Enrique Peña Nieto dio ayer, formalmente, el primer paso para comenzar una reestructuración del actual gobierno federal.

El Presidente electo anunció, ante senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su propuesta para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, con lo que desaparecería la Secretaría de la Función Pública.

Su idea es que durante su gobierno se faculte al Congreso para expedir leyes en materia de anticorrupción, con el fin de darle al Estado mexicano un órgano con mayor autonomía y capacidad en ese rubro. La iniciativa, dijo, será presentada ante la Cámara de Senadores prácticamente al iniciar su sexenio.

La propuesta, por supuesto, suena bien. Nunca como ahora, la corrupción de los funcionarios públicos –en todos los niveles de gobierno– se ha hecho visible y lástima no sólo la moral de los mexicanos sino también, sensiblemente, a las finanzas públicas del país.

Por décadas, cuánto y cómo han robado al erario es el principal recuerdo que los ciudadanos tienen de los gobernantes, incluidos los propios legisladores, claro.

El reto de Peña Nieto en esa materia es mayúsculo.

Es prácticamente su primera acción de gobierno y, desde este momento, los mexicanos no debemos quitarle de encima los ojos para ver que cumpla con su propósito de verdaderamente transparentar el uso de los recursos públicos y ejercer la ley para castigar a los funcionarios, sea quien sea, que abusen de sus cargos para enriquecerse ilícitamente.

Es un reto mayúsculo, además, porque si el priista mexiquense quiere realmente imponer un sello de gobierno y diferenciarse de los últimos 12 años de administraciones panistas, deberá comenzar a barrer de dentro hacia fuera.

Y vaya que necesitará una gran escoba.

Sin extendernos demasiado citamos sólo tres ejemplos, entre las decenas que hay –incluidos funcionarios y legisladores en funciones–, de gobernantes priistas que están en entredicho ante la opinión pública:

1. Ivonne Ortega Pacheco asumió como gobernadora de Yucatán el 1 de agosto de 2007 y entregó el poder el pasado 20 de septiembre.

La ex alcaldesa de Dzemul, ex diputada local y federal, y ex senadora de primera minoría, dijo al final de su administración que se iba feliz: “Le he entregado los mejores años de mi vida al Mayab. Jamás caí en provocaciones porque claro que las hubo. Porque siempre he dicho que para que haya conflicto debe haber dos partes y yo nunca me presté a conflictos estériles”, sostuvo.

Sin embargo, sus críticos afirma que Ortega Pacheco generó que la deuda pública del estado se ha disparado y hay sospechas de que su gobierno debe cuentas a proveedores; en esas cuentas, por ejemplo, hay pagos a medios como Televisa, empresa con la que fue “extremadamente bondadosa”, dicen.

Además, su debilidad por las fiestas y la farándula, y su “generosidad” con sus invitados y con ciertos medios de comunicación –con cargo al erario público, según ha documentado parte de la prensa local– le ha generado una amplia base crítica.

La priista tiene también denuncias por enriquecimiento ilícito, incluida buena parte de su familia, además de acusaciones de represión.

2. Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó Veracruz del 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2010, tampoco escapa al juicio ciudadano. Al final de su mandato y hasta ahora se habla de la fortuna que durante ese sexenio amasó su familia.

Al comienzo de su administración reportó un patrimonio de 6 millones de pesos, pero cifras extraoficiales hablan de que al terminar el monto rebasa los 144 millones 160 mil pesos, aunque también se maneja otra cifra pero ésta en dólares: 150 millones.

Entre sus muchos negocios se destaca la adquisición de cadenas de franquicias a nombre de su hijo, Fidel Herrera Borunda, que incluyen bienes raíces y una jugosa empresa de publicidad; propiedades en Dubai, Londres, Argentina y Canadá; otros bienes raíces en Boca Del Río, como la Torre Diamante y la Torre Platino; una casa en El Conchal con dos hectáreas de terreno y vista al Río Jamapa; otra casa en Las Ánimas, en Xalapa, y un lujoso departamento en Santa Fe, en el Distrito Federal, que habita su hija Rosa, entre otras.

3. Al iniciar su carrera como maestro en Coahuila, Humberto Moreira Valdés era sólo un joven con aspiraciones, que provenía de una familia humilde. Pocos años después, gracias al respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la dirigente Elba Esther Gordillo Morales, era uno de los políticos más importantes de la entidad.

Humberto Moreira gobernó Coahuila del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011, cuando renunció para convertirse en presidente nacional del PRI, del 4 de marzo de 2011 al 2 de diciembre de ese mismo año.

Su desempeño como gobernador ha sido criticado por favorecer a familiares y amigos, y sus opositores lo acusan de nepotismo –su hermano Rubén, por ejemplo, es el actual mandatario de esa entidad–, corrupción, endeudamiento, alianza y protección a Los Zetas, y enriquecimiento ilícito.

Esas acusaciones presumen que la familia Moreira ha comprado quintas campestres; ranchos; cabañas en Colorado, Estados Unidos; aviones que supuestamente renta al gobierno estatal; una casa valuada en 6 millones de dólares en San Antonio, Texas; unas 23 gasolineras, cuyas operaciones de compra-venta se habrían hecho con supuestos prestanombres entre 2008 y 2010, y cuyo valor se calcula en más de 100 millones de dólares; una planta industrial, valuada en 100 millones de pesos, que consiste en una fábrica de pinturas, asfaltadora, concretera y flotilla de 20 camiones, entre otras adquisiciones.

Pero su herencia más criticada es la exorbitante deuda que adquirió Coahuila durante su administración y que ahora suma más de 36 mil millones de pesos, cuando en 2005, al inicio de su sexenio, era de poco más de 323 millones de pesos. El manejo y destino de ese endeudamiento sigue en revisión legal.

Entonces, dados estos antecedentes, de muchos otros que podríamos mencionar aquí, ¿será capaz Enrique Peña Nieto de poner orden entre sus propios correligionarios?

El buen juez por su casa empieza, dice el refrán. Ya veremos qué tan bueno resulta EPN para aplicar la ley a personajes que bien que conoce.

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