Guatemala en polémica por posible impuesto para lucha contra corrupción

14/11/2015 - 11:30 pm

Por Pablo Palomo

Guatemala, 14 Nov (Notimex).- Una aguda polémica en Guatemala generó la propuesta de una misión de las Naciones Unidas de crear un impuesto para obtener recursos que fortalezcan la lucha contra el crimen y la impunidad.

En el Gobierno “estamos dispuestos a integrar delegaciones de personal técnico y político para que discutan esta situación en un amplio y público debate nacional”, indicó el Presidente Alejandro Maldonado Aguirre.

Dijo que, cuando se formalice la iniciativa, convocará a los sectores representativos del país a un amplio debate sobre la creación de un impuesto temporal al patrimonio.

Las autoridades apoyarán cualquier iniciativa dirigida a abatir la impunidad y la corrupción y que lleve a mejorar la investigación criminal y la impartición de justicia, reiteró.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen en este país, propuso la semana pasada crear un impuesto para la justicia y la persecución del crimen.

Según la iniciativa planteada por el titular de la CICIG, el ex M

agistrado colombiano Iván Velásquez, es necesario “integrar un fuerte aparato de investigación criminal que incorpore los avances tecnológicos que le permita realizar investigaciones de calidad”.

Indicó que el Ministerio Público (MP), en su trabajo conjunto con la misión de las Naciones Unidas, ha avanzado en la lucha contra las estructuras criminales y de corrupción incrustadas en el Estado.

Para continuar los avances, sería indispensable contar con recursos económicos de los cuales no dispone el MP, dijo Velásquez, quien advirtió sobre la importancia de que el sector empresarial se involucre en el tema:

“En esto puede contribuir el empresariado que se ha pronunciado reclamando justicia contra las estructuras del Estado que han desangrado las finanzas públicas”.

Por lo cual, añadió, se debería debatir sobre la creación de “un impuesto de vigencia temporal, dirigido a gravar patrimonios que superen un determinado monto”.

De esta manera, se contaría con recursos extraordinarios para “fortalecer al MP, al Organismo Judicial, al Instituto de la Defensa Pública Penal y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala”, afirmó.

El dirigente de la poderosa cúpula empresarial del país, Jorge Briz, rechazó la propuesta por considerar que un nuevo tributo afectaría las actividades productivas y la situación económica de las empresas.

La representante de un movimiento pro justicia, Carmen Aída Ibarra, apoyó el fortalecimiento de la lucha contra el crimen y la impunidad, pero dijo que veía difícil que se concretar la propuesta de la CICIG.

La propuesta de inyectar recursos al sector justicia surgió con la presentación del informe “Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala”, presentado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Las investigaciones de la CICIG y del MP llevaron a la desarticulación el pasado 16 de abril de un grupo criminal y de corrupción, encabezado por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Por el caso, conocido como “La Línea”, el tres de septiembre renunció el Presidente Otto Pérez Molina, quien desde esa fecha guarda prisión provisional por su participación en la red de corrupción de la SAT.

La Vicepresidenta Roxana Baldetti dimitió el ocho de mayo y detenida el 21 de agosto. También está en prisión por el mismo caso.

La CICIG presentó el viernes el informe anual de labores en el que detalló la desarticulación de 121 bandas criminales y la captura de 183 personas, en su mayoría funcionarios de alto nivel, sujetos a proceso.

La entidad de las Naciones Unidas resaltó los avances de investigar y procesar a prominentes autoridades involucradas en delitos y corrupción, pero aclaró que la impunidad sigue en alrededor del 90 por ciento de casos.

“La sociedad ahora cree que la lucha contra la impunidad sí es posible, que la corrupción no es una situación normal con la que hay que saber convivir, y que nadie está por encima de la ley”, aseveró Velásquez.

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