“El gran número de desaparecidos en México es reflejo de un problema muy serio que no hemos sabido explicar ni resolver de manera adecuada”. Foto: Carlos Alberto Carbajal, Cuartoscuro

Después de una dinámica gira de trabajo (poco común para un funcionario estatal) por la capital de los Estados Unidos, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, enfrenta un nuevo escándalo por la probable ejecución extrajudicial en la que habrían participado elementos de la policía estatal. Según versiones de testigos, las autoridades tamaulipecas y miembros de las fuerzas armadas simularon un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes mediante un montaje para asesinar a civiles. Las alegaciones sobre una situación tan delicada como ésta requieren de una investigación a fondo. Parece ser que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República, atraerá el caso.

Cabe destacar que García Cabeza de Vaca ha expresado en algunos foros sus aspiraciones a buscar la candidatura presidencial representando a su partido Acción Nacional. De confirmarse el desafortunado hecho que lo vincula a estrategias paramilitares—cuyo alcance podría extenderse aún más según versiones extraoficiales—sus aspiraciones se esfumarían en un instante. Recordemos también que el actual Gobernador tamaulipeco ha estado ligado a escándalos que lo vinculan a la delincuencia organizada como es el caso de sus predecesores. Todo esto debe confirmarse con evidencias en caso de ser cierto, pero pone a García Cabeza de Vaca en una situación por demás incómoda. Los rumores se van extendiendo a medida que avanza su mandato en la entidad.

Lo que sucede en Tamaulipas es gravísimo. También es preocupante y resulta irónico el hecho de que, en su más reciente gira por Washington y en otros foros, el Gobernador presuma de una baja en los índices delictivos, pero que al mismo tiempo pida al ejecutivo mayores recursos y refuerzos para enfrentar el problema de la seguridad en el estado. Sólo un par de semanas atrás se habían registrado ataques por parte de la delincuencia organizada a un edificio que alberga oficinas del gobierno tamaulipeco (https://www.breitbart.com/border/2019/09/02/cartel-gunmen-fire-into-mexican-border-governors-office/). Asimismo, se registró en fechas recientes la desaparición del director y un colaborador de un albergue de migrantes en la ciudad de Nuevo Laredo, quienes fueron privados de su libertad por hombres armados.

El caso de las posibles ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas en tiempos del Gobernador García Cabeza de Vaca nos recuerda lo que ha venido sucediendo en diversas partes del país desde que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa declara su guerra contra las drogas e implementa una estrategia no convencional de seguridad en el país, incorporando a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Existen en el pasado casos claros de paramilitarismo que involucran a autoridades de todos los niveles. Recordemos, por ejemplo, el caso de la Alcaldesa de Matamoros en 2014, Leticia Salazar, quien también fue vinculada a un caso de este tipo perpetrado supuestamente por su grupo “Hércules”. Otro caso emblemático es el de los Mata-Zetas en Veracruz que involucró al ex Gobernador Javier Duarte y a la Armada de México, quienes colaboraron presuntamente con otros grupos de la delincuencia organizada para erradicar a los Zetas del estado.

Los efectos del paramilitarismo son nefastos en todo contexto. En un conflicto armado como el que ha vivido México desde finales de 2006 pareciera que las ejecuciones extrajudiciales han estado a la orden del día. Este tipo de prácticas parecen extenderse a varios estados del país, como Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Coahuila Veracruz y Guerrero, entre otros. En años recientes, en distintas partes del país se han anunciado los hallazgos de varios cientos de restos óseos, posiblemente derivados de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y la delincuencia organizada. Procesos en los cuales las fuerzas del Estado desaparecen a civiles de todas las formas imaginables parecen haberse reproducido y no existen investigaciones relevantes que llamen a cuenta a las autoridades responsables.

El gran número de desaparecidos en México es reflejo de un problema muy serio que no hemos sabido explicar ni resolver de manera adecuada. En el sexenio de Calderón había una clara estrategia para criminalizar a los muertos en la guerra que había declarado el entonces Presidente. Dicho estigma se mantiene, y hoy en día a los muertos o desaparecidos en conflictos relacionados con la delincuencia organizada se les considera podrían estar también vinculados a estas actividades ilícitas y criminales. Se ha creado a un fantasma o a un actor etéreo vinculado a lo que se conoce como “narco” para responsabilizarlo de todos los homicidios y desapariciones ocurridos en el marco de un conflicto armado. La realidad de la violencia paramilitar en México se obscurece en la retórica del narco.

La utilización de términos como narco-fosa, narco-mensaje, narco-bloqueo, narco-ejecución, entre muchos otros, constituye una estrategia por parte del Estado para evadir su responsabilidad criminal en la desaparición forzada y estrategia paramilitar. Federico Mastrogiovanni nos explica muy bien esta lógica en su obra: Ni Vivos Ni Muertos. La Desaparición Forzada en México como Estrategia de Terror (Grijalbo 2014). Lo peor es que se mantiene esta dinámica desde tiempos de Calderón. El caso reciente de Tamaulipas lo demuestra claramente.

El país en general parece ser un gran cementerio. En años recientes se han encontrado múltiples fosas con restos humanos. Y la pregunta clave en cada una de estos casos parece ser: ¿Fue un enfrentamiento entre narcos o fue el Estado? Los familiares de las víctimas de desaparición forzada se han agrupado en colectivos de búsqueda y nos han compartido testimonios que ponen en duda la versión oficial de las guerras entre narcos y desnudan la realidad del nuevo paramilitarismo en México. La sociedad civil se ha organizado para la búsqueda de desaparecidos. El Gobierno, a su vez, ha creado mecanismos para colaborar en esta tarea a través de la formación de sus comisiones de búsqueda en distintos niveles de Gobierno.

El caso de Tamaulipas podría ser una oportunidad para poner a trabajar todos los mecanismos de búsqueda al mismo tiempo en uno de los estados con mayor número de desaparecidos en la República Mexicana. También es preciso que se investigue a las autoridades actuales en el estado por el caso de posible ejecución extrajudicial. Aquí, la sociedad civil debería tener un papel central. Parece raro que organizaciones de gran prestigio y con acceso a importantes fuentes de financiamiento no se hayan pronunciado con más claridad y no hayan podido articular un discurso denunciando las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de Estado. Exhortamos a organizaciones no gubernamentales (ONGs) como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho—quienes llevan años en este tema—a que se pronuncien de manera más clara contra los crímenes de Estado. No al paramilitarismo en México, ni a la desaparición forzada. Queremos justicia. Investiguemos.

Nota: Francisco Javier García Cabeza de Vaca sugirió al Fiscal que lleva el caso de las ejecuciones extrajudiciales en su estado que solicite asistencia técnica al Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Le recordamos al Gobernador de Tamaulipas que estamos hablando de un crimen perpetrado por mexicanos contra mexicanos. Las autoridades extranjeras no deben (y seguro no querrían) participar en asuntos internos que competen a México únicamente. También resulta curioso que el Gobernador de un estado de la República Mexicana realice una visita de trabajo a Washington—sin coordinarse aparentemente con el Gobierno federal. Cuando se tratan temas relacionados con fronteras, delincuencia organizada y migración es recomendable—o más bien es necesaria—una coordinación con autoridades federales pues son temas de su competencia