Hidalgo es una entidad que no conoce la alternancia política. El 5 de junio de 2016 elegirá a un nuevo Gobernador. La entidad, donde el PRI reina, está lejos de la pluralidad. El actual mandatario Francisco Olvera Ruiz heredará más desigualdad, una economía endeble y escándalos de corrupción que, sin embargo, ante una endeble oposición, no se han denunciado con fuerza.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– En Hidalgo los ciudadanos no han conocido la alternancia en el Gobierno estatal pues siempre han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Los hidalguenses elegirán a su próximo Gobernador el domingo 5 de junio. Asimismo con su voto definirán la conformación del Congreso estatal, al elegir a 30 diputados locales, 18 de ellos por voto directo y 12 por la vía plurinominal. Además elegirán a los próximos alcaldes para los 84 municipios de la entidad.

Luego de una reforma electoral a nivel estatal, los alcaldes electos en el año 2011 tuvieron un periodo de cuatro años con siete meses, a fin de emparejarse con la elección para elegir Gobernador y diputados locales en los comicios del 2016.

Según el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán emitir su voto 1 millón 963 mil 869 personas que están inscritas en la lista nominal, de los cuales 1 millón 035 mil 934 son mujeres y 927 mil 935 son hombres.

La zona metropolitana de Pachuca es la más grande de la entidad y allí se concentra el mayor número de electores, tan solo en la capital de la entidad podrán ejercer su derecho al voto más de 300 mil hidalguenses.

El mayor número de electores en la entidad no rebasa los 40 años de edad, pues podrán votar más de 938 mil hidalguenses en los sectores que comprenden los 20 a los 39 años de edad.

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) es presidido por Guillermina Vázquez Benítez quien se desempeñó como catedrática de la sede del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la entidad y ex consejera electoral propietaria en el Consejo Distrital 02 para el proceso electoral 2014-2015.

LA HERENCIA DE OLVERA EN HIDALGO

Hidalgo cuenta con una creciente pobreza con un millón 547 mil 800 personas, lo que representa prácticamente el 54.3 por ciento de la población, lo que lo convierte en uno de los estados más pobres del país.

Asimismo solo el 14.8 de la población no es pobre y no es vulnerable ser pobre, según datos del Coneval 2014.

Sin embargo, el incremento de la polarización entre ricos y pobres no ha sido obstáculo para el gobernador Francisco Olvera Ruiz ha sido ventilado en varios medios de comunicación por su gusto por el dispendio y las fiestas costosas.

De acuerdo con Los Ángeles Press, el gobernador de Hidalgo habría gastado alrededor de 300 mil pesos en la contratación de un artista para amenizar una fiesta de fin de año.

Asimismo, el diario informó que el Gobernador fue descubierto disfrutando del partido de la edición XLIX del Super Bowl, disputado entre los “Patriotas” de Nueva Inglaterra  y los “Halcones Marinos” de Seattle, cuya renta de un palco similar al que fue observado el mandatario ronda los 820 mil pesos, poco más de 12 millones de pesos, al tipo de cambio de principios del año.

Pero los escándalos del Gobernador no han sido solo en el terreno del dispendio personal, su mandato ha estado empañado por el desvío de recursos y la impunidad.

Una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en la nómina educativa del estado de Hidalgo estaban registrados mil 440 maestros que tenían la misma fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1912, es decir contaban con más de cien años de edad.

Por la coincidencia del día de su nacimiento se les conoció como los “Lupitos” hidalguenses.

Sin embargo, el tema no resultó solo anecdótico, pues estos “Lupitos” le costaban al país 31 millones 807 mil 948 pesos al trimestre.

Según la investigación de Alexandra Zapata y Ariadna Camargo, 127 “Lupitos” trabajan en el Programa de Educación Ambiental Sustentable de Hidalgo a pesar de que en el censo de escuelas sólo se contaron a 60 personas laborando en el centro.

