A los ojos de la opinión pública, el DF dejó de ser “la isla” de seguridad del país que para muchos era un refugio de la violencia que se vive en el resto de los estados de la República. Después de años de negación por parte del Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, los cárteles del narco hicieron sentir su presencia.

Ciudad de México a 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Distrito Federal, en 2015, dejó de ser, al menos en apariencia, la ciudad en la que se refugiaban desde periodistas amenazados de muerte, hasta desplazados de distintos estados en donde vivir con la violencia cotidiana, resultaba difícil. Este año, los cárteles del narcotráfico le hicieron saber al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que no sólo operaban en la ciudad, sino que peleaban por la plaza, mataban, ejecutaban y dejaban mensajes en los cuerpos de los muertos, como ocurre en Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, y cualquiera de esas entidades golpeadas por el crimen organizado.

Fue en octubre cuando el Distrito Federal despertó con un cuerpo colgando de un puente en Iztapalapa y un mensaje claro para Mancera, quien negó la presencia de cárteles del narco desde que era Procurador capitalino.

¿No hay cárteles en el Distrito Federal? Ese mes, tres hechos hicieron evidente lo que Miguel Ángel Mancera negó por años desde que era Procurador capitalino.

El 19 de octubre, el cuerpo de un hombre fue hallado colgado en el puente vehicular de La Concordia, en la Delegación Iztapalapa. La víctima estaba sostenido con una soga al nivel del tórax y presentaba dos disparos de arma de fuego en la cabeza.

Los cadáveres colgados en puentes son una práctica común en estados como Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua, donde el crimen organizado sostiene una guerra con otros cárteles y con el Estado mexicano. Hasta ese día, no había reportes de que estas prácticas se cometieran en la capital.

Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) encontró otro cuerpo sin vida dentro de un tambo y con signos de tortura en las calles de la misma demarcación.

A unas horas de estos hechos, un hombre fue ejecutado en la Unidad Habitacional Ignacio Zaragoza en Iztapalapa. El grupo criminal “Gente Nueva del Avispa” dejó un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno capitalino, que de manera textual decía:

¡JEFE MANSERA!

“Aquí le vamos a poner a quienes son los que nos an estado amenasando y an matado gente, estan protegidos por el cano e Israel, comandantes del reclusorio oriente, entre ellos protegen a los internos El Pulca, coyotes, esteban (sic).

Internos del oriente traen el control de la droga del penal con apoyo del Eusevio Dulce reyes, recluido en el penal de Chihuahua y suele tener celular en la carcel estatal de Chihuahua.

“El ordena las ejecuciones con los cabecillas del reclu oriente y otros como el diamante, el Alex y el nieves”.

No me meto con nadie por eso me apoyan, nada mas muevanlos de los centros y esto se acabara…

ATT. GENTE NUEVA DEL AVISPA VAMOS POR TI DULCE REYES”

Un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), dado a conocer en julio pasado, identificó la presencia de ocho cárteles en la capital del país.

“Los Zetas, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva, Golfo, Juárez, La Familia y Los Caballeros Templarios”, son los grupos que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, tienen presencia en el Distrito Federal.

En respuesta a este informe, el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera rechazó la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México. En conferencia de prensa en septiembre pasado dijo:

“Aquí nosotros podemos estar seguros de cómo se está trabajando, es decir, de todo el esfuerzo que se está haciendo. Y yo te diría que aquí se han dado capturas de no de cuatro carteles, yo creo que de más. Es decir, las capturas, los seguimientos, que no quiere decir que estén establecidos, eso es siempre lo que discutimos, porque lo que ustedes me preguntan es: ¿Están establecidos? Yo siempre les voy a decir lo mismo, no dicho por mí, pues ustedes revisen las declaraciones que han hecho los capos cuando los capturan, y una de las preguntas recurrentes que les hacen es: ¿Estaban establecidos en la Ciudad de México?, y ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible”.

UNA BALA EN EL CORAZÓN

Una semana antes de que apareciera el hombre colgando del puente vehicular, comerciantes y empresarios denunciaron la presencia de al menos siete grupos del crimen organizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, quien estuvo acompañado de Jesús González Schmall, titular de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), dijo que estas agrupaciones criminales se dedican a extorsionar, robar y matar.

