Guatemala, 5 nov (EFE).- El Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Guatemala solicitó hoy que se levante la inmunidad a la Diputada guatemalteca Daniela de la Luz Beltranena Campbell, a quien acusa de tráfico de influencias.
La Fiscalía dijo en un comunicado que la petición de antejuicio fue presentada ante la oficina de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ) por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Según el MP, una denuncia que ingresó a esa institución en mayo pasado señala a la parlamentaria, del exgobernante Partido Patriota (PP) de haber asignado varias plazas fantasmas en el Estado con nombres de personas recomendadas por ella y que aparentemente nunca se presentaron a trabajar.
La Fiscalía dijo que hasta el momento tiene conocimiento de 12 plazas en las que las personas devengaron salarios de entre 16 mil y 29 mil quetzales mensuales (unos 2 mil 90 y 3 mil 790 dólares).
Asimimos, el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, fue enviado ayer a prisión preventiva y quedó ligado a proceso por crear plazas fantasmas en el Organismo Legislativo.
La medida fue dictada por el titular del Juzgado Undécimo de Paz Penal, José Eduardo Cojulun, a petición del MP, que veía riesgo de fuga y peligro de obstrucción a la Justicia.
El ex Diputado está acusado de los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero.
Según las investigaciones, Muadi se valió de su cargo como Diputado y contrató a 28 personas en el período 2013-2014, época en la que suscribió contratos con 4 de sus cómplices que, a su vez, buscaban a personas para cometer el ilícito.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP lo acusan de haber creado al menos 15 plazas fantasmas para guardias de seguridad privada cuando fue presidente del Congreso en 2012.
A los guardias les pagaban 2 mil quetzales al mes (unos 260 dólares) aún cuando el contrato decía que el salario era de 8 mil quetzales (unos mil 41 dólares), y el resto del dinero era trasladado a las empresas de Muadi.
Por este caso han sido detenidas 32 personas, entre empleados del Congreso y particulares que supuestamente también se beneficiaron de las plazas fantasmas. EFE
