Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Especialistas alertaron que desde que comenzó su gobierno –el 1 de diciembre de 2012–, el Presidente Enrique Peña Nieto estableció una estrategia de seguridad que no ha sido clara respecto a las cifras de homicidios relacionados con el crimen organizado y los índices de inseguridad.

Los analistas consideraron que aunque la mecánica no es diferente a la de su antecesor, el panista Felipe Calderón Hinojosa, “existe un gran vacío de información” que dificulta la obtención de estadísticas sobre la violencia en todo el país.

Un estudio publicado por la Universidad de San Diego –titulado “Las drogas en México”– alertó que la información podría estar “manipulada” por el gobierno federal, gracias a la decisión del Jefe del Ejecutivo federal de modificar la narrativa sobre la violencia generada por el crimen organizado.

Para Hugo José Suárez, analista de Discursos Políticos, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde que comenzó su gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto abrió una temática de seguridad que no dejará de perseguirlo.

“¿Oculta el gobierno federal las cifras reales del flagelo? Esa será una duda permanente a la que se someterán todos los estudios académicos y observaciones expertas, mientras el gobierno federal no emita una posición sobre lo que ocurre en el territorio mexicano”, planteó el académico.

El estudio de la universidad fincada en la frontera entre Estados Unidos y México expuso “problemas significativos con la disponibilidad y la credibilidad de algunos de los datos que pueden ayudar a responder la pregunta [sobre si la estrategia de la administración de Peña Nieto ha funcionado]”. Lo cierto es que en el primer año de gobierno, las bases de datos fueron modificadas y hoy, varias Organizaciones no Gubernamentales señalan serias dificultades en el acceso a los datos.

El cambio en la contabilidad de las víctimas mortales lo demuestra. En los primeros meses del gobierno peñista hubo dos categorías: la de homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado y la de homicidios dolosos en general. En agosto de 2013, la clasificación de los decesos relacionados con el crimen organizado desapareció; de modo que hoy los homicidios integran un solo universo, sin clasificaciones por sus causas.

El problema es que el gobierno federal, ha presentado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) cifras sumatorias con los dos métodos, y ha omitido los meses en que preparaba el cambio de contabilidad; por ejemplo, junio y julio de 2013.

El investigador del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez Morales, explicó que debido a este cambio de manejar las cifras podrían estarse manipulando las cifras.

El especialista detalló que puede “no estarse privilegiando el rigor de datos y estadísticas, sino el criterio político de aparentar que se están dando resultados”.

Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y especialista en víctimas, consideró que no existe una política del gobierno federal para ocultar información, pero que a nivel estatal hay una tendencia a criminalizar a las víctimas y desestimar los datos.

“No creo que haya una política de ocultamiento, pero algunos estados tienen una política de criminalización de las víctimas: cuando dicen que hay muertos y son por ajustes de cuentas y dicen que hay desaparecidos, pero por venganzas, lo que se produce es una criminalización”, expuso.

ESTRATEGIA REPETIDA

De acuerdo con el informe, el Presidente Peña Nieto continuó las mismas estrategias de la administración del ex Presidente Calderón Hinojosa durante su primer año en el cargo, pero también comenzó a hacer hincapié en la prevención del delito y la reforma del sistema judicial

Sin embargo, aunque tuvo importantes iniciativas respecto a este tema que incluyen la creación de un nueva agencia para la prevención de la delincuencia encabezada por Roberto Campa Cifrián, así como la introducción de un nuevo Código Federal unificado de procedimiento penal, y la creación de un Gendarmería Nacional, siguen estando en curso y aún no se pueden ver resultados.

Más allá de expulsar de la línea discursiva las palabras “inseguridad” y “violencia”, los especialistas no observan un cambio de viraje en la estrategia en este ámbito. Erubiel Tirado, encargado del Diplomado de Seguridad Nacional y Pública de la Universidad Iberoamericana (UIA), advirtió que “el descabezamiento” de las organizaciones criminales multiplicó el número de células operativas y de esa forma, motivó su expansión en el mapa mexicano, tal como ocurrió en el sexenio pasado, de Felipe Calderón Hinojosa.

“Como parte de su alejamiento de las actividades de lucha contra las drogas , Peña Nieto también prometió un descanso de la estrategia de capturar capos del gobierno de Calderón”, afirma el estudio.

