Actualmente, Eólica del Sur, que de acuerdo con Cruz, está financiada por transnacionales como Mitsubishi, Femsa Coca-Cola, Siemens, Walmart, Cemex, entre otras marcas, busca imponer el parque eólico más grande de América Latina, con 132 torres cada una de 125 metros de altura, que provocará, alertó, contaminación ambiental, auditiva y visual, afectación del paisaje, deforestación y desplazamiento de las comunidades.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– Los pueblos binnizá e ikots acusan que la proliferación de más de 20 parques eólicos en territorios del Itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca, han sido impuestos sin respeto a la autodeterminación y sin consentimiento previo, libre e informado, además de que a su paso han dejado graves impactos ambientales, sociales y culturales en el entorno.

Ahora, las comunidades se encuentran amenazadas por la llegada de lo que promete ser el parque eólico más grande de Latinoamérica.

En entrevista para SinEmbargo, Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio en Oaxaca, informó que en las últimas décadas se han instalado 15 parques eólicos sólo en Juchitán de Zaragoza y 25 más en la región del Istmo, sin que se haya realizado consulta alguna para conocer la opinión de los habitantes.

“Se está secando la tierra. Hay una serie de impactos muy graves y el Gobierno no los ve y sólo piensa en una ola de inversiones”, aseguró.

Actualmente, Eólica del Sur, que de acuerdo con Cruz, está financiada por transnacionales como Mitsubishi, Femsa Coca- Cola, Siemens, Walmart, Cemex, entre otras marcas, busca imponer el parque eólico más grande de América Latina, con 132 torres cada una de 125 metros de altura, que provocará, alertó, contaminación ambiental, auditiva y visual, afectación del paisaje, deforestación y desplazamiento de las comunidades.

La propia empresa ha informado que los aerogeneradores serán distribuidos en un área aproximada de 5 mil 332 hectáreas dividida en dos polígonos, uno con 60 y otro con 72 torres.

Para evitar la imposición, las comunidades solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la atracción del caso, sin embargo, el máximo tribunal aún se encuentra estudiando dicha posibilidad.

En septiembre 2015, los inconformes obtuvieron el amparo 554/2015 que entró al Juzgado Séptimo de Distrito. En aquel entonces, el Juez otorgó la suspensión provisional y después la suspensión definitiva, con lo que se impedía la realización de los trabajos, en tanto se demostrara que los derechos de los habitantes no se violaban. Sin embargo, recordó doña Bettina, “el Gobierno castigó al Juez y lo mandó a Tamaulipas, que es una zona donde domina el narcotráfico”.

En junio de 2016, continuó, “el nuevo Juez sobreselló nuestro amparo y dijo que la consulta había sido previa, libre e informada y aunque nos quejamos, el colegiado apoyó al Juez, por eso acudimos a la Suprema Corte, para que atrajeran nuestro caso”.

En ese contexto, a través de la plataforma Change, los pueblos indígenas lanzaron una campaña para recaudar firmas en la petición ¡Pueblo Binnizá en peligro ante imposición inminente de Eólica del Sur!¡Ayúdanos!, en la que señalan:

“Soy Alfredo Saynes, miembro de la comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca, y solicito tu apoyo para reclamar a la ministra y ministros de la Primera Sala de SCJN la atracción del amparo indirecto 454/2015, así como para que la justicia ampare a las más de mil hermanas y hermanos del pueblo binnizá, que demandaron los permisos del proyecto Eólica del Sur, por las violaciones que ha ocasionado a nuestros derechos colectivos. Mismas que pudieran agravarse con su construcción y operación”.

Y agrega: “La empresa y los gobiernos en todos sus niveles pretenden anunciar este proyecto con el discurso del desarrollo y de las energía verdes, pero en realidad los grandes beneficiarios de la energía que se genera son otras grandes corporaciones como FEMSA (Coca- Cola), poniéndose en entredicho el supuesto interés público que promulga la Ley de la Industria Eléctrica”.

Cruz lamentó que tanto las empresas, como el Gobierno de México “aprovecharon” la característica que tiene la región de generar fuertes vientos para llegar a instalarse. La activista indígena acusó que aproximadamente en 1994 se estableció el primer parque eólico con siete aerogeneradores que tuvieron la función de medir el potencial del viento y los resultados fueron favorables para las empresas.

Por ello, denunció, las autoridades “se dieron a la tarea de subastar nuestro territorio con las empresas multinacionales en varios coloquios realizados en Huatulco. A partir de allí llegaron las empresas y al estilo colonial se les entregaron pedazos de nuestro territorio”. Y añadió que a partir de ese momento “ofertaron” las tierras y “las empresas llegaron a ocupar espacios sin que nosotros supiéramos y en la región vivimos cinco pueblos indígenas que interactuamos en el territorio y somos parte de él”.

“[En los años 90, en el Istmo de Tehuantepec] empezó a haber problemas de imposición de proyectos, algunas [empresas] llegaron de noche, a escondidas haciendo firmar a la gente contratos leoninos, diciendo a los pueblos indígenas que iban a llevar empleo, desarrollo. Aprovecharon que mucha gente no sabe leer ni escribir ni hablar español”, recriminó.

CONSULTA SIMULADA Y HOSTIGAMIENTO

Doña Bettina acusó que se realizó una supuesta consulta, pero aseguró que únicamente se trató de reuniones que fueron una simulación para cumplir con un requisito, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades.

“Entre 2014 y 2015 supuestamente se hizo una consulta en Juchitán, pero para nosotros eso no fue una consulta, sino una serie de reuniones donde gente pagada nos amenazó y en una asamblea a mano alzada se aprobó el parque eólico”, recordó.

Para lograrlo, narró, las empresas y las autoridades se han valido del hostigamiento, las amenazas y la criminalización a fin de intimidar a los habitantes del Istmo.

“Han utilizado a la policía y a sicarios para detenernos y amenazarnos a quienes levantamos la voz. Las amenazas vienen de las empresas y del Gobierno, ellos contratan sicarios para amenazarnos y el Gobierno ha dado todas las facilidades para que las empresas lleguen y hagan lo que quieran”, subrayó.