Caracas, 16 Feb (Notimex).- La organización civil Espacio Público denunció hoy ataques informáticos contra dirigentes opositores venezolanos, por lo cual solicitó a las autoridades investigar a los responsables de esos actos.
El coordinador de Espacio Público, Carlos Correa, dijo a Notimex que “periodistas, políticos y representantes de organizaciones civiles fueron blanco permanente de estos ataques durante 2011, así como también en lo que va de 2012”.
“Estos delincuentes informáticos se han dedicado a usurpar la identidad de periodistas y políticos opositores, al tiempo que difunden comunicaciones personales y mensajes con información privada de las víctimas”, señaló.
Correa precisó que en muchos casos las víctimas también han recibido llamadas con amenazas de muerte e insultos, con el propósito de “sembrar terror” en las personas que públicamente disienten del gobierno del presidente Hugo Chávez.
Agregó que la lista de víctimas “es larga” e incluye a políticos opositores, periodistas, columnistas, catedráticos universitarios, dirigentes estudiantiles, activistas de derechos humanos, al igual que actores y actrices de teatro y televisión.
Destacó que el domingo pasado, cuando la oposición celebró primarias para elegir a su candidato presidencial, el portal de la Gobernación del Estado Miranda fue usurpado y se colocaron falsas informaciones atribuidas al ganador de la contienda, Henrique Capriles.
“A pesar de que las víctimas han denunciado los hechos ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), estos organismos continúan sin abrir las averiguaciones correspondientes”, denunció Correa.
Recordó que el ordenamiento jurídico venezolano, así como el establecido en el derecho internacional de los derechos humanos, condenan de forma rotunda la intromisión ilegal a los sistemas informáticos personales.
Señaló que la intromisión ilegal a la correspondencia y otros sistemas informáticos viola el derecho al honor, reputación, intimidad, confidencialidad y la vida privada de las personas, consagrados en los artículos 48 y 60 de la Constitución venezolana.
