El CCE manifestó que apoya “firmemente” la lucha contra la legalidad y la defraudación fiscal; que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, por lo que debe aplicarse “todo el peso de la ley” a quiene comentan este delito.

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentó que los legisladores no consideraran sus “preocupaciones” en la aprobación de la ley sobre delitos fiscales.

En un comunicado, el organismo señaló que la reforma tendrá consecuencias negativas en la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país.

“Así lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos”, señaló el CCE.

El Consejo Coordinador Empresarial explicó que la falta de precisión en la nueva legislación generará temor en las empresas formales del país sobre posibles “actos arbitrarios” por parte de las autoridades que afecten su integridad y sus bienes.

Sin embargo, manifestó que apoya “firmemente” la lucha contra la legalidad y la defraudación fiscal; que la emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, por lo que debe aplicarse “todo el peso de la ley” a quiene comentan este delito.

Consideró que para invertir, tanto las empresas como las personas, necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad, pues, sin inversión no se lograrán las metas de crecimiento económico y recaudación que requiere el país.

“Las audiencias públicas parlamentarias no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo, que impacta a todos los ciudadanos”, añadió.

Por ello, exhortaron a las autoridades a implementar una nueva legislación “sensible y sensata”, que tenga el firme propósito de sancionar a los defraudadores y no a los contribuyentes.

“Es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país”, concluyó el organismo empresarial.