“Ayer hacia el medio día las hermanas catequistas estaban finalizando un curso en la capilla de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Marcos Evangelista del Municipio de Acacoyagua, cuando dos jóvenes, llegados hasta el final, sacaron sus armas y comenzaron a disparar”, informó el obispo de Tapachula, Jaime Calderón.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).- Treinta catequistas fueron víctimas de un ataque armado en una parroquia del municipio de Acacoyagua, Chiapas. Así lo informó el obispo auxiliar de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

El ataque, ocurrido la tarde de ayer en la capilla de la parroquia de San Marcos Evangelista, cobró la vida de uno de los catequistas.

“Ayer hacia el medio día las hermanas catequistas estaban finalizando un curso en la capilla de la Inmaculada Concepción de la parroquia de San Marcos Evangelista del Municipio de Acacoyagua, cuando dos jóvenes, llegados hasta el final, sacaron sus armas y comenzaron a disparar”, informó el obispo Calderón.

El catequista que perdió la vida fue identificado como Margeli Lang Antonio, pertenecía al grupo de catequesis para niños que se imparte en esa parroquia.

El obispo añadió que las indagatorias por esta agresión ya comenzaron y exigió que continúen hasta”dar con los responsable”.

ALERTAN POR RIESGO DE ATAQUES 

El pasado 27 de marzo, a más de 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Centro Frayba alertó que persiste un riesgo a la vida por ataques y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán, por tanto, aclararon que la militarización de la zona no resolverá la crisis humanitaria por desplazamiento forzado.

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” exigió se investigue la acción y omisión de funcionarios que han sido cómplices y que han propiciado la violencia generalizada en la región, asimismo, se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de la población, con especial atención a las víctimas de desplazamiento forzado.

Bajo acuerdos plasmados en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, el Centro “Frayba” pidió un cese a la militarización de territorios en Chiapas especialmente en las regiones con población víctima de desplazamiento forzado en los Altos.

Indicaron que la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios como: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.