En los próximos días, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México elegirá al/a nuevo/a titular de la Comisión de Derechos Humanos. Desde hace cuatro años la Institución que en algún momento fue una que buscaba establecer un estado de derechos para las y los ciudadanos, se ha convertido en una más, lejana a la sociedad que supone proteger.

Hasta hace algunos años, los procesos de designación se percibían como un proceso administrativo más. La falta de transparencia en los mismos ha permitido que puestos de trascendencia estatal y nacional se otorguen para pagar favores o bien para asegurar los cotos de poder.

No obstante, las designaciones públicas tienen esta característica precisamente por la importancia de los puestos y la necesidad de mayor independencia y autonomía de alguno de los poderes públicos. Las mejores prácticas en procesos de designación involucran a más de un poder y suponen la efectiva participación de la sociedad con la intención de identificar los perfiles idóneos para el puesto.

La idoneidad, sin embargo, no es algo totalmente definido para una misma institución. Es decir, lo idóneo hace treinta, diez o cuatro años probablemente no lo sea en este momento, se debe tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra el país y al que se enfrenta la institución cuyo/a titular será designado/a para definir esas características.

Sin embargo, la realidad institucional de nuestro país nos muestra que a pesar de un diseño institucional robusto que sugiere la posibilidad de nombrar a los mejores perfiles, las designaciones terminan como un mero proceso de simulación.

En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, de las 95 organizaciones que solicitaron formar parte del Comité Observador Ciudadano, en el marco de la designación del o la titular solo se conoce el nombre pero no están disponibles para su consulta los documentos probatorios que demuestren la constitución legal de las mismas y mucho menos insumos que permitan demostrar que tienen experiencia en defensa, garantía, promoción y protección de derechos humanos.

A un día de las comparecencias, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Ignacio Picacho, informó que los diputados no han determinado dónde se llevará a cabo y cómo se coordinara la participación de 95 organizaciones que brindarán sus observaciones sobre la idoneidad de las candidaturas.

El desaseo con el que se ha gestionado la participación de la sociedad civil en este proceso de designación parece dar cuenta de un ejercicio de simulación para cumplir con el trámite de incluir las voces de la sociedad civil y no como un esfuerzo por generar un sistema de pesos y contrapesos que permitan que la persona más capaz ocupe el cargo y no aquella con mayor poder político para movilizar clientelas.

Esperar que las instituciones funcionen porque sí, porque las leyes que les dan vida son buenas, no es suficiente, se requieren titulares capaces de implementarlas.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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