Tal fue la resistencia de Mancera a reconocer el problema de la inseguridad en el Distrito Federal que en los recientes cambios que hizo a su gabinete dejó intactas a las instancias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Los primeros síntomas de que el Distrito Federal no era una ciudad tan segura, como se creía, ocurrieron cuando desaparecieron 12 jóvenes de en el bar Heaven, en la Zona Rosa, en 2013, una de las más vigiladas de la ciudad, parecía estar “blindado” ante los enfrentamientos, asesinatos y secuestros del crimen organizado en el resto de las entidades.

Antes de los ejecutados y colgados en el puente de Iztapalapa, en julio, un escándalo sacudió a Mancera luego de que el periódico Reforma publicara, a raíz de la ejecución de Marco Antonio Cardona Utrilla, dueño del bar Life, ubicado en la colonia Condesa, que los restauranteros de la zona eran extorsionados.

El rotativo publicó que existía una red de extorsión en donde les cobran entre cinco y 10 mil pesos a los dueños de los establecimientos, a cambio de no hacerles daños a ellos y a sus familiares.

Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia (IIEDJ), afirmó que Seguridad Pública y todos los niveles de la impartición de justicia en la ciudad, estaban reprobados.

“Lo que sucede en la Condesa es escandaloso y negar que estas prácticas de la delincuencia organizada, como el cobro de derecho de piso existen, más. Hay una crisis en seguridad pública y se debe aceptar. Hay una cifra negra de ciudadanos que no denuncia, entonces se deben renovar las estructuras y al personal que toma decisiones en seguridad”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Bravo Peralta recordó que Mancera no colocó entre sus estrategias de gobierno desde el inicio de su gestión, el combate a la delincuencia organizada en la ciudad.

“En seguridad están reprobada no sólo la Procuraduría: Mancera está reprobado, por ello nos gustarían ver acciones contundentes, porque si la situación no mejora, lo mejor que puede hacer Mancera es pedir una disculpa y la renuncia”, argumentó.

LA CONDESA Y LA FACTURA DE LA EXTORSIÓN

Luego de las denuncias de extorsión en la Condesa, el titular de la Procuraduría capitalina, Rodolfo Fernando Ríos Garza, calificó como falsos los rumores de extorsión e intimidación.

A principios de julio, el Procurador realizó rondines en restaurantes y comercios del corredor Roma-Condesa, luego que empresarios del ramo restaurantero informaron que criminales les pedían cuota por el derecho de piso. Días después, Hugo Luna, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados apoyó la versión de Ríos Garza, y dijo que, efectivamente, no había denuncias de extorsión.

No obstante, se implementó un operativo para resguardar la zona.

El funcionario pasó por alto que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), para 2013 en el Distrito Federal se denunció el 10.1 por ciento de los delitos. Eso significa que prácticamente nueve de cada 10 delitos cometidos en la ciudad no se denuncian.

La misma encuesta refiere que el 69.2 por ciento de la población capitalina considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, por encima del desempleo, la corrupción o la pobreza. Pero, en contraste, los Ministerios Públicos y procuraduría local fueron de las autoridades con menos nivel de confianza entre la población. En la policía sólo confiaba la tercera parte de los capitalinos y en el personal de procuración de justicia apenas el 23.3 por ciento.

Las extorsiones a dueños de restaurantes y bares en la colonia Condesa, en la Delegación Cuauhtémoc, no son nuevas ni recientes, como tampoco lo son los asaltos, robos a transeúntes, a casas habitación o de vehículos, que han sido denunciados formalmente y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no ha hecho gran cosa, denunciaron representantes vecinales del polígono Roma-Condesa. De hecho, señalaron los líderes de estas organizaciones, la misma situación de inseguridad ya se extendió en la vecina zona de la Roma, formada por las colonias Roma Norte y Roma Sur.

Insistieron en que no son nuevas ni recientes las demandas a las autoridades de justicia para que atiendan el problema de la inseguridad y la delincuencia en la zona.

Mayela Delgadillo Bárcena, integrante del Comité Ciudadano de la Roma Norte 3, situó el inicio del problema hace unos cuatro años, cuando comenzaron los robos a casa habitación en la colonia Hipódromo, una de las cinco colonias que integran el polígono.

“Es algo que antes no se veía”, aseguró a SinEmbargo. Luego vinieron los asaltos a transeúntes, los robos de vehículos, e incluso las balaceras y los homicidios.

Édgar Avilés, vocero de la Asociación en Defensa de la Roma-Condesa-Hipódromo, afirmó que el asunto de las extorsiones a negocios ya lo conocían las autoridades al menos desde noviembre del año pasado, cuando vecinos de la zona tuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De acuerdo con el informe Incidencia de los Delitos de Alto Impacto en México 2014, del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el Distrito Federal se ubica entre las entidades con mayores tasas de incidencia para los delitos de extorsión, robo con violencia y robo de vehículo.

