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Ricardo Ravelo

16/09/2022 - 12:04 am

Militarización: El camino del autoritarismo

“El Gobierno Federal opta por un modelo fallido amén que repite un esquema que sólo se ha visto en países con regímenes autoritarios”.

Todo indica que el plan de la militarización va y para muy largo plazo. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de militarizar totalmente la seguridad pública del país tiene toda la característica de una postura autoritaria.

El proyecto de construir un proyecto policial está abandonado; a nivel estatal y municipal operan las peores policías, convertidas en brazos armados del crimen organizado o bien los miembros de las corporaciones son criminales en potencia con uniforme y pagados por el Estado. Ni por asomo se habla de un plan alterno para rescatar a las policías, por el contrario, el plazo para que la milicia opera la seguridad se prolongó hasta el año 2029, con la posibilidad –según los dijo el mandatario –de que en el 2028 el proyecto militar se someta a consulta popular para determinar si continúan o no en las tareas de seguridad.

De acuerdo con el plan oficial, el objetivo de la militarización es enfrentar a los grupos criminales, apropiados del territorio desde hace varias décadas, donde operan con varias modalidades criminales que resultan, por donde se les vea, perniciosas; en cada municipio la criminalidad funciona con complicidades que son por todos conocidas: han cooptado o bien apoyaron a decenas de candidatos a alcaldes; trabaron relaciones con síndicos, regidores, tesoreros y mantienen como jefes de plaza a los propios comandantes de las policías municipales. De igual forma han pactado con gobernadores. Esto quiere decir que la narcopolitica es un fenómeno poderoso e impune.

Este flagelo se ha complicado en los últimos veintidós años: en el año 2000, por ejemplo, el área de Estudios Municipales del Senado de la República planteó en un análisis que el 60 por ciento del territorio nacional era gobernado, a nivel de las municipalidades, por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado. Esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox, tan ineficaz como cómplice de la delincuencia. En aquel tiempo los programas sociales oficiales no se podían aplicar en diversas regiones porque el crimen lo impedía: lo que imperaba eran los apoyos criminales, pues se esa forma robustecían el músculo social importante para ellos para alcanzar identificación social.

Seis años después, ya con Calderón, el tema criminal y su avance en el territorio pintaba un escenario de crisis aguda. Al menos eso se dijo para justificar la guerra y la liberación de los militares en tareas policiacas. Declararon la guerra al crimen, pero fracasaron: los cárteles, lejos de ser abatidos, se fortalecieron y extendieron sus reales a toda América Latina haciendo suyo el control del continente. El sexenio de Felipe Calderón resultó una farsa vil: mientras los militares hacían la guerra o jugaban con ella, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, brindaba protección al cártel de Sinaloa, el más poderoso hasta la fecha gracias a la complicidad oficial.

Pese a todos estos fiascos y corruptelas, lo único cierto es que en más de dos décadas de operaciones militares –ya como coadyuvantes o bien como cabezas de la seguridad –las Fuerzas Armadas han resultado un fracaso.

Y no obstante lo anterior, el Gobierno Federal opta por un modelo fallido amén que repite un esquema que sólo se ha visto en países con regímenes autoritarios.

Datos consultados dan cuenta que la militarización es el instrumento preferido de gobiernos dictatoriales. Es el caso de Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Nicaragua, Camboya, Kazajstán, Irán, Siria y la región del Subsahara, en África. Cabría incluir a Venezuela, donde Nicolás Maduro y el Ejército han construida una dictadura que ha hundido al país en la desgracia.

En estos países gobiernan dictaduras, regímenes autoritarios que han cancelado libertades y que necesitan a los militares como cercos de protección para contener protestas. Para reprimir, pues.

En México ¿Vamos hacia una dictadura? –cabe preguntarse.

Si el objetivo del Gobierno Federal es realmente abatir la criminalidad y pacificar el territorio, la sola presencia de las Fuerzas Armadas es insuficiente para lograrlo. Esto ha quedado más que demostrado en cuatro años de gobierno: la violencia sigue disparada y son control; los cárteles mantienen sus hegemonías territoriales y buscan, mediante violencia y corrupción, seguir manteniendo su poder en regiones y entidades federativas. Nadie los para. Ni el Ejército.

Forzosamente se requiere un cambio de estrategia ante el flagelo que azota al país, que no es menor: se trata de la captura del Estado, que ha derivado en el llamado Estado fallido, explicado con múltiples casos de corrupción institucional.

En cada entidad, en cada municipio, la delincuencia organizada se ha apoderado de pedazos de Estado: controla municipios, fiscalías, decenas de oficinas públicas, policías al más alto nivel y, de esa forma, ejercen controles territoriales que derivan en impunidad y, esa impunidad, hace posible los asideros donde lo que florece es la delincuencia organizada.

Para destruir esta amplia red de complicidades dentro de las instituciones públicas se requiere una gran revolución en materia de combate a la inseguridad: fiscales y jueces dispuestos a investigar y castigar a criminales; voluntad política para enderezar este plan antimafia y llevar a cabo el desmantelamiento del patrimonio del crimen –dinero, armas, propiedades, inversiones –y de esa forma quitarle poder el crimen. Lamentablemente esto no se está haciendo en México. A la mafia no se le molesta, por el contrario, se le trata humanamente aunque ellos –los mafiosos –no tengan piedad a la hora de ejercer violencia y saña contra la gente.

Implicaría, además, como ya se dijo, un cambio de ruta, un nuevo plan anticrimen, una política eficaz enfocada a la pacificación real del país porque, hasta ahora, la pacificación ha sido un objetivo incumplido que más bien ya forma parte de la retórica del régimen. Es demagogia.

Si, por el contrario, la inseguridad no se abate y el territorio entre en etapa de pacificación, pues querrá decir que existe otro plan con la militarización: sentar las bases de una dictadura, de un posible mandato prolongado de López Obrador si bien este proyecto también puede obedecer a una decisión de Washington para proteger sus intereses, sus inversiones y sus empresas.

Todo indica que el plan de la militarización va y para muy largo plazo. Por lo pronto hasta el 2029. A ver cómo nos va con esta aventura que, como se sabe, a lo largo de la historia y en muchos países ha dejado sabores muy amargos, demasiado dolor y sufrimiento.

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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