Lo que sucede y se cuenta en la esfera global a veces es una mínima parte de la historia de terror que vivimos internamente en los países o, incluso, en las comunidades más alejadas y marginadas de estos.

La semana pasada se celebró la Conferencia Global de Libertad de Expresión en Londres, Inglaterra y desde ahí pudimos observar y escuchar, la forma en la que cada vez más, la libertad de expresión se cuestiona y se somete a la interpretación de quienes deben garantizarla. La llegada de gobiernos autocráticos, identifican a la expresión como una amenaza para el desarrollo, la seguridad o incluso como una posible traición a la patria; mientras que los -cada vez menos- gobiernos democráticos, reconocen que por el contrario, las formas de represión de la palabra son las que están de verdad coartando la posibilidad de desarrollo, de participación y de cambio institucional hacia un verdadero estado de derecho. Sin embargo, la batalla es compleja pues también el sistema de derechos humanos ha quedado en deuda ante una inminente realidad que reconoce que quienes garantizan estos derechos, son quienes -en primer término- los están violando.

No obstante, el incremento de agresiones y asesinatos a periodistas en el mundo incrementa cada vez más y el terreno en el que se ejerce la libertad de expresión impone una serie de reglas que poco a poco van limitando el perímetro de acción. Así, las voces pérdidas a nivel mundial y nacional constituyen una pérdida imposible de calcular que sin duda tendrá efectos en la forma en la que conocen el mundo las generaciones futuras. Finalmente, una de las narrativas alteras a aquellas de los Estados, son las que el periodismo poco a poco recoge de la sociedad y que los gobiernos buscan ocultar.

En muchos países recuperar y fortalecer la palabra ha significado caminos de sangre y hoy, en aquellos donde se habían logrado ciertos avances, esto va en retracción. En nuestra región, en Guatemala, Honduras y Nicaragua por ejemplo, observamos, diversos reveces que ponen en juego el ejercicio de libertades dentro del espacio cívico. Todos los días hay nueva información respecto a la violencia que se ejerce en contra de aquellos que salen a la calle a demandar y exigir derechos o, incluso, una nueva forma de gobierno.

Pero como he dicho, las realidades que se cuentan en este tipo de foros, definitivamente, están muy lejos de reflejar la crudeza a la que se enfrenta día a día un periodista en un país como el nuestro, donde cada 15 horas ocurre una nueva agresión y donde las autoridades han ido afinando las formas de censura. Ser periodista en México es resistir para mantener el oficio o luchar por sobrevivir pues en lo que va del año ya son seis periodistas asesinados por hacer su trabajo y hay cientos de periodistas que han decidido desplazarse o cambiar de oficio porque hacerlo en condiciones tan adversas. Simplemente, ya no es sostenible.

En el municipio de Seyé, Yucatán, donde hoy me encuentro, la libertad de expresión tampoco está garantizada. Yucatán que hasta hoy es reconocido como uno de los estados más seguros de nuestro país y donde las agresiones contra la prensa apenas alcanzan las dos cifras, las autoridades municipales han encontrado una forma eficaz para hacer del periodismo un trabajo que puede costar la muerte social. Tal es el caso de Edwin Canché, un periodista local que desde enero de 2014, ha sido víctima de una serie de acciones que buscan desacreditar su labor como periodista solo por haber tomado una fotografía de un familiar del Presidente Municipal que chocó contra una barda de una vecina de la localidad. A partir de ese momento, Edwin y su hermano Bartolomé, también periodista, han sido destinatarios de una campaña que busca el repudio de la comunidad que todos los días es receptora de su información ¿no es esto paradójico? A pesar de que la información representa un bien para las sociedad y de que las y los periodistas son su portadores, las sociedades decidimos separarnos de ellos, como si traer malas noticias les convirtiera automáticamente en los culpables de las mismas.

A veces no es necesario matar si puedes encarcelar, bloquear, congelar o acabar con la reputación del otro. La muerte, los asesinatos, las desapariciones son, sin duda, la forma más violenta de acabar con una voz. Sin embargo, actualmente autoridades desde los países del norte hasta los del sur, del este al oeste, en todos los rincones -aún en los más alejados- han aprendido que el acallamiento es redituable para el poder y eso no lo podemos permitir. Las sociedades debemos aprender a cuestionar la información que recibimos pero no nos podemos dar el lujo de dejarla de recibir.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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