Jaime Bonilla Valdez, el exgobernador de Baja California, primero de Morena, y el primero también de ese partido en convertirse en exgobernador, parece que no haya qué hacer con su vida pública. A veces da la impresión de no haber entendido que ya no ostenta el poder político y de Gobierno que tenía cuando era ejecutivo estatal, en otras ocasiones se comporta como si aún fuera Gobernador.

Por ejemplo, acostumbrado a tener una presentación diaria en Facebook (que no “mañanera” porque a diferencia del Presidente, no tenía prensa presente ni era accesible), ahora le ha dado por continuar esa práctica aun cuando no tiene cargo, ni encomienda, ni posición política, sólo por la costumbre, en su medio de comunicación, y, muy importante, para acometer contra el Gobierno de su sucesora, la también morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Aun cuando al concluir su bienio (porque por más que se aferró a agenciarse cinco años de Gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo detuvo en su inconstitucionalidad), anunció que en cuestión de semanas daría a conocer la posición que le aceptaría al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como su colaborador, la realidad es que el anuncio se ha ido retrasando. Él mismo se ha ampliado el plazo para “decidir” en cuál posición “contribuye” con el Gobierno de la República.

Esta semana, Bonilla acudió al Palacio Nacional, pues él promocionó las fotos que daban cuenta de ello, acompañado de un puñado de quienes fueron sus colaboradores y, que como él, se encuentran sin empleo, cargo o comisión en Gobierno alguno, aun cuando con injerencia extraoficial en algunas demarcaciones municipales en Baja California.

Al tiempo que “liberó” las imágenes para presumir que fue recibido por el Presidente de la República, también filtró que sería nombrado, el mismo martes 14 de diciembre de 2021, Subsecretario de Gobernación. Dos llamadas, una a la Presidencia de la República y la otra a Gobernación, realizadas por quien esto escribe, terminarían con esa versión. En la oficina de la vocería del Gobierno federal, dijeron “no”, a la pregunta sobre si Bonilla sería nombrado en tal cargo; misma respuesta fue concedida en la vocería de Gobernación.

La realidad, dicen quienes están enterados de las querencias del exgobernador con el Presidente de la República, es que Bonilla viajó a la Ciudad de México para hacerle una especial petición al mandatario nacional: que no se dé marcha atrás al proyecto más grande que emprendió siendo titular del Ejecutivo estatal en Baja California. Se trata de una planta fotovoltaica que se vendió como la solución para el abastecimiento de energía para el acueducto San Luis Río Colorado/Tijuana.

La dichosa plantita de energía fotovoltaica, le saldrá a los bajacalifornianos en 44 mil millones de pesos, para hablar en números cerrados, los cuales se pagarán en los próximos 30 años. Una obra además, contratada en lo oscurito y con desventaja para la administración pública, y beneficios para los constructores.

Los constructores son un grupo integrado por ocho empresas asociadas a Next Energy, los mismos que, hasta septiembre de 2021, firmaron con el Gobierno de Baja California, entonces representado por dos secretarios que fueron de Bonilla Valdez, el del Agua y el de Hacienda, cuatro certificados de inversión por un total de seis mil millones de pesos, los cuales se escribe en el contrato, es el monto a pagar, a manera de indemnización, si el contrato se llegara a cancelar.

El nuevo Secretario de Hacienda en el Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Marco Moreno Mejía, informó que, efectivamente si la obra la llegasen a cancelar, como es la intención al considerarla irregular, deberían pagar los seis mil millones de pesos. “Un grupo importante de esos certificados de inversión fueron firmados en septiembre de 2021”, dijo el Secretario de Hacienda, que hace hincapié en la fecha, dado que ya estaban inmersos en el periodo de transición, y la Ley impide que el Gobierno saliente emprenda obligaciones financieras que afectarán a la administración entrante, sin la presencia de uno de sus miembros. Por supuesto, Jaime Bonilla siempre marginó a la hoy Gobernadora constitucional, de las decisiones que de manera irregular tomó para comprometer los ingresos del Estado.

Fueron cuatro los certificados de inversión firmados por el grupo constructor y el Gobierno de Bonilla, uno por 992 millones 924 mil 15 pesos, otro por mil 130 millones 456 mil 899 pesos, un tercero por dos mil 406 millones 770 mil 700 pesos, y el último en razón de los dos mil 33 millones 697 pesos. En todos los casos, el grupo constructor justificó que con ello, en caso de cancelación, recuperaría la inversión realizada por su parte, principalmente en la adquisición de equipo.

Aparte de lo ventajoso que está el contrato para el grupo constructor, y lo carísimo que le saldrá a los bajacalifornianos este capricho de Bonilla, para los siguiente 30 años, la planta fotovoltaica no cuenta con los permisos ni de autoridades municipales, como uso de suelo, ni del Gobierno federal como el aval de la CENASE o el de la Comisión Reguladora de Energía. La Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, confirmó en su momento que no habían concedido los permisos para la obra “emblema” del Gobierno de Jaime Bonilla.

La Gobernadora de Baja California, también alertó: “es un proyecto estructurado con ventajas para el inversionista privado que lógicamente representa condiciones de desventaja en cuanto al plazo, el precio y los mecanismos de garantía hacia el estado… En términos de análisis y de justicia, nos asiste la razón y no habría ninguna consideración por la cual nosotros estuviéramos de acuerdo con tener que pagar algún recurso con una inversión que no se ha pagado, que no tiene los permisos correspondientes y que eventualmente no va a entrar en funcionamiento”.

Pero Jaime Bonilla Valdez, el exgobernador sin cargo, ni comisión, no quita el dedo de la obra. De qué tamaño será el compromiso, que solicitó y le concedieron, una reunión con el Presidente de la República, donde el tema de fondo, fue solicitar que no sea cancelada su planta fotovoltaica, y prácticamente que la Secretaria Nahle se desdiga, otorgue los permisos, y los bajacalifornianos paguen. También por supuesto, buscar la venia de quien aspira sea su jefe, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien comentan, no está del todo a favor del último capricho de Bonilla.

Pero claro, la última palabra, la tiene el Presidente de la República, sobre las 44 mil millones de razones del exgobernador.

Adela Navarro Bello

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