Asimismo, datos de la PGJDF dan cuenta de que Cuauhtémoc es la delegación con la mayor tasa de delitos de alto impacto en el Distrito Federal, con una tasa de 113.6.

Para mayor precisión, en el desglose por Coordinaciones Territoriales de dicha delegación (a la que pertenece el polígono Roma-Condesa) se aprecia que la Coordinación Territorial 7, con sede en la colonia Roma y la más próxima a la zona, se muestra que en 2014 se registraron 658 delitos de alto impacto, siendo la segunda Coordinación Territorial con más delitos registrados, después de la número 8, con sede en la colonia Obrera. En delitos de bajo impacto, también obtuvo el segundo lugar, con 3 mil 654 casos.

En los primeros cuatro meses de este año, los delitos de alto impacto en esa Coordinación Territorial sumaron 148, conservando el segundo lugar en incidencia en ese tipo de delitos, y 821 en delitos de bajo impacto, quedando en tercer lugar.

Lo que ocurre en esa parte de la ciudad no es ajeno a lo que pasa en el resto de la capital, que para el mes de mayo registraba 14 mil 250 delitos cometidos, siendo así la entidad con la segunda mayor incidencia delictiva del país, sólo por debajo del Estado de México.

Por ello es que Pablo Manzo, especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad Iberoamericana, sitúa lo que ocurre en el polígono Roma-Condesa como parte de una situación generalizada de inseguridad en la ciudad, resultado de una descomposición social e incapacidad de los cuerpos policiales.

“En el fondo lo que hay es una corrupción general y obviamente una incapacidad de los órganos de seguridad que tienen a su cargo la garantía de la seguridad”, sentencia.

¿Qué tanto peso tiene el que se trate de esa zona en particular?, se le inquiere al académico. Él responde que ninguna y, más bien, denota una obviedad que bien puede explicarse con aquella conocida frase “según el sapo, es la pedrada”.

Espriú Guerra apoya esa lógica y añade que si el fenómeno delincuencial se ha hecho más notorio en esa parte de la ciudad es por la incidencia de los actores afectados. En el caso reciente de las denuncias de dueños sobre supuestas extorsiones, ejemplifica, los afectados pertenecían al sector empresarial.

EL FIN DEL SANTUARIO PARA PERIODISTAS

El pasado 31 de julio fueron asesinadas cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México, entre ellas el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y la activista Nadia Vera Pérez, además de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete. Los tres primeros fueron torturados.

Rubén Espinosa Becerril estaba amenazado en Veracruz y no quería que hubiera un periodista número 13 asesinado en la entidad. Por eso abandonó ese estado el 9 de junio y huyó al Distrito Federal: salió huyendo del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, a quien señaló de ser el autor de los acosos y amenazas que estaba recibiendo, lo dijo en su última entrevista realizada por SinEmbargo.

Pero no le sirvió de nada. Fue asesinado en la colonia Narvarte junto a otras cuatro personas.

“No quiero que exista un número 13 y 14. Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí”, dijo en entrevista Rubén a principios de julio.

En un auto exilio de Veracruz, obligado por el acoso y las amenazas de las que fue víctima llegó al DF. El joven colaborador de Proceso, Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC huyó luego de protagonizar varios episodios de acoso.

El reportero gráfico era originario de la Ciudad de México, pero desde hace ocho años radicaba en Veracruz. En esa entidad dejó su trabajo, sus corresponsalías, amigos, su casa y hasta su perro por el miedo a ser asesinado como los 12 periodistas que ya habían sido ejecutados.

“No sabes lo difícil que es esto. Dejé a mi perro, quisiera regresar por él”, indicó Rubén con los ojos humedecidos. Quería volver a la entidad que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa, pero tenía claro que volver allá, era jugarse la vida. Por eso mejor, se quedó en el DF.

El día de la entrevista Rubén llegó a la redacción ataviado con una camisa a cuadros, pantalón casual, unos tenis, su chaleco y la bolsa donde resguardaba su cámara fotográfica. Llegó listo para cubrir la marcha del noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esa sería su siguiente parada luego de conversar en la redacción.

A pesar de que se sentía nervioso, su gusto por la cobertura de movimientos sociales lo impulsaba a salir a la calle a tomar fotos. En el Distrito Federal se sentía seguro y aunque le estaba costando trabajo adaptarse de nuevo a la ciudad, la certeza de que en la capital del país podía resguardarse de las amenazas del gobierno de Duarte, lo alentaba a continuar.

