OHL México –ahora Aleatica– habría financiado campañas políticas priistas a cambio de contratos y concesiones, sobre todo en el Estado de México, durante las administraciones de Arturo Montiel Rojas (1999-2005), Enrique Peña Nieto (2005-2011), Eruviel Ávila Villegas (2011-2017) y Alfredo del Mazo Maza (2017-presente). A estos presuntos delitos se suma la acusación de financiar “campañas negras” en contra de AMLO durante el proceso electoral 2017-2018, de la Secretaría de Hacienda.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).- La empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) hizo negocios con las últimas cuatro administraciones priistas en el Estado de México, donde los vínculos entre proyectos de infraestructura y el financiamiento ilegal de campañas políticas “perpetuaron los efectos de la corrupción”, de acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari.

“Hay evidencia suficiente, tanto en el Instituto Nacional Electoral, como en la ahora Fiscalía General de la República o la Auditoría Superior de la Federación, de que estos señores [OHL] financiaron la campaña de Eruviel Ávila [Villegas] en el 2011, la [campaña] federal de [Enrique] Peña [Nieto] en 2012, y luego la de [Alfredo] del Mazo [Maza]” en 2017, dijo en entrevista con SinEmbargo.

OHL México –ahora Aleatica– fue señalada esta semana por el el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de haber financiado con 186 millones de pesos una campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante los comicios electorales de 2017-2018.

Tras la acusación, OHL aseguró no tener “relación alguna, directa o indirecta, en las ‘campañas negras’” ; también refirió que “cooperará con las investigaciones oficiales que puedan surgir”.

Sin embargo, de acuerdo con Gargari, no es una sorpresa que OHL financiara la campaña de guerra sucia en contra de AMLO, pues considera que el uso discrecional de recursos públicos, la opacidad y la falta de castigo y de aplicación de la Ley ha sido “la triste realidad del Estado de México durante las últimas cuatro administraciones estatales”.

Para el hombre que ha denunciado y litigado en contra de la empresa de origen español desde 2015, OHL representa “el prototipo de la corrupción transfronteriza […] vinculado a un grupo político, que es el grupo político del PRI del Estado de México, que se enquista allí y que lo pervierte todo”.

Hace un año, el litigante mencionó a SinEmbargo que existía una “extraña” coincidencia entre los años de elección de cargos públicos y la renegociación de contratos entre el Gobierno mexiquense y OHL México.

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En 2010, el secretario de comunicación del Edomex, Gerardo Ruíz Esparza (izquierda), Enrique Peña Nieto, Gobernador de la entidad, y José Andrés Oteyza Fernández, ex director de OHL México (derecha), celebraron con un recorrido la inauguracion del Viaducto Elevado Bicentenario. Foto: Saúl López, Agencia Cuartoscuro.

Las declaraciones de Gargari, no obstante, tienen sustento. Entre los años 2003 y 2017, los cuatro proyectos de infraestructura más importantes de OHL en el Edomex –el Aeropuerto Internacional de Toluca, la Autopista Atizapán-Atlacomulco, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario– iniciaron, fueron modificados y/o concluyeron en fechas cercanas a periodos de elección popular, fueran para Gobernador (2005, 2011 y 2017) o Presidente de la República (2012).

LA LLEGADA DE OHL A MÉXICO

El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Montiel Rojas, gobernó el Estado de México entre 1999 y 2005. Durante su administración, en 2002, OHL llegó a México y era una empresa poco reconocida.

Ese año –contó Díez Gargari a SinEmbargo– OHL contrató a José Andrés de Oteyza para que encabezara a la compañía en territorio nacional. Entonces el ex Ministro y empresario Juan Miguel Villar Mir, íntimo amigo de los reyes de España y fundador del grupo al que pertenecía OHL, no era investido como marqués. Sin embargo, la misma fortuna que lo llevó a consolidar su imperio multimillonario en Europa y a obtener un título nobiliario, le sonrió para apoderarlo en México.

Allá, en el viejo continente, entre las décadas de los ochenta y noventa, la corte del Rey Juan Carlos I le facilitó contratos y préstamos que lo convirtieron en magnate.

Acá, en el nuevo continente, la designación de Oteyza –implicado en casos de soborno a funcionarios públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)– fue una decisión estratégica ya que, de acuerdo con Gargari, se trató de “otro individuo que sabía conseguir negocios de esta manera: con sus cuates priistas y con la fortuna de que aquel grupo de muchachos que conocieron en la época de Arturo Montiel Rojas –como Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza– fueron los que finalmente se convirtieron en los dueños del país en estos últimos seis años”.

Desde los noventa del siglo pasado, Villar Mir puso el ojo en México. Y en el 2000, inició uno de sus primeros grandes proyectos, que fue la construcción de cinco hoteles de lujo en la Riviera Maya. Pero 2003 sería su año de abolengo en la entidad mexiquense.

