Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– Las mujeres que conforman la Red Nacional de Defensoras en todo el país exigieron al Estado tomar medidas para garantizar, principalmente, la integridad de las mujeres activistas que trabajan en Guerrero en apoyo al caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras, reveló en el marco de la presentación del Análisis de la Violencia contra las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en la República Mexicana, realizado por la organización Derechos Humanos de Morelos, que varias mujeres viven un momento de criminalización y persecución por las mismas autoridades en la entidad.

“Las mujeres son las más invisibles y están en peligro porque hay una campaña de desprestigio y criminalización en Guerrero en contra de los defensores principalmente de [Centro de Derechos Humanos de la Montaña] Tlachinollan, donde hay 27 activistas y la mitad son mujeres. Los que suenan más son Abel Barrera, el director y Vidulfo Rosales, el abogado, pero la persecución es en contra de todos y todas”, dijo la activista.

De acuerdo con el análisis presentado ayer los estados que encabezan los feminicidios de defensoras de los derechos humanos son Guerrero, Chihuahua y Distrito Federal, reveló un diagnóstico que evaluó casos ocurridos entre 2000 y 2014.

En el periodo de estudio en Guerrero se asesinó a ocho mujeres, en Chihuahua a siete y en el DF a cinco.

Pero Guerrero no sólo está entre los estados donde se asesina a más mujeres defensoras, ocupa el segundo lugar en medidas cautelares a defensoras por amenazas.

De las medidas que se emitieron durante en los últimos 14 años Oaxaca registró 17; Guerrero, nueve, y Chihuahua, ocho.

“Hay que decir que a partir de los acontecimientos violentos, desapariciones, asesinatos y represión cotidiana en Guerrero, quedó más al descubierto esta situación de vulnerabilidad de defensoras al momento de realizar su trabajo. En esta administración se ha obstaculizado aún más las investigaciones cuando se inician, en los casos de criminalización a pesar de que se han emitido recomendaciones, no se están atendiendo”, dijo Juliana Quintanilla, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Paloma Estrada Muñoz, defensora de derechos humanos, recordó el caso de Isabel Rosales Juárez, quien trabaja en un taller de desarrollo comunitario y es integrante del Comité de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.

“Ellas estaban acompañando en Guerrero a las víctimas de desaparecidos cuando fueron criminalizadas al hacer su protesta en Chilpancingo, fueron desalojadas por la policía. Esa entrevista la hicimos en julio y vemos que el Estado es el mayor responsable de estas agresiones”, afirmó.

EL AGRESOR ES EL ESTADO

Según el diagnóstico sobre ataques a defensoras de derechos humanos, el mayor responsable de las agresiones no sólo en Guerrero, sino en todo el país, es el Estado.

El agresor en 15 por ciento de los casos es el Estado; 23.3 por ciento, el Estado y otros agentes como paramilitares; intimidación gubernamental, 16.3 por ciento; grupos caciquiles, 8 por ciento; poderes fácticos, 7 por ciento; poderes económicos, 5.8 por ciento y narcotraficantes, 2.3 por ciento.

“En todas las entrevistas las defensoras nos mencionaron a la policía y al Ejército y cómo han sido violentadas por ellos. En todos lados ha pasado”, dijo Paloma Estrada.

La activista expuso que en hay casos de defensoras de derechos comunales y tierras en contra de megaproyectos que son intimidades por autoridades en coordinación con empresas.

“Tenemos identificadas cómo actúan las autoridades en coordinación con las empresas, principalmente cuando se trata de defensa de la tierra”, explicó.

De acuerdo con el diagnóstico las mujeres defensoras son perseguidas a través de tortura psicológica, física, económica y sexual.

Los agresores lanzan amenazas en contra de los hijos, de violación y en muchos de los casos se llega a la agresión sexual.

Paloma Estrada indicó que hay preocupación de las defensoras, debido a que la tendencia indica que la criminalización, asesinato y amenaza en contra de las mujeres va a la alza.

“Lejos de que se disminuyan, estas cifras aumentan, cuando los mismos gobernadores han criminalizado a las defensoras, nos violentan. Es ahora que tenemos que pedir que el Estado mexicano cumpla con su obligación de protegernos”, indicó.

El diagnóstico sobre la situación de las defensoras de derechos humanos forma parte de tres estudios que incluye: una entrega sobre protocolos de atención y una tercera sobre incidencia.

Se realizaron 86 entrevistas y se revisaron 27 casos emblemáticos, así como el análisis de 54 cartas alegatorias y acciones urgentes emitidas por la Relatora Especial de Naciones Unidas hacia el Estado mexicano con relación a agresiones en contra de defensores.

En noviembre pasado, María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutivo del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, denunció que aunque en México la mayoría de los estados tipificaron ya el feminicidio como delito y se avanzó en el marco normativo, lo cierto es que acreditar el asesinato de una mujer como tal, es casi imposible en más de la mitad de las entidades.

De acuerdo con María de la Luz y los últimos datos del observatorio sólo en 14 estados se puede acreditar el feminicidio y en 17 es difícil o imposible hacerlo.

“El feminicidio es violencia extrema que acaba con la vida de las mujeres y es una deuda que el Estado tiene pendiente. En este día internacional, no sirve avanzar en derechos políticos y ciudadanos si a las mujeres las siguen asesinando por el hecho de ser mujer. Vivimos una tragedia, porque a pesar de que avanzamos en marcos normativos, no está repercutiendo de manera positiva para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”, dijo Estrada.

Simplemente el tipo penal del feminicidio en México no permite que acreditar los casos. Por ejemplo entre 2012 y 2013 el Observatorio documentó que de 3, 892 asesinatos a mujeres en dos años, sólo 613 fueron investigados como feminicidios.

“Eso no quiere decir que fueron sentenciados: en el caso de Querétaro, de los únicos cinco casos que investigó como feminicidios y consignados, fueron reclasificados por las autoridades judiciales como homicidio calificado”, explicó.

En Tamaulipas no se acreditó, según los datos, ningún feminicidio, mientas que Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo Léon, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, sólo acreditaron unos cuantos.

En el caso del Estado de México de 535 asesinatos de mujeres sólo fueron investigados como feminicidios 92; en Coahuila de 298, cuatro; en Guerrero de 297, 29, y en Chiapas de 155, 89.