"Hubo un problema en el proceso, y la cacareada acción contra el CJNG por parte del Gobierno de López Obrador, no tuvo la colaboración de la Fiscalía General de la República, luego que esta instancia fue dejada al margen".

“Hubo un problema en el proceso, y la cacareada acción contra el CJNG por parte del Gobierno de López Obrador, no tuvo la colaboración de la Fiscalía General de la República, luego que esta instancia fue dejada al margen”. Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro

En junio, directamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó –festivamente- que en un operativo al que denominó “agave azul”, habían logrado congelar las cuentas bancarias de mil 939 entes, entre personas, compañías, y fideicomisos ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación que encabeza criminalmente Nemesio Oceguera, “El Mencho”.

Por entonces dijo que había sido aquel un trabajo de coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, además de contar con la participación directa de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, fuente principal de la ubicación de los objetivos criminales.

Las cifras de lo asegurado y de lo investigado realmente fueron impresionantes, miles de millones de dólares en operaciones ilícitas, otro tanto en operaciones internacionales, y transferencias interbancarias por más de 650 millones de pesos.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sólo confirmó el operativo en una de sus conferencias mañaneras, sino que informó que este había sido a partir de una petición expresa de los Estados Unidos. La mañana del 3 de junio y a pregunta expresa, respondió: “Hubo una solicitud del Gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información, y de acuerdo a los convenios de cooperación, se tenían que congelar cuentas de este grupo y fue lo que se hizo”.

En el congelamiento de cuentas hubo de todo, desde hermanas y cuñadas de señalados narcotraficantes y sus esposas, hasta farmacéuticas, inmobiliarias, automotrices, constructoras, tequileras e incluso gobiernos municipales de Jalisco.

Pero… hubo un problema en el proceso, y la cacareada acción contra el CJNG por parte del Gobierno de López Obrador, no tuvo la colaboración de la Fiscalía General de la República, luego que esta instancia fue dejada al margen.

A la fecha, como se consigna en un reportaje de ZETA, de Luis Carlos Sainz, por lo menos dos mujeres, cinco alcaldes y otros, han logrado que sus cuentas de ahorros y cheques les sean descongeladas. Y dos personas más, todos ligados al círculo familiar de Oseguera, están a la espera de una resolución judicial, que, por los antecedentes, se presume favorable.

Resulta que la UIF gestionó directamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el congelamiento de las cuentas, y una tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone que el bloque de recursos financieros, sólo procede a solicitud de una autoridad extranjera basada en el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos y México, y que esa petición debe dirigirse a la FGR que es la autoridad mexicana coordinada. Una vez realizado este proceso de la FGR se canaliza a la autoridad competente. En todo caso, la UIF debió denunciar tales conductas ilícitas ante la Fiscalía General de la República, y esta debió ser notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la petición extranjera.

Pero la Unidad de Inteligencia Financiera “recibió” de manera directa de una autoridad extranjera, caso que confirmó el Presidente, y actuó en consecuencia, por lo tanto legalmente, al no haber sido la FGR la autoridad receptora y la de la acción, se violentó el debido proceso y a los “afectados” con el congelamiento de cuentas, se les restituyen sus derechos.

Es el caso de Erika y Berenice González Valencia, cuñadas de “El Mencho”, hermanas de Abigail González Valencia “El Cuini”, a quienes un juzgado de distrito con sede en Jalisco, les concedió la suspensión provisional para que “las autoridades competentes destraben el bloqueo ordenado”.

Quienes también lograron que sus recursos, y los de sus familiares fueran desbloqueados, a partir de una suspensión provisional, son los Alcaldes de Auxtlán, Ixtalahuacán, El Grullo, Villa Purificación y Casimiro Castillo.

Sobre el descongelamiento de cuentas aseguradas en el operativo Agave Azul, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni el titular de la UIF, Santiago Nieto, han declarado algo, pero sí es conocida la animadversión entre ellos.

En enero de este 2020, en una comparecencia, Gertz Manero expresó: “La FGR ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia… porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”. Completó: “Unidades del Gobierno afirman hechos que pueden afectar el procedimiento penal, porque luego nos acusan de faltas al debido proceso y eso no lo hacemos nosotros”.

Era evidente, como lo es ahora que está fracasando el operativo Agave Azul, que el Fiscal General de la República se refería a los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyas acciones, por lo menos en el presente caso, están siendo tumbadas con suspensiones y amparos.

En otra ocasión, en una mesa de debate en Aristegui Noticias, el Fiscal Gertz Manero, refirió sobre la UIF: “Usted me dice que una Unidad de Inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia, entonces por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la SCJN dijo que son absolutamente inconstitucionales, está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica”.

En el mismo programa, el Fiscal General de la República sentenció: “No se trata de hacer escándalos mediáticos. Se trata de dar resultados de orden jurídico”.

Y efectivamente, el operativo Agave Azul que se presumió mediáticamente, se está cayendo en los tribunales, ante las suspensiones concedidas a los familiares de “El Mencho” y “El Cuini” para que hagan uso de los recursos que les fueron congelados, lo mismo que a otros actores. Y aunque el amparo no ha sido concedido, los jueces presumen que la UIF y la Secretaría de Hacienda, al no contar con la colaboración de la autoridad responsable y coordinadora de los acuerdos internacionales, la FGR, violaron el debido proceso. Claro hasta que el Gobierno federal, demuestre lo contrario, entonces, podrán congelarlas de nuevo.