El hermano de Aguirre sale libre; la PGR, como en Tlatlaya, "no pudo" aportar pruebas

08/10/2015 - 9:00 am

La PGR, como en el caso Tlatlaya, no aportó los elementos suficientes contra el hermano del ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero para acreditarle el supuesto desvío y lavado de casi 32 millones de pesos en el que habría incurrido. ¿Otra casualidad?

Carlos Mateo Aguirre, hermano del ex Gobernador de Guerrero. Foto: Portal del Gobierno de Guerrero.
Carlos Mateo Aguirre, hermano del ex Gobernador de Guerrero. Foto: Portal del Gobierno de Guerrero.

Ciudad de México, 8 de octubre (SinEmbargo).– Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, salió del Reclusorio Sur esta mañana tras ser exonerado por un tribunal federal del delito de lavado de dinero.

El magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, revocó la sentencia al hermano del ex mandatario de Guerrero al considerar que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó el lavado de casi 32 millones de pesos que se le imputaba. Este monto forma parte del desvió 268 millones de pesos en el que están involucrados otros funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre.

Esta es la segunda ocasión, en la semana, en que a la PGR, que encabeza Arely Gómez González, se le cae un caso por falta de pruebas.

Este lunes, un un juez federal ordenó la libertad para cuatro de los siete militares encarcelados por la ejecución extraoficial de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.

Como con el hermano del ex Gobernador Ángel Aguirre, un Juzgado federal determinó este lunes que la PGR no presentó las pruebas suficientes que demostraran la culpabilidad de los militares encarcelados.

A Mateo Aguirre se le señaló de haber recibido depósitos de la Comercializadora 2003 y Trabesa por un monto de 31 millones 941 mil 700 pesos. No obstante, esto fue desechado por el Magistrado que consideró que la PGR no aportó los elementos suficientes para acreditar el delito.

Se informó que el mismo magistrado ratificó la formal prisión a Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino de Ángel Aguirre, por el supuesto desvío y lavado de 268 millones de pesos, por lo que seguirá en prisión.

También se ratificó el auto de formal prisión a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex Subsecretario de Finanzas de Guerrero; su hermano Henry Paul Hughes Alcocer, y sus sobrinos Paulo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

¿Desvío de fondos?

En febrero pasado, el hermano del ex mandatario estatal fue detenido junto con 8 personas acusadas del uso de recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con las investigaciones, de enero de 2012 a septiembre de 2014 los acusados desviaron recursos por un monto de 287 millones 12 mil 594 pesos.

La acusación de la PGR refiere que las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa desviaron en 268 millones 764 mil 594 pesos a ex funcionarios del Gobierno de Ángel Aguirre Rivero.

De acuerdo con el diario Reforma, Carlos Mateo Aguirre fue el único que presentó a tiempo ante el juzgado pruebas de descargo que acreditaban el origen legal de los depósitos.

Ángel Heladio Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero, manejó la entidad como una empresa familiar. El mandatario depuesto a partir de la tragedia en Iguala tuvo en la nómina a miembros directos e indirectos de su familia.

En 2011, SinEmbargo dijo que entre los familiares de Aguirre en la nómina brillaba uno: Carlos Mateo Aguirre Rivero, nombrado entonces coordinador general del Ejecutivo Estatal. Carlos Mateo era, se dijo, una especie de vicegobernador, “el número dos de la entidad”.

En ese entonces, se denunció en el reportaje de SinEmbargo, que Ángel Aguirre entregaba obras de infraestructura urbana a nombre de su hermano. Era dueño del “Rancho San Carlos”, donde se cría ganado suizo. Mateo Aguirre fue también director de Administración de los Servicios Estatales de Salud cuando su hermano fue Gobernador interino de Guerrero, entre 1996 y 1999, luego de que Rubén Figueroa Alcocer solicitara licencia para separarse del cargo, como consecuencia de la matanza de campesinos en Aguas Blancas.

A Carlos Mateo le llamaba el “Señor Diez Por Ciento”, por la influencia que ejerció en materia de contratos durante la primera administración estatal de su hermano.

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