México, 21 Feb. (Notimex).- El caso entre TV Azteca y las empresas de televisión por cable refleja que tan endeble es el marco normativo de la radiodifusión, así como la debilidad de los órganos reguladores para garantizar el acceso a los contenidos de televisión abierta, coincidieron especialistas.
Para la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Aleida Calleja, “este capítulo muestra que tan endeble es el marco normativo tanto para que se garantice el must carry como el must offer, así como la gran debilidad de los órganos reguladores”.
TV Azteca decidió comenzar a cobrar derechos de transmisión sobre sus canales de televisión abierta a las empresas de televisión por cable, por lo que éstas decidieron bajar la programación.
Por lo anterior, Calleja dijo que el Poder Legislativo tiene un papel central para dar paso a una legislación integral acorde con los procesos de convergencia y transición digital por los que atraviesa el país, tanto en el ámbito de la radiodifusión como en las telecomunicaciones.
En su opinión, es inaceptable que la Comisión Federal de Competencia (CFC) no haya iniciado una investigación por dominancia en contra de las televisoras que tienen el poder de desplazar competidores a través de la venta atada de contenidos.
“La CFC tiene la obligación y responsabilidad de mantener una libre concurrencia en todos los mercados; en la producción y distribución de contenidos en el caso de la televisión debería de declarar la dominancia y no solo eso, poner alto a la estrategias de colusión que hacen las televisoras para impedir que otros competidores crezcan”, comentó a Notimex.
El abogado especializado en telecomunicaciones, Salomón Padilla, dijo por su parte que tanto Grupo Televisa, como los integrantes de YOO y Grupo Salinas deberían ser declarados dominantes por parte de la CFC en el mercado de servicios de emisión y distribución de contenidos en televisión abierta.
“Es necesario no sólo que la CFC declare dominantes a las empresas mencionadas, sino que se genere una política pública digital en la cual se amplíen y protejan las vías de transmisión”, apuntó.
Lo anterior permitiría al órgano antimonopolios corregir su error y retomar el camino de la competencia en el sector de los contenidos, luego de la “desafortunada” resolución de la CFC del 1 de diciembre de 2007, cuando en un incidente de reconsideración “condicionó” a Grupo Televisa a ofertar sus señales de TV abierta, dijo.
