La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos “está exento de responsabilidad penal” cuando actúe “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo los criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
La Paz, 17 noviembre (EFE).- El Gobierno transitorio de Bolivia aseguró este sábado que el decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares cuando actúen en condiciones de necesidad y bajo legítima defensa, no es una “licencia para matar” y que se enmarca en la Constitución y las leyes del país.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes “no contribuye a ningún estado de mayor violencia” sino que es un instrumento para “contribuir a la paz social”.
Justiniano explicó que el decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, “puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden”.
La normativa establece que el funcionario que participe en operativos de resguardos “está exento de responsabilidad penal” cuando actúe “en legítima defensa o en estado de necesidad” y bajo los criterios de “legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en Twitter de que esta norma firmada por la Presidenta Jeanine Áñez al frente de su Ejecutivo interino “desconoce los estándares internacionales” de los derechos humanos y “estimula la represión violenta”.
El Ejecutivo boliviano en transición sostuvo que la decisión de emplear esa norma proviene de la necesidad que surgió cuando esta semana la Policía se vio rebasada y pidió la intervención de las fuerzas armadas para contener a algunos grupos de manifestantes que causaron destrozos en instalaciones públicas y privadas.
Los sucesos de mayor violencia de la crisis, que se originó a partir de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, se produjeron este viernes en la ciudad de Sacaba, en la región central de Cochabamba.
En ese choque entre cocaleros seguidores de Evo Morales y las fuerzas de seguridad murieron nueve manifestantes mientras que otros 115 resultaron heridos, según un reporte de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba a Efe.
El representante de esa institución, Nelson Cox, mantuvo que lo que hubo en realidad fue una “arremetida” de las fuerzas de seguridad contra la población civil en protesta y que prueba de ello es que los muertos tienen impacto de municiones letales.
El Gobierno transitorio de Bolivia ordenó este sábado una investigación de los sucesos y abrigó la hipótesis de que varios de los fallecidos murieron por disparos que supuestamente provinieron del lado de los manifestantes.
La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos conjuntos desde el pasado lunes para mantener el orden en Bolivia, tras el caos en que se sumió el país después de que el día antes Morales anunciara su renuncia.
Evo Morales hizo ese anuncio después de que un informe revelara graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre tras los que fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude electoral.
