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Negociación entre FGR y Rosario Robles siembra más dudas sobre la impunidad en México: El País

16/02/2021 - 9:23 am

El pasado 12 de febrero, Rosario Robles formalizó ante la FGR su petición de alcanzar un acuerdo para terminar de manera anticipada el proceso penal en su contra por el caso de la Estafa Maestra.

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– La defensa de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sostiene negociaciones con la Fiscalía General de la República sobre la sentencia que podría recibir la exfuncionaria peñista, lo que pone en duda la real intención del nuevo Gobierno frente a la corrupción, afirma el diario El País.

De acuerdo con la reportera Georgina Zerega, en la más reciente audiencia para avanzar en su situación legal, Robles no estuvo presente debido a problemas de salud, pero sus abogados presentaron formalmente la intención de negociación para reducir su condena, a cambio de declararse culpable de los dos delitos que se le acusan, penados con un máximo de hasta siete años.

La decisión de Robles Berlanga se habría suscitado después de que Emilio Zebadúa, quien fue oficial mayor tanto de la Sedesol como de la Sedatu, ejerció como testigo colaborador ante la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.

En sus declaraciones, Zebadúa aseguró que su exjefa era una de las orquestadoras de la llamada Estafa Maestra, por las que sostenía reuniones semanales con otros funcionarios involucrados para planificar los desvíos monetarios acorde a las “necesidades de sus actividades político-electorales y proselitistas”.

Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria federal. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

Poco después de los testimonios, Rosario Robles expuso en sus redes sociales que estaba dispuesta a colaborar y que hablaría con “absoluta verdad”.

Ahora que su defensa continúa laborando para negociar una reducción de condena, Rosario Robles podría obtener hasta un tercio menos de su condena inicial, según explicó la legista Estefanía Medina, de la organización Tojil, al diario español.

“Sería terrible que eso pase, estaríamos frente a un pacto de impunidad”, aseveró la especialista en corrupción a la periodista Georgina Zerega.

La FGR detuvo a Robles el pasado agosto de 2019, desde entonces permanece en prisión preventiva, en el penal de Santa Martha Acatitla señalada de ser la cabeza visible del caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, el cual ocurrió durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Rosario Robles Berlanga habría desviado más de cinco mil millones de pesos destinados a programas sociales por medio de falsos contratos con universidades públicas.

Por ello, de cerrarse un acuerdo entre las autoridades fiscales y la defensa de la exfuncionaria sólo develaría una cosa, los pactos de impunidad continúan en el país.

Rosario Robles fue funcionaria de dos secretarías de Enrique Peña Nieto. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

“De cerrar un acuerdo, el juicio se transformará en un procedimiento abreviado. México no verá, de esta forma, a la Fiscalía presentar una hipótesis y sostenerla con pruebas. No se conocerá la investigación que hayan hecho las autoridades para llevar a la funcionaria ante un tribunal. Lo que acuerde se hará en privado y sólo se conocerá la sentencia que hayan negociado”, describió el reportaje de El País.

Estefanía Medina aseguró que si se pactan acuerdos entre Robles y las autoridades el caso quedará como una “completa simulación”, pues no se recibiría una condena ejemplar para la corrupción. Sin embargo, la jurista destacó que en realidad la Fiscalía de Gertz Manero ha realizado un trabajo deficiente desde el inicio y que en realidad, nunca ha tenido la intención de “destapar por completo la red de corrupción”.

“Ha sido una simulación. Tomaron al personaje insignia que era Robles y la metieron en prisión para mandar un mensaje de justicia social”, afirmó frente a la reportera.

Además, Medina reveló que Tojil y otras organizaciones de la sociedad civil intentaron involucrarse judicialmente en la causa como “víctimas del saqueo a las arcas públicas”, pero la FGR luchó en contra en los tribunales y logró dejarlos fuera. Incluso aseveró que la Fiscalía gastó más tiempo en litigar contra ellos que contra Robles.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, recalcó que el caso de la exsecretaria peñista sólo ha sido un espectáculo mal montado de la lucha anticorrupción del actual Gobierno, pues afirmó que en la Estafa Maestra se involucraron al menos 570 personas, de las cuales sólo nueve funcionarios fueron imputados, pero todos por delitos leves, y sólo Robles Berlanga está en la cárcel.

“Estamos en presencia de un Gobierno y una Fiscalía que han usado un enfoque político, han construido narrativas con personajes para mandar mensajes. Han hecho un uso político de la justicia”, explicó.

Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2000. Foto: Archivo, Cuartoscuro.

Además, Bohórquez explicó que el hecho de que sea ella quien esté detenida se debe a su historia política con Andrés Manuel López Obrador, pues antes de estar con Peña Nieto, Robles era “una de las estrellas prominente de la izquierda mexicana”. Ella fue primera mujer en ocupar el puesto de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; le entregó el cargo al ahora Presidente de la República Mexicana en el año 2000. Ambos políticos rompieron tras la salida abrupta de la exsecretaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en medio de señalamientos cruzados de financiación ilegal de las campañas electorales.

“Ella conocía todos los secretos del Jefe de Gobierno”, agregó el director de Transparencia Mexicana.

La posibilidad de alcanzar ahora un acuerdo pone entredicho la narrativa anticorrupción del Presidente. “No hay nada nuevo bajo el sol”, dice Bohórquez. “No se ha desmantelado ninguna red y no se han recuperado los activos. Esto ya lo hemos visto, sigue habiendo un pacto entre la clase política”, dijo a El País.

El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.

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