Ayer en el Senado vimos la escenificación de una comedia de enredos. Las pancartas de una de sus salas anunciaban la presentación de un amplio paquete de reformas al marco legislativo del sistema de justicia, incluida una de carácter constitucional. A la hora de presentar la reunión, la presidenta de la Cámara dijo, al leer el discurso que le habían preparado, que de eso se trataba: la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico de la Presidencia de la República y el Fiscal General estaban ahí para entregarle a los senadores los nueve proyectos legislativos. Sin embargo, a la hora de la hora hubo discursos, pero no se entregó ninguna iniciativa.

El día anterior, martes, circuló entre los medios de comunicación y los especialistas interesados en el tema un conjunto de archivos de Word con lo que parecían ser, si no las iniciativas, los últimos borradores de lo que los altos funcionarios del Estado presentarían en el Senado. De inmediato surgieron voces de alerta, pues las pretendidas iniciativas en conjunto representaban un retroceso enorme en aspectos nodales del sistema de justicia penal echado a andar con las reformas de 2008, atentaban contra la independencia del Poder Judicial y les daban un duro golpe a los avances en materia de derechos humanos consagrados en el título primero de la Constitución.

De acuerdo con los documentos filtrados, el Senado quedaría facultado para “vigilar la actuación de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal”, se facultaría al Senado para nombrar jueces y magistrados, se eliminaría la inamovilidad de los jueces, se eliminarían los jueces de control del proceso, se establecerían excepciones a la inaceptabilidad de las pruebas obtenidas bajo medios ilegales, como la tortura, y se haría una reforma extraordinariamente regresiva en materia de justicia para adolescentes, entre otras lindezas.

Un retroceso mayor lo representaría la vuelta al arraigo, ahora con carácter constitucional, para darle la vuelta a la inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte, mientras que en el paquete anunciado vendrá, de seguro, un proyecto de Código Penal nacional, único, un paso más en el desmantelamiento del ya de por sí maltrecho y siempre disfuncional federalismo mexicano. En conjunto, los documentos filtrados pintaban un panorama de avance del militarismo, de más prisión sin sentencia, más tiempo en las cárceles, más discrecionalidad con menos controles y de cárceles más severas. El sueño del populismo punitivo hecho realidad, como si de pronto los deseos frustrados del gobierno de Calderón se materializaran en las propuestas de la pretendida tetramorfosis.

Un paquete reaccionario por donde se le viera. Y aunque algo ocurrió a partir de la filtración –mi conjetura es que se trataba de los borradores del Fiscal General de la República, ese señor tan conservador, de talante francamente autoritario, pero que no contaban con el visto bueno del gobierno o del Poder Judicial y, por lo tanto, fueron frenados– muchos de los malos augurios de la intentona de retranca se reflejaron en la exposición de Gertz Manero, nostálgico evidente del arbitrarismo judicial de los buenos tiempos del PRI, que tantos en este gobierno añoran de manera evidente.

El frenazo, sin embargo, abre la posibilidad de que los signos ominosos de la contrarreforma anunciada puedan ser discutidos con calma, no solo por los legisladores, sino por la academia, las organizaciones civiles de derechos humanos y por la propia judicatura, que de avanzar lo filtrado se vería debilitada. El líder de la mayoría senatorial, Ricardo Monreal, hablo ayer al cerrar la fallida sesión de la posibilidad de un proceso de parlamento abierto, aunque lo que entienden los legisladores mexicanos por ello esté muy lejos de serlo. Un asunto de esa magnitud no debería ser aprobado sin un amplio debate social, y sin tomar en cuenta las señales de alarma por posibles problemas de constitucionalidad y convencionalidad de los que se pretende establecer.

Lo avanzado con las reformas al sistema de justicia y de derechos humanos durante las últimas dos décadas se ha enfrentado a la incomprensión de la sociedad, aprovechada por los que creen en la mano dura, como el fiscal Gertz, quien ayer se hizo eco de quienes afirman que las reformas penales han establecido un mecanismo de puertas giratorias que deja libres a los delincuentes. Los derechos humanos son frecuentemente denostados en los propios círculos políticos, pues es un tópico repetido que sirven para proteger delincuentes. Sin embargo, la reforma ha cambiado para bien la justicia en México, a pesar de sus puntos flacos, la mayoría de los cuales radican en los cuerpos del Estado encargados de aplicarlas, sobre todo los poco profesionales cuerpos de seguridad y, de manera destacada, las fiscalías, empezando por la General de la República, heredera de la mayoría de los vicios de la antigua procuraduría, tal como lo señala el informe “¿Un año de justicia y autonomía de la FGR?” elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

El esbozo de Gertz ayer en el Senado y los documentos filtrados reflejan un intento de deformación legislativa ideado para evitar los que realmente se debería hacer: una reforma en serio para acabar con la ineptitud crónica del ministerio público para investigar los hechos sin violar derechos y sin arbitrariedad. Lo que pide el fiscal reaccionario es la recuperación de buena parte de la discrecionalidad de las antiguas procuradurías, en detrimento de las exigencias de pulcritud judicial. Es indispensable que la intentona de contrarreforma sea detenida y que, en cambio, avancen cambios que consoliden una justicia auténticamente garantista.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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