El Tren Maya, el Corredor del Itsmo de Tehuantepec y los gasoductos de Morelos son megaproyectos que traerán desgracia a los pueblos indígenas, alertaron hoy activistas, especialista e indígenas, quienes precisaron que estos implican expropiación y devastación de territorios, violaciones a la autonomía de las comunidades originarias, además de riesgos a las formas de vida popular y violencia ejercida tanto por particulares como por el Gobierno.
Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Tres megaproyectos, el Tren Maya, el Corredor Transísmico y el Proyecto Integral Morelos (PIM) “fortalecen la violación a los derechos de los pueblos indígenas” con la ocupación de sus territorios, de acuerdo con los ponentes del foro “Derecho de Réplica” de la organización DesInformémonos.
Hoy en día los pueblos están amenazados “por dónde se les vea”, porque son los dueños de las grandes reservas naturales del país, en momentos en que el Gobierno busca desarrollo a través de proyectos que sólo producen “depredación” que pone en riesgo al país, explicó el periodista Hermann Bellinghausen.
Los activistas explicaron que previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República existía una suerte de esperanza. La situación del país no cambiaría del todo, pero al menos los pueblos indígenas podrían descansar. “Se pensaba que no nos matarían tanto”, dijo la lingüista mixe Yásnaya Aguilar.
Pese a la promesa, la opresión y la sangre siguieron su curso, acusaron los ponentes.
De acuerdo con Aguilar, la primera transgresión fueron las consultas populares. Aunque las comunidades indígenas no se oponen al progreso, consideró que debió respetarse la autodeterminación de los pueblos para que realizaran su propia consulta y, posterior a ella, generaran un acuerdo con el Gobierno. En cambio, explicó que las autoridades impusieron una consulta que no representó la voz de todos los pueblos.
Además de la autodeterminación, la lingüista consideró que hoy existe una “lucha por la vida”, ya que los usos y costumbres de los pueblos indígenas están en riesgo con la llegada de proyectos que aunque velan por la inversión y el desarrollo, se apropian de la herencia cultural de los pueblos [como el territorio] a través de “simulaciones” [como las consultas].
Teresa Castellanos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), confirmó la existencia de agresiones relacionadas con el PIM, en Morelos, Puebla y Tlaxcala.
“Una parte de lo que está pasando en mi comunidad [en Morelos] son las agresiones totalmente del mismo Presidente de la República”, lamentó.
López Obrador no sólo “amañó” la consulta pública. Los activistas “estamos viviendo lo que pasó con el compañero Samir”.
El 20 de febrero de 2019, el activista en contra del PIM, Samir Flores Soberanes, fue asesinado a balazos afuera de su casa en el poblado de Amilcingo, Morelos.
Para Castellanos, el asesinato no sólo ha generado “encabronamiento” en las comunidades con el Gobierno en turno. También refleja que México “no está creciendo” y que las autoridades le “están dejando el país a los grandes empresarios” mientras que, a los pueblos indígenas “nos están dejando sin nada”.
EL NEOLIBERALISMO SIGUE
Para Bettina Cruz, aunque el Jefe del Ejecutivo diga que el neoliberalismo ya se acabó, existe despojo por parte de los “poderes del capitalismo”.
Uno de los “sueños” más viejos de los potentados y de quienes se han ostentado como dueños del país, entre ellos políticos y empresarios, ha sido el Corredor Transísmico.
Para la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) se trata de un proyecto tan viejo como el país, y poco inclusivo por su propósito: producción a pesar de los pueblos indígenas que exigen su derecho de réplica.
“Este proyecto viene a querer quitarnos todo lo que tenemos”, dice. No sólo afectará a Oaxaca y Veracruz. También tendrá consecuencias en Chiapas y Tabasco.
De acuerdo con Bettina Cruz, el Corredor, así como el Tren Maya y el PIM “son tres proyectos que no podemos verlos aislados”, porque “se busca construir una plataforma logística de producción e inversión” que arrasará con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Aunque el proyecto podría conectar las costas mexicanas y generar espacios comerciales en los que converjan mercados americanos, asiáticos y europeos, Cruz recordó que el riesgo parte de la imposición de proyectos y no de un acuerdo democrático, como se hace creer.
Para ella, las experiencias anteriores dicen mucho.
“En Veracruz habrá fracking en Coatzacoalcos y un nuevo gasoducto” que complemente el de SalinaCruz-Coatzacoalcos, explicó. Las nuevas obras traerán progreso a costa de la devastación. Bettina Cruz refirió que ya hay dos mineras en la zona de los Chimalapas y Juchitán, además de los más de 10 parques industriales, puertos, carreteras y una línea de transmisión que ya existen en la región y que fueron construidos sin consulta y a pesar de la autonomía de los pueblos originarios. Eso es lo que otra vez se avecina: devastación –explicó.
EL TREN DEL DESPOJO
“Las consultas que se han hecho son una verdadera tomadura de pelo”, dijeron los activistas del foro.
El Tren Maya y las dos centrales termoeléctricas del PIM fueron supuestamente avalados por las comunidades en donde serán construidos, con 89.9 y 59.5 por ciento de aprobación, de acuerdo con las consultas populares de 2018-2019.
Acerca del Corredor Interoceánico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en abril que “ya se hizo la consulta y [que] la gente está a favor”. Pero ese mismo mes, al menos 12 pueblos de Oaxaca y Veracruz —Afromexicano, Ayuuk, Binnizá, Chinanteco, Chontal, Ikoots, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Popoluca, Totonaco y Zoque— se pronunciaron en contra del proyecto.
Para los activistas del foro “Derecho de Réplica”, el reordenamiento territorial y los megaproyectos de infraestructura implican “desplazar las actividades que la gente tiene para sobrevivir”.
En el caso del Tren Maya, Heber Uc, integrante del colectivo de semillas Much’ Kanan I’naj explicó que se trata de una obra que va más allá de la infraestructura y la inversión, que tendrá graves consecuencias en la región de la Península de Yucatán.
El “Tren del despojo” —como lo llamó— no es un medio de transporte sino un proyecto de inversión y de infraestructura de mil 500 kilómetros de recorrido a lo largo de 15 estaciones, cada una con “subcentros de desarrollo turístico con capacidad para 50 mil personas”.
De acuerdo con Uc, los legisladores han creado leyes que permiten la explotación de territorios antes protegidos, con lo que la Península ha cambiado de manera irreversible.
Hoy, enormes lagunas que pertenecían a pueblos indígenas fueron convertidas en centros turísticos. Eso mismo pasará con la llegada de los subcentros, lamentó el activista.
La zona de Bacalar y las regiones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han sufrido un proceso indiscriminado de “mercantilización”. Lugares donde los gobiernos siguen aplicando políticas para proteger la naturaleza, pero que más bien acaban con el territorio.
Como ejemplo, Heber Uc mencionó las consecuencias del Programa Sembrando Vida, entre las que contó deforestación por la siembra de plantas y productos que no son nativos de la región, como sucedió en el ejido de Juan Sarabia, en Quintana Roo.
Sin embargo, Uc acusó que el llamado progreso gubernamental ha traído consigo violencia, una circunstancia que no será ajena después de la construcción del Tren Maya. Como ejemplo recordó que la Riviera Maya —sobre todo Cancún y Playa del Carmen— es la zona con mayor violencia desde la llegada del turismo y del crimen organizado.
“El turismo es preocupante en Bacalar. […]. El nivel de violencia se triplicó con el anuncio del Tren Maya. Sólo la semana pasada mataron a tres personas”, denunció el activista.