Sin embargo, más de un año después de dar a conocer el cambio en la estrategia, la administración actual ha seguido las mismas prácticas  y se ha producido una serie de golpes significativos en el liderazgo de cárteles del más alto perfil, “resultados que están más en línea con la estrategia de Calderón”.

Para Alejandro Hope , director de Política de Seguridad de la Competitividad de México Instituto ( IMCO), durante su primer año de gobierno, Peña Nieto hizo un esfuerzo deliberado para desviar la narrativa de los problemas de la delincuencia y la violencia, “mientras Calderón estaba obsesionado con la seguridad, Peña Nieto ha estado obsesionado con que el país no se obsesioné con la seguridad”, planteó.

Sin embargo, la preocupación pública por la seguridad sigue siendo muy alta, pese a que en la campaña electoral en 2012, Peña Nieto prometió que haría una clara ruptura con el gobierno de Calderón con el fin de restablecer la seguridad ciudadana en México.

El Presidente se comprometió a reducir la violencia en un 50 por ciento , atraer sobre el uso de los militare en las calles, crear una Gendarmería Nacional , mejorar la coordinación de los esfuerzos de seguridad , y mejorar las condiciones de seguridad para los ciudadanos de a pie, pero hasta la hecha “podría decirse que, que ninguna de estas promesas se ha cumplido”, refiere el informe.

En el segundo semestre de 2012, la tasa de homicidios intencionales ya era considerablemente inferior que en su punto máximo en 2011. Aún así, la cifra promedio mensual de homicidios dolosos durante el primer año de Peña Nieto en el cargo era 1,535, alrededor de 15 por ciento menos que el promedio de 1,812 homicidios al mes durante el último año de Calderón en el cargo , de acuerdo con el SNSP .

FALTA DE INFORMACIÓN

Maritza Rosales Reyes, directora de Desarrollo Regional y Competitividad de la firma Aregional, aseguró que durante 2013 le fue difícil a la firma analizar la violencia relacionada al narcotráfico en las entidades del país, debido a que existe muy poca información disponible.

“Las fuentes que usamos son oficiales, son datos duros que sacamos de dependencias y organismos públicos Inegi [Instituto Nacional de Estadística y Geografía], Sedesol [Secretaría de Desarrollo Social] y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, son muchas dependencias gubernamentales. Hay ciertos aspectos que llaman mucho la atención, como el caso de la seguridad que se dejó de hacer a partir de esta administración. Era obligación publicar los homicidios ligados al narcotráfico y se dejó de hacer, ya no hay manera de conseguir esa información”, dijo Maritza Rosales.

La firma realiza estudios sobre competitividad a nivel estatal, municipal y local periódicamente, donde el factor seguridad se ubica en el tercer nivel en importancia.

“En particular en seguridad tiene que ver con transparencia, porque eran datos que eran disponibles, te metías a internet y se bajaban sin problemas. Tendríamos que ver si a través del Sistema Infomex se puede hacer algo, pero sería complicado”, expuso.

La especialista explicó que poco se puede resolver a través de las plataformas de acceso a la información de los estados y municipios, debido a que generalmente se escudan bajo la etiqueta de “información clasificada”.

Por su parte, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del área de Violencia y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, expresó que también es difícil encontrar cifras exactas sobre violación sexual.

Asimismo, Cortez pidió al gobierno federal establecer criterios fijos y continuos para hacer los análisis entre ciertos periodos.

“Desde hace tiempo no hay facilidad para acceder, hay información que se maneja desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el problema que vienen alimentados por los gobiernos locales y no hay forma de verificarlos, los ponen bajo el principio de la buena fe, y ves que hay curvas de descenso de ciertos delitos que parecen poco fiables, ese es otro tema que no tenemos. Por otro lado sigue habiendo asuntos como los que se registraron durante el gobierno de Felipe Calderón, donde se intentó generar esta base de datos con todas las personas asesinadas y que luego cancelaron, el tema es que no tenemos las bases de datos con resultados claros y accesibles para verificar cifras”, criticó.

Un argumento utilizado por el gobierno federal para negar cifras es que son datos “de seguridad nacional”.

“Por eso no las dan, pero el riesgo del argumento de proteger los datos es que  generan la imposibilidad de que los ciudadanos tengamos acceso seguro a esas bases de datos y a la información de cómo se construyen esas cifras y la continuidad para tener acceso. Hay una política donde el gobierno federal y los estatales se siguen negando a la rendición de cuentas y a la transparencia de esta información”, afirmó el especialista.