticiones del actor. Además, tristemente, logran desvirtuar el mensaje original de la atención pública.

En este caso, por ejemplo, la información sobre las violaciones graves a derechos humanos o el desvío de miles de millones de pesos cometidas en Coahuila quedó enterrada con la persecución que el exgobernador decidió emprender en contra de Aguayo. Así, logró convertir al mensajero en el mensaje.

Es lamentable que en México aún no existan, como sí en otros países, mecanismos de defensa sobre aquellas demandas que buscan limitar la participación y el debate público. En cambio, tengamos un Poder Judicial que abiertamente solapa la corrupción y la impunidad, omitiendo considerar lo que incluso la Suprema Corte de Justicia ha dicho en casos similares.

Es difícil pensar que la justicia avanza solo para unos y que las victorias en el derecho son relativas. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revirtió la decisión de un Juez que había sido consistente con la garantía de libertad de expresión y omitió considerar, por ejemplo, que la racionalidad de las demandas de daño moral es proteger a la gente contra falsas declaraciones de hecho que ocasionan daño a su reputación y no proteger sentimientos o intereses subjetivos; que la única forma de sancionar al comunicador hubiera sido si se hubiere probado que las afirmaciones impugnadas eran falsas, que fueron hechas a sabiendas de su falsedad, o sin tener en cuenta que fuesen o no falsas y hechas con la intención específica de causar perjuicio a la parte demandante; que debido a su naturaleza específica, no se puede demostrar la veracidad de una opinión, como lo fue la emitida en la columna impugnada en este caso, mientras que se puede debatir sobre la verdad o la precisión de una declaración de hechos.

La libertad de expresión y la libre circulación de información, aún cuando esto suponga la crítica a personas o a entidades, son de importancia crucial en una sociedad democrática para el desarrollo personal, la dignidad y la realización de cada individuo, así como para el progreso y el bienestar de la sociedad.

Es mentira que hay más libertad de expresión en nuestro país. Mientras quienes acercan la información a la sociedad y develen las verdades sobre la corrupción y la impunidad sean los perseguidos y no los corruptos y violadores a derechos humanos, México no será un país de libertades. Las leyes en nuestro país hoy limitan el debate y la información de interés público permitiendo que funcionarios como Humberto Moreira utilicen el aparato del Estado de manera perniciosa para tapar la verdad.

Las y los legisladores a nivel federal y local tienen una tarea importante para derogar aquellos tipos penales que criminalizan la libertad de expresión o bien para generar mecanismos de defensa ante demandas civiles que buscan, abiertamente, limitar la participación ciudadana. Pero también para esto, “hay que esperar”.