Puebla, 15 Feb. (Notimex).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que la cárcel no ayuda a combatir la delincuencia y genera más problemas de los que resuelve, por lo que urgió a encontrar nuevas formas alternativas para sancionar los delitos.
Durante su participación en el Primer Congreso Internacional de Pastoral Penitenciaria de la Orden Mercedaria, señaló que en ninguna parte del mundo hay evidencia de que los sistemas penitenciarios que encarcelan a las personas sean un factor determinante para inhibir o controlar a la delincuencia.
Advirtió que en el caso particular de México las cárceles en realidad son parte del problema de la delincuencia y no contribuyen a la solución.
El ombudsman del Distrito Federal explicó que ante el fracaso de la readaptación social que ponía énfasis en el propio individuo para conseguir su readaptación fue necesario pasar a un enfoque de reinserción social, que pone el acento en las condiciones sociales que hagan posible la integración del delincuente en la sociedad.
Afirmó que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, como las iglesias, hacen una labor fundamental e imprescindible para atender las necesidades de la población carcelaria, dado que en el sistema penitenciario están atrapados muchos ciudadanos que ni siquiera deberían estar ahí.
Como resultado del afán de los políticos de responder a las demandas de la población de más seguridad, con penas privativas de la libertad más severas, los delincuentes más poderosos se apropiaron de los centros de reclusión para convertirlos en verdaderas escuelas del crimen, según ilustró con hechos y cifras que así lo demuestran.
González Placencia dijo que por principio al interior de las prisiones se pueden identificar tres grandes grupos: uno el de los verdaderos y peligrosos delincuentes que se deben mantener en prisión y segregados de la sociedad.
Otro, continuó, el de los delincuentes menores, que en lugar de estar en la cárcel deberían recibir sanciones alternativas sin ser privados de su libertad.
Por último, agregó, uno más de inocentes que tuvieron la desgracia de caer en las garras del sistema penitenciario, sin deberla ni temerla. Y estos dos grupos integran la gran mayoría de la población carcelaria.
Lo más lamentable, agregó, es que el primer grupo utiliza a los otros dos para sus fines delictivos, con la ventaja de que representan una población cautiva e inagotable.
A su vez Gustavo Salas, abogado en instituciones de procuración de justicia, señaló que una política criminal óptima debería estudiar, para un determinado tipo de delito, los niveles de la probabilidad de arresto-condena y la magnitud de la pena para los cuales un delincuente que mostrase preferencia por el riesgo se vería disuadido.
Explicó que la prisión es el instrumento más costoso con que cuenta el Estado para el control del delito, además de que el problema crece con la violencia, el uso de drogas, la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción institucionalizada, así como con el contacto con sujetos integrados a estructuras delictivas altamente peligrosos.
Dijo que hay estrategias que se pueden aplicar como establecer una regulación jurídica que no deje al libre albedrío del juez otorgar o no beneficios de libertades anticipadas, sino contar con un mecanismo remedial en el cual el interno vaya ascendiendo en las etapas previas necesarias a ser susceptible de gozar de tales beneficios.
En el ámbito administrativo, continuó, establecer las regulaciones correspondientes que permitan la instrumentación práctica de los procedimientos para obtener beneficios de libertades anticipadas.
Además, seguir explorando la posibilidad de la participación del sector privado en la construcción y administración de centros penitenciarios.
En el ámbito de infraestructura e instalaciones, establecer centros penitenciarios de los diferentes niveles de seguridad, a efecto de estar en aptitudes de efectuar de manera integral un auténtico trabajo penitenciario, expuso.
Además, crear y fortalecer la fase postpenitenciaria, establecer una oficina de seguimiento para quienes gozan de libertades anticipadas y la creación de empresas públicas cuyo objetivo social sea facilitarle al beneficiario de una libertad anticipada, y su reintegración a la sociedad mediante una actividad laboral.
Agregó que debería considerarse un esquema fiscal similar al que se le otorgan a los empresarios que contratan personas que por sus particulares condiciones personales se encuentran en una condición de desventaja o de indefensión social.