Otra “Lupita” ganaba 82 mil 942 pesos al trimestre y supuestamente laboraba en la escuela primaria Guadalupe Victoria en Atlapexco, Hidalgo.

En otro de los escándalos del Gobierno de Hidalgo, durante este sexenio se repartió el Diccionario Escolar Básico dentro de los paquetes de útiles escolares para los niveles de educación primaria, el cual contenía información errónea, imprecisa, ambigua e insuficiente.

GRUPO HIDALGO

Este estado es la cuna de un joven pero poderoso grupo político al interior del PRI: “El Grupo Hidalgo”, cuya cabeza es Miguel Ángel Osorio Chong, ex Gobernador de la entidad y Secretario de Gobernación en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Otros integrantes de este grupo político son: Jesús Murillo Karam, ex mandatario estatal, ex secretario general del PRI y ex Procurador General de la República.

Murillo Karam también es creador de la imborrable “verdad histórica” sobre la incineración de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos el 26 de septiembre de 2014, presuntamente por policías municipales de Iguala, Guerrero, en colusión con integrantes del crimen organizado.

Nuvia Mayorga Delgado, ex secretaria de Finanzas en el sexenio de Osorio Chong, ex presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y actualmente titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Otros integrantes del “Grupo Hidalgo” son los principales aspirantes a ser candidatos del PRI en la elección para elegir al próximo gobernador de la entidad.

David Penchyna Grub, Senador y principal operador de la Reforma Energética, la más ambiciosa del sexenio de Peña Nieto.

Omar Fayad, Senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Carolina Viggiano, esposa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, ex jefa de campaña de Osorio Chong y actualmente Diputada federal.

CRIMEN Y NARCOTRÁFICO

Durante el último sexenio el crimen organizado ha sentado sus reales en Hidalgo, en donde las cifras demuestran un sensible incremento en diversos indicadores delictivos.

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional reporta 331 casos de Homicidios dolosos durante la primera mitad del sexenio de Peña Nieto: ocho en diciembre de 2012; 123 en 2013; 141 en 2014; y 59 de enero a julio de 2015.

Según datos del Semanario Zeta, Hidalgo ocupa la posición 23 de los 31 estados del país y el Distrito Federal, en el número de homicidios dolosos con 468 casos, en un conteo propio que abarcó el periodo diciembre del 2012 a julio de 2015.

El índice de feminicidio también ha ido a la alza. La procuraduría General de Justicia de la entidad reportó que de 2013 a 2015 se han presentado 33 casos de asesinatos relacionados con violencia de género en el estado. En el municipio de Tula, registraron seis homicidios en 2012 y en el 2011 otros siete más, entre las mujeres de 23 y 40 años.

Por otro lado, Hidalgo se mantiene en niveles bajos de secuestros a nivel nacional. La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría estatal reportó que desde el año 2011 a la fecha anualmente se ha logrado la disminución de la incidencia de este delito en territorio hidalguense, pues en 2011 se denunciaron 32 secuestros; 23 en 2012; 22 en 2013 y, finalmente, 18 en 2014.

De las 18 averiguaciones iniciadas en 2014, la dependencia informó que 12 han sido consignadas ante jueces penales, tres se encuentran en integración pues aún con la liberación de la víctima se continúa la investigación para la detención de los probables responsables, así como tres más remitidas a otras procuradurías por razones de competencia jurisdiccional.

ATAQUES A DERECHOS HUMANOS

Durante los últimos ocho años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió 12 recomendaciones por casos de tortura en contra de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH).

El organismo garante de los derechos humanos detalló que las recomendaciones los elementos policiacos que incurrieron en este tipo de prácticas se hicieron acreedores a “sanciones” del tipo administrativo, aunque en ninguno de los casos se llevó a cabo la destitución de los involucrados.

De las 12 recomendaciones, ninguna fue aceptada plenamente por la Secretaría de Seguridad estatal, y se reservó el cargo del servidor público involucrado en alguno de los casos.