“Me molesta mucho que una persona decida el rumbo de mi vida. Que por un capricho, una necedad, una inmadurez a todas luces notable, tenga que salirme de un estado al cual quiero muchísimo”, “me cuesta trabajo arrancar otra vez para acá. Ya no me acostumbro a la dimensión de la ciudad, es complicado para mí, porque los recursos que traigo comienzan a terminarse. El transporte aquí es caro, comidas más caras, la renta más cara, claro me está costando mucho trabajo y la intención que tengo es regresar, cuando el estado dé condiciones para poder trabajar”, confesó Rubén.

El día que se conoció la noticia de su asesinato, Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, estaba consternado. Había hablando una semana antes con Rubén y el joven fotoperiodista estaba más tranquilo y seguía en contacto con sus colegas de Veracruz. Preocupado por seguir difundiendo lo que sucedía en esa entidad, le dijo.

Artículo 19 le ayudó con el desplazamiento de Veracruz al Distrito Federal.

“Es un dolor profundo, es un momento de frustración y cólera, por la indolencia de las autoridades del Distrito Federal y del gobierno federal. Esta muerte está en los hombros de funcionarios públicos del estado de Veracruz y del gobierno federal”, dijo Darío a SinEmbargo.

Ramírez indicó que Artículo 19 le dio aviso al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación y, además, emitió una alerta por las amenazas que recibió Rubén en Veracruz.

“Dimos a conocer la alerta y la necesidad de que el gobierno reaccionara. Hay un nuevo fondo y me refiero a que la violencia está mucho más cercana al DF. Ya no es ese santuario a donde podían venir y sentirse tranquilos los periodistas. No podemos presumir que el DF es un santuario, sino que la violencia está en las calles. Seguimos hablando de un alto grado de esquizofrenia, de locura, porque las autoridades hablan de una protección inexistente, un mecanismo inútil”, dijo.

Rubén se convirtió en el periodista de Veracruz asesinado número 13 y el 16 del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Un mes antes de morir, Espinosa Becerril aseguró que no confiaba en los mecanismos de protección del gobierno y que prefería acercarse a los organizaciones de defensa de periodistas: “He hablado con Artículo19, con CPJ, con los medios con los que colaboro, con Proceso y Cuarto Obscuro, con AVC, ellos están conscientes. Estoy buscando a Periodistas de a Pie, porqué en Veracruz no hay esa garantía. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no sirve de nada. El día de la golpiza del 14 de septiembre a un compañero le dieron con toletes eléctricos en el corazón y la misma Comisión le dijo: ‘Mejor recibe dinero, no hagas escándalo, ya te pasó, ya te robaron’”.

“Viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día y recordemos que Javier Duarte al inicio de su mandato dijo que era admirador de Franco, es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Sólo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando a toda libertad de expresión”, indicó.

En octubre, al cumplirse tres meses del multihomicidio, la Artículo 19 denunció que no había ningún móvil del asesinato y que por el contrario la Procuraduría del DF pretendía, a través de la filtración ilegal de datos, construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotráficantes con la víctima de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín.

Dijo que a través de mecanismos no oficiales “e ilegales, como son las filtraciones”, se pretende construir una narrativa relacionada con el “ajuste de cuentas” de narcotraficantes con la víctima Mile Virginia, circunstancia que tampoco se encuentra acreditada.

Criticó que el agotamiento de la línea de investigación que apunta a los antecedentes de amenazas contra Nadia Vera y Rubén Espinosa se debe en gran parte a la presión social y al propio impulso de los abogados que representan a las víctimas. “Sólo de esta manera se han integrado datos, notas y testimonios que acreditan estos hechos, y no por una diligente y oficiosa recopilación de tales pruebas”, agregó.

Artículo 19 sostuvo que “aunque se diga lo contrario– las pruebas más contundentes para robustecer la hipótesis oficial de la PGJDF sean las declaraciones de dos de las personas detenidas, Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino. De las anteriores se observan fuertes contradicciones, mientras que la tercera persona detenida, César Omar Martínez Zendejas, negó los hechos”.

Criticó además, que de los cateos realizados en los domicilios de los probables responsables, no se encontraron datos que confirmaran sus dichos. Recordó además que una vez que se realizó la aplicación del Protocolo de Estambul, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la titular del organismo señaló públicamente que no se demostró la comisión de tortura en agravio del primer detenido.

Hasta hoy, el multihomicidio no ha sido resuelto.