Arturo Montiel, por ejemplo, otorgó a OHL la licitación para ampliar, mejorar, desarrollar y operar hasta 2055 el Aeropuerto Internacional de Toluca. Esto ocurrió en 2005, al cabo de su administración en el Estado de México y en el marco de las elecciones locales en las que Enrique Peña Nieto salió victorioso.

El 25 de febrero de 2003, el Sistema de Caminos del Gobierno del Estado de México (SCEM) otorgó a la compañía Concesionaria Mexiquense (Conmex) –filial de OHL México con 51 por ciento de las participaciones– el permiso para “proveer servicios para el Circuito Exterior Mexiquense” hasta diciembre de 2030, “a efecto de asegurar su mantenimiento y conservación”, según lo establecido en el “Título de Concesión” de ese año.

Nueve meses más tarde, el 27 de noviembre de 2003, el Gobierno de Arturo Montiel Rojas creó a la empresa Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) para que se encargara de “modernizar, expandir y promocionar” el aeropuerto estatal, de acuerdo con lo establecido en la “Gaceta del Gobierno” (registro DGC no. 001-1021).

Dicha compañía fue creada para durar 99 años –hasta el año 2102– con una estructura tripartita: 49 por ciento de las acciones en manos de privados; 26 por ciento perteneciente al Gobierno del Edomex; y el 25 por ciento restante como participación del Gobierno federal.

A finales de 2005, la administración de Montiel selló su trato con OHL México, que el 27 de julio de 2006 adquirió el 49 por ciento de la AMAIT por 1.1 millones de pesos.

EXTRAÑAS COINCIDENCIAS

Sin considerar la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca, los tres principales contratos de OHL en el Edomex fueron una inyección de capital, sobre todo concentrada en el periodo de Gobierno de Arturo Montiel Rojas, cuyo Circuito Exterior implicó el pago de 24 mil 921 millones de pesos a OHL.

Le siguieron el Viaducto Bicentenario durante el mandato (2005-2011) de Enrique Peña Nieto con 10 mil 071 millones y la carretera Atizapán-Atlacomulco del periodo de Eruviel Ávila Villegas (2011-2017), con un costo de 9 mil 500 millones de pesos.

“Fíjate como todo el caso de OHL está siempre vinculado al calendario político. Las ampliaciones de plazo, por ejemplo, que las otorgan ya sea un poquito antes o un poquito después de que termina una administración”, comentó Gargari en 2018 a SinEmbargo.

Casi dos años después de obtener la concesión de la AMAIT, el 7 de mayo de 2008, la empresa de origen español obtuvo la concesión por 30 años (hasta 2038) del segundo piso del Periférico, a través de su filial Viaducto Elevado Bicentenario.

Seis y medio meses antes, el 23 de octubre de 2007, el dictamen técnico de la licitación pública (no. SCEM-CCA-01-07) del proyecto determinó que OHL era la mejor opción para “construir, explotar, operar, conservar y mantener” el Viaducto Elevado.

Años después, en 2012 y a unos meses de haber sido elegido como el nuevo Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas anunció la extensión de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense por 21 años más (hasta 2051), de acuerdo con lo establecido en la modificación al “Título de Concesión” de diciembre de 2012. Asimismo, el priista autorizó los incrementos de tarifas para 2013 y 2021.

Los políticos y los empresarios en el Edomex, de acuerdo con Gargari, “adoptaron el método de decir: ‘vamos a hacer las ampliaciones de tarifa en dos [momentos]. Las incrementas por inflación en enero o febrero; y después de la elección, le das el otro golpazo a la ciudadanía’”.

El 28 de marzo de 2014, la SCT falló a favor de OHL –a través de su filial Concesiones México– para “construir, operar, explotar, conservar y mantener la autopista de altas especificaciones Atizapán-Atlacomulco” (en el Edomex) por 30 años (hasta 2044), refiere el sitio “Proyectos México” del Gobierno federal.

Para noviembre de 2016, siete meses antes de la elección de Gobernador del Estado de México, el Gobierno federal amplió de 30 a 60 años la concesión de OHL en la autopista Amozoc-Perote de Puebla (hasta 2063) y autorizó un incremento escalonado de seis por ciento anual en las tarifas de la vialidad, por un periodo de seis años (hasta 2022).

Dos meses después de las elecciones, en agosto de 2017, fue avalado el cobro de las tarifas máximas de peaje en el Viaducto Bicentenario, ya bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza (2017-presente).

Inclusive, el 29 de mayo de 2017, el ahora Presidente López Obrador reveló que la SCT le entregó a OHL la concesión de la autopista Atizapán-Atlacomulco porque estaba financiando la campaña política de del Mazo.

“El fallo de la Secretaría fue darle por 30 años la concesión a OHL, argumentando que la otra empresa que participaba, Promotora de Desarrollo de América Latina, no es solvente, cuando en realidad se trató que [OHL] es la favorita de [Enrique] Peña [Nieto] y es una de las [empresas] que está ayudando a [Alfredo] del Mazo a ganar”, mencionó.